Ministros uruguayos restan importancia a un vídeo de presuntos militares

Montevideo, 26 abr (EFE).- La oposición uruguaya interpeló hoy duramente a los ministros de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, e Interior, Eduardo Bonomi, por un vídeo con amenazas de presuntos militares a la justicia, pero no logró más información sobre un asunto que fue calificado de "grave" por los interpelantes.

Tras cinco horas de debate en el Senado, el oficialismo impuso su mayoría (17 contra 13) para respaldar a los ministros, los cuales aseguraron que no han ocultado nada y trataron de restarle hierro a un asunto que enturbia las ya complejas relaciones del Gobierno del izquierdista José Mujica con las Fuerzas Armadas.

En el vídeo, cuya existencia fue filtrada en marzo a la prensa, aunque no ha sido difundido públicamente, varios encapuchados que dicen pertenecer al Ejército Nacional Libertador anuncian "operaciones" para liberar a militares presos por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

El telón de fondo del vídeo son las acciones emprendidas desde la llegada del Frente Amplio (FA) al Gobierno de Uruguay en el año 2005 para acabar con la impunidad de que gozan los represores del régimen militar merced a la llamada Ley de Caducidad, que el actual Parlamento está a punto de anular.

El vídeo "se ha investigado pero las amenazas son poco creíbles y las eventuales acciones (para liberar a militares retirados presos) menos posibles", declaró hoy Bonomi en el Senado.

"Tenemos diferencias pero no ocultamos información", afirmó, por su parte, Rosadilla en respuesta al senador del opositor Partido Nacional y excanciller Sergio Abreu, quien previamente había pedido al Gobierno que diera a conocer "toda la verdad" sobre el caso.

Abreu considera "grave" el asunto, porque, según dijo, ha generado "incertidumbre, rumores y acusaciones que no le hacen bien a la fortaleza del Estado y la credibilidad del Gobierno".

"Acá existe algo que no se dice, alguna verdad que no se expresa, alguien tiene que hablar y no lo hace", subrayó.

Por su parte, el también senador Tabaré Viera, del opositor Partido Colorado, opinó que la información oficial sobre la existencia del vídeo y su contenido "enchastró (manchó) a las Fuerzas Armadas".

Viera preguntó a los ministros si "existe o no existe un grupo sedicioso detrás del comunicado" y si hay "algún peligro para la democracia".

Según una nota enviada por Rosadilla a los líderes de los partidos políticos tras conocerse la existencia de las supuestas amenazas, detrás del vídeo podrían estar grupos vinculados a militares retirados.

Tanto el presidente Mujica como los ministros Rosadilla y Bonomi pertenecieron a la guerrilla tupamara, que combatió con las armas a gobiernos constitucionales y después a la dictadura.

La interpelación de los dos ministros se produce en medio del debate por la aprobación el pasado día 12 en el Senado de un proyecto para anular la Ley de Caducidad, que evitó los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones de los derechos humanos durante el Gobierno de facto.

La Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto primeramente, debe ratificarlo el próximo mes debido a que sufrió algunas modificaciones menores en el Senado.

La anulación de la Ley de Caducidad, que fue refrendada por la población en 1989 y 2009, permitirá el inicio o la reapertura de decenas de juicios contra agentes de la dictadura.

Varios grupos de militares retirados han pedido a Mujica que vete la anulación, pero el mandatario ya ha afirmado que respetará la decisión del Parlamento y la promulgará.

Tras la aprobación del texto en el Senado, el presidente se reunió con los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pero lo tratado en la reunión se mantuvo en reserva, aunque trascendió el presunto malestar de los militares.

El expresidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) afirmó hoy que la anulación parlamentaria de la Ley de Caducidad supondrá una "profunda herida" para la democracia del país y minará la "credibilidad" del actual gobernante.

En una entrevista con la emisora de radio El Espectador, Batlle indicó que la situación que generará ese cambio legal es "muy seria" y pidió a Mujica "meditar muy profundamente" las consecuencias de promulgar la nueva normativa, impulsada por el oficialista Frente Amplio, de izquierdas.

La ley aprobada en 1986 habilitó al Ejecutivo para decidir qué casos deben ser juzgados, un aspecto que fue aprovechado por Mujica y su predecesor y correligionario del FA, Tabaré Vázquez, para reabrir varios procesos.

Batlle recordó que incluso el Gobierno de facto respetó el resultado de un plebiscito convocado en 1980 para modificar la Constitución con miras a ampliar el poder de la dictadura.

"¿Cómo nosotros en plena democracia vamos a desconocer el resultado de dos plebiscitos?, se preguntó.

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