Alcalde bogotano y exfuncionarios de Uribe en la mira por supuesta corrupción

Bogotá, 30 abr (EFE).- Un proceso por corrupción en la adjudicación de contratos para obras públicas tiene en la cuerda floja al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y otro por la entrega irregular de subsidios a familias ricas ya ha llevado a la cárcel a varios exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

El senador Iván Moreno, hermano del alcalde bogotano, fue capturado el jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que responda a las acusaciones de los integrantes del quebrado Grupo Nule, que aseguran que el congresista les pidió comisiones por la adjudicación de contratos para obras.

La CSJ pidió además a la Fiscalía General que determine si hay indicios para investigar a Samuel Moreno, a quien los Nule han implicado también en el escándalo, conocido como el "carrusel de la contratación".

Y este viernes se abrió un nuevo foco de preocupación para el alcalde, ya que la Procuraduría (Ministerio Público) abrió una investigación preliminar por supuestas irregularidades en la contratación de estudios para dotar a Bogotá de una línea de metro, uno de sus proyectos "estrella".

Confiado en que su hermano "demostrará su inocencia", el alcalde ha dicho que continuará en el cargo desempeñando sus "responsabilidades al frente de la ciudad".

Los Moreno, ambos del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), no son los únicos señalados por los hermanos Manuel y Miguel Nule, y su primo Guido, hoy en prisión y cuyo conglomerado contratista se desplomó a finales de 2010 y abandonó varios proyectos en Colombia por los que había recibido millonarios anticipos.

Por este escándalo están también detenidos el excontrolador de cuentas de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo.

Y, al igual que con Samuel Moreno, la CSJ ha solicitado a la Fiscalía que dictamine si se debe abrir una investigación contra el exministro Andrés Uriel Gallego, que ocupó la cartera de Transporte en el Gobierno de Uribe.

Otro escándalo que ocupa la atención de la opinión pública es la asignación irregular a familias adineradas de subsidios no reembolsables que estaban destinados a los más necesitados.

Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, exministros de Agricultura y muy cercanos a Uribe, están siendo investigados dentro de un proceso que ya ha llevado a la cárcel al exviceministro de la misma cartera Juan Camilo Salazar y a otros tres altos cargos del anterior Ejecutivo.

El pasado jueves ingresó en prisión Juan David Ortega, exsecretario general del Ministerio de Agricultura implicado también en la entrega irregular de subsidios, que ascendieron en total a 288.000 millones de pesos (más de 158,47 millones de dólares).

Esos fondos provenían del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), creado para proteger al sector del campo de los efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, pero fueron a parar a acaudaladas familias de hacendados, reinas de belleza, comisionistas de bolsa y allegados de funcionarios.

El "carrusel de la contratación" y el caso de Agro Ingreso Seguro son los escándalos de corrupción que están más de actualidad en Colombia, pero hay otros muchos abiertos.

El excontralor general (controlador de las cuentas públicas) Julio César Turbay Quintero está siendo investigado por su presunta responsabilidad en actos de corrupción cometidos en la Contraloría General y acaba de ser llamado a interrogatorio por un fiscal de la CSJ.

Mientras, la parlamentaria Lucero Cortés, del partido de la U, al que pertenecen tanto Uribe como el hoy presidente Juan Manuel Santos, está desde el miércoles en detención domiciliaria por una investigación por tráfico de influencias en un proceso judicial.

Según la CSJ, la parlamentaria supuestamente presionó a un juez para que fallara una tutela (recurso constitucional de amparo) en favor de su esposo, Mario Rincón, implicado en una causa criminal por estafa.

Cortés afronta además junto con otra docena de congresistas una investigación por haber recibido presuntamente en depósito o para administración, de manera irregular, bienes decomisados a narcotraficantes que estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

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