martes 26 de marzo de 2019 | 07:26
Columnas

En Contexto. ¿Por qué es importante la pelea del INEGI vs el gobierno federal?

@lusacevedop jue 14 feb 2019 22:12
Es importante recordar que el INEGI es un organismo autónomo constitucional
Es importante recordar que el INEGI es un organismo autónomo constitucional
Foto propiedad de: Internet

Resultado de la política de austeridad republicana del nuevo régimen, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se vio obligado a cancelar, acotar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica, además de reordenar su breve presupuesto mediante el recorte de salarios y prestaciones a fin de mantener programas indispensables para el desempeño del país.

Entre otros, ya no habrá levantamiento de datos para la primordial Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH), la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) y el Censo Agropecuario.

La medida es un golpe bajo a las garantías constitucionales (Arts. 6° y 7°) y, con ello, al Derecho a la Información de los mexicanos, además de otras afectaciones en materia laboral, al tiempo que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arts.18 y 19).

Pero también implica la cancelación de indicadores que permiten evaluar el nivel de cumplimiento de los diversos planes y programas públicos y sus efectos en el desarrollo desde perspectivas locales, estatales, regionales y nacional.

No solamente eso, la derogación de esos programas impedirá disponer de los elementos necesarios para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que, por falta de información, nacerá sesgado y faltará a los principios de información abierta y pública para un ejercicio transparente y de rendición de cuentas que exige un buen gobierno.

Eso, por cuanto al aspecto sustantivo de aplicar la austeridad republicana sin considerar prioridades de interés general. Hay otros daños como las remuneraciones y prestaciones, que seguramente serán el combustible para desdibujar la importancia de esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para justificar la querella contra el gobierno de la Cuarta Transformación, el INEGI partió del daño que implica el recorte presupuestal sobre las remuneraciones de su personal que tiene un alto grado de especialización y que afecta normas constitucionales y que, al disponer de menos recursos, no solo se le impide ejercer a “cabalidad sus funciones de información estadística y geografía, sino que claramente viola su autonomía financiera e independencia económica”, con efectos nocivos para el país en materia de información pública y del Estado de Derecho.

Es importante recordar que el INEGI es un organismo autónomo constitucional, de carácter técnico cuyas funciones, como las de las demás instituciones autónomas, son limitar los excesos en que han incurrido los poderes públicos tradicionales y los fácticos que promovieron desconfianza social y mermaron la credibilidad del gobierno.

Con este ya son siete entidades autónomas que impugnan las “medidas de austeridad” del gobierno federal. Entre estas, sobresalen el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), además del Senado de la República y la propia Suprema Corte.

Sería muy grave que la andanada del Ejecutivo Federal en contra de los organismos autónomos tenga como objetivo alcanzar un poder absoluto del gobierno, sin los contrapesos constitucionales de control y fiscalización.

Y lo peor, se reducirían las limitaciones para los poderes fácticos, con lo que se estaría desmantelando todo lo que los mexicanos hemos ganado en materia democrática.

@lusacevedop