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Columnas

La política de atención a víctimas del delito a 100 días

@NellyMD mié 13 mar 2019 19:54
Para el caso de la Ciudad de México, desde la Procuraduría General de Justicia encabezada por Ernestina Godoy Ramos, el reconocimiento del derecho máximo a la justicia por parte de las víctimas del delito o, incluso, de los familiares de las víctimas, es una directriz fundamental.
Para el caso de la Ciudad de México, desde la Procuraduría General de Justicia encabezada por Ernestina Godoy Ramos, el reconocimiento del derecho máximo a la justicia por parte de las víctimas del delito o, incluso, de los familiares de las víctimas, es una directriz fundamental.
Foto propiedad de: Internet

 

A 100 días del inicio de la nueva administración, se han alcanzado logros importantes impulsados por el gobierno de la República, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta consecución de objetivos tiene el aliciente y propósito de mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de mexicanos y mexicanas, principalmente los que han sido más excluidos de la vida nacional en las últimas décadas, en términos económicos y de visibilidad social. Además, la resonancia de los principios y valores de lo que el propio gobierno y muchas personas han llamado la Cuarta Transformación, también han detonado importantes  cambios en el funcionamiento de gobiernos como el de la Ciudad de México, dirigido por  la Dra. Claudia Sheinbaum.

Si bien es cierto que aún es poco tiempo para realizar una evaluación de la acción de gobierno, (sobre todo en lo relativo al ajuste que se debe realizar, siempre, a los primeros resultados de cualquier poítica pública), es innegable que existen señales de buen funcionamiento y de compromiso genuino con lograr la regeneración de México. En este sentido, destaco lo señalado por el Presidente López Obrador en su discurso del “Informe de Gobierno de los Primeros 100 días”, al enunciar: la necesidad de un auténtico Estado de Derecho, bajo la máxima de “al margen de la ley nada y, por encima de la ley nadie”.

Esto es importante porque, como en otros temas, nos obliga a replantearnos la formación cultural que recibimos de forma casi axiomática durante los últimos 30 años: a saber, que la modernidad se relaciona sobre todo con el desarrollo y los avances teconoógicos y la técnica, y poco con la cultura y el orden ético y normativo. De hecho, uno de los pilares de la modernidad es la idea del Estado de Derecho, y necesariamente tiene una vinculación con la posibilidad de que las personas puedan disfrutar del ejercicio de todos los derechos humanos, en virtud de que estos están protegidos por ese concepto de orden ético - jurídico, que determina la vocación del poder público, en los Estados Constitucionales. Por esa razón, resulta fundamental que se promuevan y se respeten, desde la esfera del gobierno, los derechos humanos; este será un elemento distintivo del actual gobierno que, respetuoso de la legislación, deberá promover el reconocimiento de dichos derechos, incluidos aquellos correspondientes a las víctimas del delito.

En este contexto, el Estado de Derecho reconoce los siguientes derechos para las personas víctimas del delito y de violación de derechos humanos: derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, todos ubicados en la Ley General de Víctimas y, para el caso de la Ciudad de México en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México; además claro está, todos los demás derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que México es parte.

El énfasis en la necesidad del protagonismo del Estado de Derecho radica en la capacidad histórica de este para modificar la realidad que, hasta hoy, demanda de mayor compromiso en la atención a las víctimas del delito. Derivado de estas discusiones acerca del reconocimiento de los derechos de las víctimas -entendidas como aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos- es importante destacar la política de atención a víctimas y todo lo que esta representa.

Para el caso de la Ciudad de México, desde la Procuraduría General de Justicia encabezada por Ernestina Godoy Ramos, el reconocimiento del derecho máximo a la justicia por parte de las víctimas del delito o, incluso, de los familiares de las víctimas, es una directriz fundamental. Por ello, las funcionarias y funcionarios que integramos esta institución, debemos redoblar esfuerzos para fortalecer nuestras capacidades instaladas de atención y, sobre todo, de investigación, para garantizar también el derecho a la verdad por parte de las víctimas.

En la medida en que las demandas de justicia tengan respuesta en la correcta atención a las víctimas del delito, con estricto apego al Estado de Derecho, contaremos con mayores niveles de seguridad. Remarco lo señalado por el Presidente de la República “Si hay justicia, habrá seguridad”; lo que significa que la eliminación de la impunidad y la búsqueda del mejor funcionamiento de las organizaciones encargadas de la procuración de justicia garantizan la implantación de mayores niveles de seguridad y paz social.

El reto y el compromiso están presentes; las condiciones y nuevas realidades y circunstancias obligan a pensar y repensar cómo lograr mayor eficiencia en la política de atención a víctimas; la respuesta primigenia está en la justicia.