viernes 22 de marzo de 2019 | 07:42
Columnas

Tlaxcala: Los llamados incongruentes a cambios organizacionales en seguridad y justicia

@rodolfomonroy68 mié 13 mar 2019 18:56
Tras los discursos emitidos en la Cámara de Diputados en Tlaxcala, parecería que las instancias de seguridad pública y procuración de justicia están conformadas por personas ajenas a la entidad, cuyas familias no se ven lesionadas por el incremento criminal, o que son servidores públicos de otra dimensión que no merecen la atención de los legisladores.
Tras los discursos emitidos en la Cámara de Diputados en Tlaxcala, parecería que las instancias de seguridad pública y procuración de justicia están conformadas por personas ajenas a la entidad, cuyas familias no se ven lesionadas por el incremento criminal, o que son servidores públicos de otra dimensión que no merecen la atención de los legisladores.
Foto propiedad de: Internet

Como suele suceder en coyunturas que reflejan incrementos en los indicadores delictivos, críticos con discursos contestatarios exigen de manera automática la salida de funcionarios de cualquier orden de gobierno, o un cambio significativo en las políticas públicas en el ramo, sin considerar el resto del entorno o contexto en el que se dan los fenómenos criminales, o las estrategias que se diseñan y aplican con visiones estructurales de mediano y largo plazos para su combate.

No es que este tipo de actores, (o para ser más preciso, los representantes en el Congreso Local de Tlaxcala), estén equivocados en su percepción, o que no cuenten con elementos pragmáticos que les permite la construcción de un discurso que exige un relevo institucional anticipado, sino que pierden de vista diversos factores inherentes a la problemática sustantiva.

Habría que decirles a los diputados que al promover este tipo de decisiones, omiten su propio nivel de responsabilidad, luego de que legislaturas precedentes, y la que corre, han sido incongruentes e inconsistentes en el diseño e implementación de normas y acciones que refuercen las labores de prevención, persecución y sanción de delitos, o peor aún, la actuación de instancias defensoras de derechos humanos.

Pocos saben o se acuerdan la remuneración salarial que reciben los integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Procuraduría General de Justicia del Estado; los limitados niveles de inversión para la compra de equipos y tecnología acordes a sus respectivas funciones; la deficiente infraestructura de sus áreas o representaciones (delegaciones o faros) en los distintos municipios de la entidad; entre muchos otros tópicos que podrían explorarse para emitir un juicio adecuado y objetivo respecto a su eficacia.

Tras los discursos emitidos en la Cámara de Diputados en Tlaxcala, parecería que las instancias de seguridad pública y procuración de justicia están conformadas por personas ajenas a la entidad, cuyas familias no se ven lesionadas por el incremento criminal, o que son servidores públicos de otra dimensión que no merecen la atención de los legisladores.

En contraste, es reiterada la difusión de críticas a las instituciones de seguridad y justicia en los distintos órdenes de gobierno, que aseguran prácticas desleales en el ejercicio de sus funciones; escasa confianza ciudadana en su actuar; y reiterados trascendidos sobre un divorcio administrativo y penal que impide el castigo a los delincuentes y por ende una prolongada impunidad.

A los elementos enunciados se agregan factores exógenos a las corporaciones, gobierno y entidad en general, cuya posición geográfica la hace vulnerable, toda vez su colindancia con estados que reportan un número significativo de eventos criminales, disputa territorial y operativa entre grupos organizados y con un alto nivel de confrontación entre sí.

De igual forma, debe considerarse el reacomodo de agrupaciones delictivas a nivel nacional, que se transforma en hechos radicales con un importante número de víctimas.

Sobresalen células afines al Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas, Cartel del Norte, La Familia Michoacana, entre otros, quienes en la actual coyuntura buscan reposicionarse en el escenario nacional, contaminando ciudades y entidades que otrora eran clasificadas como menos inseguras.

A las expresiones anteriores se agrega el reporte de ilícitos que se cometen fuera de territorio tlaxcalteca, pero por conveniencia y para dificultar la persecución de los mismos, resulta más conveniente desplazarlos a localidades de este estado (homicidio, robo de autos, trata y tráfico de personas, etc.).

Finalmente, habría que mencionar el proceder y resultados de grupos de coordinación institucional a nivel Estatal y regional, cuyo saldo cuantitativo no es considerado por legisladores y medios de comunicación, hasta que se presentan eventos de alto impacto.

Es evidente que para los detractores de la actual administración estatal, conviene magnificar las deficiencias estructurales gubernamentales, en un afán por construir una plataforma política que les permita ampliar sus espacios de actuación y expectativas de cara a los próximos comicios estatales y federales.

La expresión anterior se verá cristalizada tras los resultados de los comicios que se celebrarán en el estado vecino de Puebla, referente natural de los tlaxcaltecas en todos los ámbitos y que hoy por hoy también refleja un sensible incremento en hechos delictivos.

Desafortunadamente, lo que hoy se ventila en las tribunas legislativas y foros públicos en materia de seguridad y justicia en Tlaxcala, no se resuelve con cambios arbitrarios y organizacionales, sino con un obligado respaldo a las autoridades, sin importar la extracción política, ya que de no hacerlo, las expresiones de violencia se extenderán y tendrán repercusiones en una paulatina descomposición del tejido social, pérdida de inversiones y retroceso en el compromiso institucional de los servidores públicos en general.