Argentina se abre a inmigrantes, pero debe evitar la "explotación", según FIDH

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- Al menos 2.600 refugiados residen en Argentina, que en los últimos años facilitó sus políticas para la radicación de inmigrantes, aunque miles de ellos padecen la explotación laboral, advirtió hoy un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) divulgado en Buenos Aires.

El estudio "Argentina: Avances y asignaturas pendientes en la consolidación de una política migratoria basada en los derechos humanos", también elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), indica que los asilados reconocidos por el Gobierno provienen de más de 45 países y buena parte de ellos fueron aceptados en la última década.

Si bien destacaron los avances en políticas migratorias en el país, las organizaciones también remarcaron "la necesidad" de que el Gobierno de Cristina Fernández adopte "medidas urgentes para superar situaciones de vulneración de derechos en los casos de trabajo doméstico o explotación laboral de migrantes".

"Las denuncias de trata de personas surgidas en los últimos años revelan la gravedad de esta situación y requieren por parte del Estado de planes y mecanismos concretos para sancionar a las personas responsables y proteger a sus víctimas", señaló el informe, que fue presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El trabajo sostiene que un alto porcentaje de las mujeres inmigrantes, especialmente procedentes de Paraguay, seguidas por ciudadanas de Perú y Bolivia, se desempeñan en Argentina como trabajadoras domésticas, una actividad caracterizada por su "precariedad y flexibilidad" con más de un 90 por ciento de puestos no registrados.

Advierte además que el año pasado se detectaron "irregularidades cometidas por la autoridad migratoria" en la radicación y expulsión de senegaleses y señala que hay casi 200.000 inmigrantes que no logran regularizar su situación.

En este sentido, remarca que esos inmigrantes "no han podido siquiera completar los requisitos exigidos para obtener su radicación" en el marco del programa "Patria Grande", destinado a regularizar la situación de inmigrantes de países latinoamericanos.

Según datos oficiales, sólo entre abril de 2006 y febrero de 2008 se habilitó la solicitud de residencia por nacionalidad a 568.319 personas, el 52,8 por ciento de ellos procedentes de Paraguay.

La FIDH y el CELS piden al Gobierno argentino que adopte las medidas necesarias para modificar aquellas prácticas administrativas que obstaculizan la regularización de las personas provenientes de países del Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesión como socio pleno.

Asimismo, reclaman la habilitación para que los inmigrantes puedan votar en el país y repudian las declaraciones del alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, quien el año pasado alertó sobre una "inmigración descontrolada" en medio de un conflicto social por la ocupación de terrenos públicos y privados.

"La globalización económica, con las desigualdades y perjuicios que la caracterizan, no hace otra cosa que empujar a cada vez más personas a salir de su país en busca de condiciones de vida más dignas", evalúa el informe.

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