México.-  Ocho años después de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, 16 familias centroamericanas continúan esperando que las autoridades mexicanas contribuyan a construir la verdad sobre uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos en nuestro país: el asesinato de 72 migrantes que pasaban por México en la búsqueda de nuevas oportunidades.

No obstante que  el paso de los años ha sido significativo para las familias que aún no se sienten con certeza de la verdad hasta ahora contada, el Estado Mexicano no ha hecho más que poner trabas a la investigación ignorando las recomendaciones hechas por las mismas instituciones nacionales que han reconocido las deficiencias en el proceso.

Es por esto que organizaciones de la sociedad civil y familiares han denunciado que a 8 años de la perpetración de los hechos “la investigación no ha dado resultados significativos, ni avances”;  hasta el momento solo existe una orden de aprehensión pendiente, 11 personas procesadas y ningún sentenciado. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó en el 2014 la declaración de reserva de investigación sobre el caso, misma que  la Procuraduría General de Justicia (PGR) no ha acatado, ya que continúa sin compartir los expedientes sobre el caso con los representantes legales de la víctimas.

Para Bertilia Osorio, representante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desparecidos (COFAMIDE) y madre de Carlos Alberto Osorio asesinado en la masacre,la respuesta de las autoridades no ha sido más que una “burla”, además de la falta de comprensión de sobre el dolor que viven las víctimas  al saber que el anhelo de sus familiares fue interrumpido por la violencia.

Para el Padre Pedro Pantoja y el Fray Tomás González de la Casa Migrante de Saltillo, el acontecimiento criminal responde a décadas de política migratoria que actúa bajo un  “ terrorismo de Estado” que criminaliza de manera constante a los migrantes y expone a los mismos frente a dos enemigos: el crimen organizado y el Estado; por lo que instan al nuevo gobierno a “tomar la oportunidad histórica de acercarse a las víctimas”.

En este mismo sentido, Ana Lorena Delgadillo, directora de  la Fundación para la Justicia hizo un llamado al gobierno entrante que ha demostrado tener voluntad política para la creación de una Comisión de Verdad para el caso de San Fernando; insistiendo en que la misma debe escuchar a las víctimas que exigen la justicia y reparación que le han sido negados. “Le tomaremos la palabra al nuevo gobierno” , argumentó Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) que explicó que la Comisión de Verdad debe ser nacional y contener los casos de migrantes extranjeros.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México instó a que las víctimas participen en el proceso de investigación y aseveró que para casos como este debe aceptarse un modelo en el que puedan participar organismos internacionales de expertos.

En la conferencia también estuvieron presentes Erika Guevara directora de la oficina regional de Amnistía Internacional y Lorena Najera, familiar de varias de las víctimas encontradas en una fosa clandestina en Tamaulipas.

Han sido cientos los migrantes asesinados

El 24 de agosto del 2010 la Secretaría de Marina encontró  72 cuerpos atados de manos y con heridas de bala irreparables en una bodega abandonada de la comunidad de San Fernando en Tamaulipas, el hecho no resultaría aislado ya que en abril del 2011 se encontró una fosa clandestina en la misma localidad con por lo menos 193 personas, en las que se hallaron los restos de más migrantes.