La Fundación Arias para la Paz niega haber recibido donaciones de una minera canadiense

San José, 28 abr (EFE).- La Fundación Arias para la Paz, del expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Óscar Arias, negó hoy haber recibido donaciones de una polémica minera canadiense y de una concesionaria de una carreteras, luego de que la Fiscalía General le abriera una investigación por esos casos.

"La Fundación Arias niega categóricamente haber recibido dinero alguno de las empresas Autopistas del Sol (concesionaria de carreteras) e Industrias Infinito (minera)", indicó la organización en un comunicado.

Añadió que "suministrará al Ministerio Público con diligencia y agrado la información que requiera para probar la falsedad y la inexistencia de lo que se ha dicho" con relación a los presuntos donativos.

El fiscal general, Jorge Chavarría, declaró el miércoles en una comparecencia ante el Congreso que existe una investigación por las presuntas donaciones, abierta luego de que una periodista del diario La Nación le expusiera el caso como parte de una investigación que desarrolla.

La Fundación afirmó que las supuestas denuncias son un "ataque difamatorio" en su contra, que "no tiene ni ha tenido vínculo alguno con esas empresas", y que "no les ha solicitado fondos ni ha recibido donación (de ellas) de ningún monto, especie o naturaleza".

Por su parte, la minera Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, aseguró este jueves en un comunicado que la información de las presuntas donaciones es "producto de la maldad y perversión de quienes quieren desacreditar el buen nombre de la empresa".

"En la tranquilidad de nuestra conciencia y en la seguridad de la falsedad de la información divulgada exigimos que los medios o personas que cuenten con las supuestas pruebas las aporten de inmediato y las publiquen en los medios de comunicación", indicó Industrias Infinito.

La compañía desarrollaba la mina Las Crucitas, en la zona norte del país, pero en noviembre pasado un tribunal le canceló la concesión debido a que hubo vicios de procedimiento en el otorgamiento de los permisos.

Además ordenó al Estado y a la empresa pagar una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles en los trabajos iniciales de construcción.

La empresa taló árboles amparada en un decreto firmado en 2008 por el entonces presidente Arias, en el cual declaró el proyecto minero como de "interés público".

El Tribunal contencioso administrativo también anuló ese decreto en su sentencia de noviembre pasado, y le recomendó al Ministerio Público abrir causa judicial en contra del exmandatario por esta acción.

La compañía minera presentó en enero pasado un recurso de casación en contra de la sentencia ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que está en estudio.

Ambientalistas se opusieron rotundamente al proyecto por el uso de cianuro y la tala de árboles que conlleva, en una zona que consideran ecológicamente frágil.

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