México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Luis Galván Arcos, funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrado en desvíos de recursos en el esquema llamado “Estafa Maestra”, debido a que no declaró las cuentas de banco de su esposa, que suman 3 millones de pesos.

En un comunicado la Secretaría de la Función Pública, liderada por Irma Sandoval Ballesteros, explicó que Luis Galván, gerente de operación y control financiero, procesos industriales y logística de Pemex, recibió la sanción tras un proceso administrativo, donde se reveló que omitió declarar las cuentas en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

“Con dicha conducta, la persona servidora pública que también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos”

Comunicado de la Secretaría de la Función Pública.

La sanción vino después de que Luis Galván no pudiera justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios de su esposa. Además, la resolución deriva de acciones informadas por Irma Sandoval para investigar la “Estafa Maestra”, como ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La SFP, según el comunicado, da seguimiento cercano al patrimonio de los funcionarios y su evolución, con el fin de que cada persona tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los cargos que ha desempeñado.

“En los dos primeros años de esta administración se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones”

Secretaría de la Función Pública.

¿Qué es la Estafa Maestra?

La Estafa Maestra es una investigación del portal Animal Político, en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que detalló un entramado de 128 empresas fantasma vía las cuales el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió cerca de 8 mil millones de pesos. La estafa involucró 11 dependencias de Estado, 8 universidades y decenas de servidores públicos.

Todo derivó de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas de 2013 y 2014. El hecho se convirtió en un escándalo político, por el cual no han habido imputaciones.