"Con el tema de Ley de Caducidad está en juego la credibilidad del Frente Amplio", dice A

Montevideo, 30 abr (EFE).- El vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, afirmó que con el tema de la interpretación de la Ley de Caducidad, que impidió los juicios contra represores durante la dictadura (19873-1985), "está en juego la credibilidad del Frente Amplio", en declaraciones que publica hoy la prensa local.

Además, dijo "no tener la menor duda" de que a la gobernante coalición de izquierda le puede costar muy caro dejar sin efecto la ley pasando por encima de dos plebiscitos en los cuales los uruguayos la respaldaron en las urnas.

El vicepresidente, en una entrevista que publica hoy el diario "El País", señaló que no comparte la forma que eligió el Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad pero que dio su voto en la Cámara de Senadores por "disciplina partidaria".

El pasado 12 de abril el Senado votó la ley interpretativa con los votos exclusivos del FA, que tiene mayoría, y la oposición de los otros partidos con representación parlamentaria.

El tema de la Ley de Caducidad dividió la interna de la coalición de izquierda y la decisión del FA de obligar a sus legisladores a votar el proyecto interpretativo derivó en la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro, exlíder guerrillero Tupamaro al igual que el presidente José Mujica, y la expulsión y pase a comisión de disciplina del senador Jorge Saravia por negarse a votar.

El proyecto fue aprobado en octubre del pasado año por la Cámara de Diputados pero debe volver a ella porque tuvo modificaciones pequeñas en el Senado.

En principio estaba previsto que los diputados, donde la gobernante coalición de izquierda también tiene mayoría, lo votara el 4 de mayo pero se trasladó la fecha para el 20 de mayo.

"Estamos viendo las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora", dijo el vicepresidente.

Ese retraso en diputados "es útil para que todos pensemos cómo se pueden evitar esas consecuencias políticas negativas y al mismo tiempo permitir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregó.

El pasado 24 de marzo la Corte condenó al Estado uruguayo en el denominado "caso Gelman" y dictaminó que la Ley de Caducidad "impide la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos" y "carece de efectos jurídicos y, en consecuencia, no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación y el castigo de los responsables".

La Ley de Caducidad fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras la salida de la dictadura, y refrendada en dos plebiscitos el primero tres años después y el segundo en 2009, ambos impulsados por el FA.

El experto constitucionalista Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, abrió otra puerta esta semana al señalar en el Parlamento que se pueden revocar actos administrativos de Gobiernos anteriores que dispusieron que determinados casos quedaban comprendidos dentro de la Caducidad.

Astori se mostró partidario de esa opción y dijo que sería "el camino más ágil" para permitir los juicios contra violadores de los derechos humanos "porque consiste simplemente en elaborar un decreto del Poder Ejecutivo".

La Ley de Caducidad otorga al Gobierno de turno la potestad de definir los casos que están comprendidos en ella.

Tras la recuperación de la democracia los Gobiernos del dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Jorge Batlle (2000-2005), ambos del Partido Colorado, y de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) del Partido Nacional o "Blanco", ampararon dentro de la ley toda denuncia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Con la llegada por primera vez en la historia de Uruguay de la izquierda al poder, el expresidente Tabaré Vázquez (socialista 2005-2010) dio luz verde a varios juicios y más de una decena de militares y policías retirados fueron procesados y encarcelados, entre ellos el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez.

Mujica siguió el mismo camino y el pasado noviembre fue procesado por "coautoría de un homicidio especialmente agravado" el general en actividad Miguel Dalmao por la muerte en 1974 dentro de un cuartel de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

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