México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a María Cristina García Cepeda, quien fuera titular de la Secretaría de Cultura durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, así como a otros dos exfuncionarios de alto rango, a quienes acusa de haber provocado “daños al erario público”.

A través de un comunicado, la SFP explica que los funcionarios destinaron 59 millones de pesos en recursos al proyecto “Museo de Museos” que nunca se realizó y que carecía de la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con lo que la dependencia recalcó erradica la “impunidad”.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura determinó que su extitular y los 2 exfuncionarios habían incumplido con sus responsabilidades al autorizar los millonarios donativos a una asociación civil para la realización del proyecto en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado.

Los donativos autorizados por 59 millones de pesos se efectuaron en dos pagos: el primero en marzo de 2017 por 50 millones de pesos y el segundo en julio de 2018 por 9 millones 313 mil 461 pesos sin consideración a la normativa aplicable, lo cual provocó un daño al erario porque no se concretó la realización del museo.

Como resultado de esto, la SFP decidió inhabilitar por 10 años a María Cristina García Cepeda, extitular de la Secretaría de Cultura, al ex Oficial Mayor y la ex Director General de Administración, además de imponerles una multa resarcitoria por 19 millones 771 mil 154 pesos a cada uno.

El procedimiento en contra de los exfuncionarios inició en noviembre de 2018 durante una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional en la que se percataron sobre “posibles irregularidades” en el otorgamiento de los donativos que conllevó tanto una investigación como una auditoría.

La SFP destaca que García Cepeda es la segunda secretaria de Estado de la administración de Enrique Peña Nito en ser sancionada, luego de Rosario Robles, quien presidiera las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a quien se le inhabilitó en septiembre de 2019.