Investigará CNDH edificación que viola derechos humanos en Guanajuato

México, 29 Oct. (Notimex).- La edificación de un complejo habitacional en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, será objeto de una investigación de la CNDH, luego de que pobladores del lugar dijeron que se violan los derechos humanos de tercera generación.

Estas violaciones se refieren al derecho a un medio ambiente sano y al respeto a las tradiciones culturales que forman parte de las garantías de tercera generación que ya se reconocen en la doctrina y en la teoría de los derechos humanos, en la mayoría de los países del mundo..

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) precisó que de acuerdo con lo expresado por los pobladores, los terrenos donde se pretende levantar el complejo están considerados como área de reserva ecológica y zona arqueológica.

Pese a ello, comentaron los afectados, las autoridades otorgaron los permisos de uso de suelo para llevar a cabo los trabajos de edificación.

En la queja donde denuncian estos hechos, los pobladores solicitaron además que el lugar sea declarado patrimonio cultural de la nación, a fin de garantizar su conservación ante la urbanización rapaz de desarrolladores y autoridades presuntamente corruptas.

Ante ello, por instrucciones del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, personal de la comisión inició las diligencias pertinentes para recabar datos y testimonios sobre el asunto.

En un comunicado, la CNDH precisó que como parte de estas indagatorias se solicitó la información respectiva a las autoridades locales y federales involucradas.

Una vez integrado y analizado el expediente de queja, el ente encargado de defender las garantías individuales emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.

Puntualizó que la reforma constitucional en la materia, que entró en vigor en junio pasado, destaca que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México.

En consecuencia, especificó, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.

NTX/GAS/JGR

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