Relator de la ONU analiza la situación de una hidroeléctrica en Costa Rica

San José, 25 abr (EFE).- El relator especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, inició hoy una visita de tres días a Costa Rica para analizar la polémica surgida por un proyecto hidroeléctrico estatal que afectará territorio indígena en el sur del país.

Anaya se reúne hoy con representantes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a cargo del proyecto hidroeléctrico "El Diquís", origen de la polémica, y mañana visitará el sitio donde se planea construir la represa, informó a Efe un portavoz del ICE.

El relator recibirá del ICE la información sobre la represa y también se reunirá con representantes del pueblo indígena de los Térraba, en cuyo territorio en Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas (sur), se prevé la edificación de la represa.

Según un comunicado de la Mesa Nacional Indígena, representantes indígenas de diferentes partes del país se reunieron hoy mismo con Anaya para denunciar "violaciones" de las que son víctimas.

Entre las denuncias específicas destaca el asunto de la represa "El Diquís" y la situación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que se encuentra estancado en el Congreso desde 1993.

En un comunicado previo a su visita, Anaya afirmó que su objetivo es "colaborar con el Gobierno y los pueblos indígenas involucrados para examinar las preocupaciones ante la construcción de la presa hidroeléctrica y su efecto en los derechos humanos del pueblo Térraba".

"Espero ofrecer recomendaciones para abordar esas preocupaciones, a la luz de las normas internacionales pertinentes", agregó Anaya, quien visita Costa Rica invitado por el Gobierno.

Después de su misión en Costa Rica, el relator rendirá un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una fecha aún por definir.

El ICE afirma que ha invertido cerca de 80 millones de dólares en el proyecto hidroeléctrico, que se encuentra en fase de estudios previos a la construcción.

La represa requiere de 2.100 millones de dólares de inversión y a su conclusión, prevista para 2016, será la hidroeléctrica más grande de Centroamérica, con una capacidad de generación de 630 megavatios.

Los Térraba se oponen a la construcción del proyecto con el argumento de que inundará 6.800 hectáreas de su reserva indígena, obligando a cerca de 1.100 personas a desplazarse, y asegura que el ICE ocupa ilegalmente sus tierras protegidas por ley y convenios internacionales.

Las autoridades del ICE han afirmado que han trabajado en "El Diquís" amparados en un acuerdo alcanzado con la anterior junta directiva de la asociación indígena y que el proyecto creará puestos de trabajo y que se reubicará a la personas afectadas.

De acuerdo con datos oficiales, en Costa Rica, país con 4,5 millones de habitantes, viven cerca de 64.000 indígenas pertenecientes a ocho pueblos autóctonos.

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