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Nacional

Decisiones judiciales alejan justicia de Caso Tierra Blanca

Redacción SDPnoticias.com vie 15 mar 2019 13:22
Foto propiedad de: Noé Zavaleta

Familias de los cinco jóvenes desaparecidos en 2016 denuncian que quitar el delito de delincuencia organizada aumentaría impunidad.

México.- El pasado viernes 8 de marzo, un juez federal exoneró a los 21 detenidos del Caso Tierra Blanca por el delito de delincuencia organizada, decisión que las familias ven con preocupación porque puede abonar a la impunidad y alejar de la justicia.

A través de un comunicado, el gobierno de Veracruz, los representantes legales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reiteraron el llamado a las instituciones encargadas de garantizar la justicia a que se comprometan a realizar investigaciones adecuadas y con debida diligencia hasta llegar a la sanción de los responsables.

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Recordaron que la recomendación de la CNDH y el dictamen de la Comisión Ejecutiva De Atención a Víctimas (CEAV) contempla el acceso a la justicia con énfasis en que los procesos que se encontraban abiertos tanto por desaparición forzada como por delincuencia organizada.

También consideraron que lo resuelto por el juez es un llamado para que las instituciones encargadas de la justicia realicen su trabajo correctamente, de lo contrario “estarían abonando a la impunidad en un caso paradigmático como el de Tierra Blanca”.

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El 8 de marzo pasado, un juez declaró fundado un incidente por desvanecimiento de dato, y como consecuencia ordenó la libertad de 21 personas detenidas, entre ellas ocho policías, acusadas del delito de delincuencia organizada relacionado con los hechos que tuvieron en 2016.

El 11 de enero de 2016, Susana, Mario Arturo, José Alfredo, José y Bernardo fueron detenidos ilegalmente por policías estatales en Tierra Blanca, y de acuerdo con la investigación, fueron entregados al Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los torturaron y asesinaron.

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Cabe recordar que el pasado 4 de marzo se llevó a cabo un evento de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Estado de Veracruz a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos, en el que se enfatizó los pendientes respecto a la justicia y los compromisos con los procesos penales en contra de las personas detenidas.