Condenan a exautoridades bolivianas por una matanza de 2003 y pedirán sus extradiciones

La Paz, 30 ago (EFE).- La Justicia boliviana condenó hoy a siete exautoridades políticas y militares acusadas de una matanza en 2003 y tiene un nuevo impulso para tramitar ante Estados Unidos, Perú y España la extradición de otros acusados, entre ellos el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

Así lo señalaron hoy a Efe el abogado de las familias de las víctimas, Rogelio Mayta, y el exfiscal que dirigió la investigación del caso, Milton Mendoza, mientras que desde EE.UU. la defensa del exmandatario acusó a la Justicia boliviana de estar "politizada".

Mayta dijo que el Estado afronta hoy el "reto mayor" de lograr que Estados Unidos extradite a Sánchez de Lozada, bajo cuyo segundo Gobierno, en octubre de 2003, se produjo la matanza de más de sesenta personas durante la represión a una ola de protestas.

Según el defensor, el "acuerdo marco" que negocian los Gobiernos de Bolivia y EE.UU. para mejorar sus relaciones bilaterales establece una "cooperación judicial internacional que es un paraguas bajo el cual se insertará la demanda de extradición".

La Fiscalía General del país también insistió en que con el apoyo de la condena se insistirá en la extradición del exmandatario, aunque también denunció una "falta de cooperación de Estados Unidos" para que se concrete esa solicitud planteada oficialmente en 2009.

Por este caso conocido como "octubre negro", el tribunal Supremo de Justicia condenó hoy a dos exministros y cinco exjefes militares con sentencias que van de tres a quince años de prisión.

Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron sentenciados a tres años de prisión acusados de complicidad en "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".

Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.

Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".

El exfiscal Mendoza y actual candidato al Tribunal Constitucional dijo que la sentencia ayudará a que la demanda de extradición avance porque es un fallo del más alto tribunal de justicia del país.

"Esta posición emitida por el Tribunal Supremo va a servir sin duda como un precedente fundamental para realizar las gestiones de extradición ante los EE.UU., España y Perú", dijo Mendoza.

En EE.UU. están con refugio o residencia los exministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Añez; y en Perú tienen asilo Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia.

Según los abogados acusadores, el exministro Dante Pino vive en Perú, mientras que en España reside el también exministro Hugo Carvajal, aunque no se sabe en qué situación están ambos.

Desde Estados Unidos, la abogada de Sánchez de Lozada, Ana Reyes, dijo en un comunicado que el juicio "demuestra que la justicia boliviana está politizada" y agregó que "ningún observador objetivo podría tomar en serio las sentencias anunciadas".

La letrada también acusó al presidente Evo Morales, que formó parte de una demanda colectiva en este caso, de haber usado su poder en el caso y buscado cargos criminales contra las exautoridades.

"Cuando se convirtió en presidente, Morales nombró a los jueces directamente en lugar de seguir un proceso de nombramiento legal, que habría requerido la aprobación del Congreso. Evidentemente, el poder judicial boliviano se utiliza aquí como una herramienta política", asegura la abogada que subraya que el expresidente Sánchez de Lozada no era parte del proceso que acaba de terminar.

Morales ha acusado varias veces a Estados Unidos de proteger a Sánchez de Lozada por no haber dado curso a la extradición.

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