jueves 25 de abril de 2019 | 04:00
Columnas

Educación Pública y Poder Político: La dinámica del “gradualismo”

@jcma23 mar 19 mar 2019 18:40
Como se puede observar el camino es sinuoso y está lleno de obstáculos.
Como se puede observar el camino es sinuoso y está lleno de obstáculos.
Foto propiedad de: Internet

Las rondas de debates, negociaciones, acercamientos, cabildeos, intercambios, concertaciones y “concertacesiones” están a la orden del día en la Cámara de Diputados federal y en la Cámara de Senadores, específicamente en las Comisiones de Educación, debido a que está por suscribirse, “por consenso”, el proyecto de dictamen para modificar del texto Constitucional en materia educativa (Artículos 3, 31 y 73). Los actores principales (“quiénes”) de esta lucha de poderes políticos en torno al rediseño de los términos del derecho a la educación y sobre la redefinición de políticas públicas del sector, que aterrizarán en el rediseño del texto Constitucional, son los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), por una parte, y los partidos del bloque hoy minoritario: PRI, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD.

Con respecto a los contenidos de la contienda (“qué” se discute), los principales puntos de acuerdo son, entre otros y hasta el momento: 1) La eliminación de la evaluación de permanencia (o de desempeño) que, en la Reforma Educativa de 2013, significó la expulsión tácita de los docentes y directivos de la escuela pública que no resultaran “idóneos”; 2) La transformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en un organismo público autónomo con atribuciones no solamente limitadas a la evaluación de las políticas públicas, sino también para fortalecer el desarrollo permanente de las figuras educativas (docentes, directivos escolares y asesores técnicos), a efecto de transformar las prácticas educativas y pedagógicas en las escuelas de la educación obligatoria (desde Preescolar hasta Educación Media Superior); 3) La instauración legal del término “Excelencia” educativa en lugar del concepto de “Calidad” de la Educación; como un término que preservará la lógica de la evaluación integral desde la perspectiva del “máximo logro de los aprendizajes” de los educandos. Visión que, como hemos dicho en este espacio en varias ocasiones, tiene el riesgo de mirar sólo la dimensión cuantitativa de los procesos educativos. Y 4) La incorporación del subsistema de educación inicial (niños de 0 a 3 años) en la redacción de la carta magna.

El complejo proceso de confección de las modificaciones al texto Constitucional, de por sí, no es un asunto sencillo. Se trata de un proceso tenso y difícil en el cual confluyen diversas expresiones políticas y sociales, pero también donde convergen y divergen distintos intereses de orden económico, educativo, cultural, tecnológico e institucionales. Los actores de esta disputa por ocupar el centro de los poderes públicos y el liderazgo de las políticas públicas educativas, se lanzan a la arena con sus respectivas estrategias y recursos: Desde el Secretario de Educación y su equipo de trabajo, como parte interesada y como representante del Poder Ejecutivo federal, hasta actores políticos de diversos pesos y que representan a distintas fuerzas en la contienda: los propios legisladores y legisladoras desde sus posiciones partidistas; los líderes de las cúpulas empresariales, que también cabildean y operan políticamente, más de lo que nos imaginamos; los representantes de los organismos internacionales (como el área educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el “club de los países ricos”); los enviados de los gobiernos de las entidades federativas; la dirigencia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); las dirigencias sindicales más visibles en escena, como la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de su contraparte disidente: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuya lucha ahora corre por los pasillos de San Lázaro y a través de la movilización en las calles y escuelas de amplios grupos de maestras y maestros de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, así como de algunas secciones sindicales del Estado de México y de la Ciudad de México; que son, entre otros sectores y grupos, quienes poseen fuerza y ejercen sus poderes fácticos (como es el caso también de los dirigentes de las Iglesias).

Como se puede observar el camino es sinuoso y está lleno de obstáculos. Es la búsqueda y concreción de los efímeros equilibrios. Sin embargo, para avanzar, se percibe una especie de “corrimiento hacia el centro” como fenómeno que describe la esencia de la coyuntura política y parlamentaria actual, misma que se desarrolla alrededor de las modificaciones constitucionales y de la definición de las políticas públicas del sector. Los consensos que se dan, hasta el momento, parecen indicar que las posiciones extremas se ven marginadas y que las tendencias más conservadoras terminan por imponerse. (Cambios leves, graduales). Y aquí es donde se presentan las paradojas: El presidente de la República, López Obrador, en varios eventos de campaña se pronunció a favor de lograr una “transformación” de raíz de la educación pública en México, lo cual significaba regresar hacia una política pública que revalorizaría o revaloraría al magisterio nacional y diera un cause distinto a las políticas públicas educativas. Pero todo parece indicar (la cruda realidad política) que la “transformación” será moderada, puesto que las fuerzas políticas que tensaron y tensan las cuerdas hacia el “cambio educativo” más radical, quedan fuera de la jugada. Quizá lo más radical que se puede escuchar en todo este “concierto” es la eliminación de la evaluación para la “permanencia”. Para constatar lo anterior, basta con revisar las declaraciones más recientes de algunos de los actores involucrados. Durante los últimos días algunas voces de la CNTE, por ejemplo, han expresado su preocupación (y a veces su enojo, en tono de denuncia), al indicar que la “transformación” radical del “sistema” educativo propuesto por AMLO, no se cumplirá cabalmente.

Así las cosas, en los próximos días la Comisión de Educación de la Cámara baja dará a conocer el proyecto de dictamen (del cual hay que estar pendientes e informados), mismo que se someterá al escrutinio del Pleno, y de ahí pasará a la revisión correspondiente del Senado de la República (o Cámara alta). Si existiera consenso en estas dos aduanas legislativas, el proyecto de decreto para insertar cambios a la Constitución, se enviará a los Congresos de los Estados, a efecto de revisar y, en su caso, aprobar dicho proyecto, esto a partir de una mayoría calificada de, al menos, 17 o 18 Congresos locales.

Si observamos la ruta que siguió la aprobación de cambios constitucionales con motivo de la creación de la Guardia Nacional, podemos deducir lógicamente que el espíritu de los tiempos de esta Cuarta Transformación es, en efecto, la concertación política, es decir, la negociación del tipo “ganar-ganar”, que a su vez significa que aquí y ahora no es “el todo o nada” entre los bloques que integran a la mayoría legislativa (Morena, PT y PES) y las fuerzas que representan a la minoría (PRI, PAN, MC y PRD). Hoy entonces se impone, así, la dinámica del “gradualismo”.

Efectivamente las tensiones y discrepancias están presentes en los pasillos de las Cámaras, pero eso no debe de sorprendernos porque así es la vida parlamentaria en una democracia. Los acercamientos y cesiones o concesiones también son parte de la escenografía política y civilizada en un Estado de derecho. Quizá esa sea la fórmula para alcanzar consensos y avances en la política, aunque a algunos actores no les satisfaga del todo el resultado. Lo que se desprende de todo ello es la paulatina neutralización de las posiciones extremas, así como la priorización de los espacios de acuerdo, en el “centro”, por mínimos que éstos sean.

La pregunta que cabe haceros después de todo esta reflexión es: ¿Las modificaciones al texto Constitucional que resulten de este proceso de trabajos y discusiones parlamentarias 2019, redituarán en avances sustanciales, cualitativos y cuantitativos, de la educación pública en México?