jueves 18 de abril de 2019 | 10:45
Columnas

En Contexto. Combate a la corrupción, pero también a la impunidad para restablecer el Estado de derecho

@lusacevedop vie 18 ene 2019 08:24
 2017 fue el más violento que hayamos vivido los mexicanos con 25 mil homicidios en cifras cerradas,
2017 fue el más violento que hayamos vivido los mexicanos con 25 mil homicidios en cifras cerradas,
Foto propiedad de: Internet

Si pudiéramos encontrar una explicación del “chaquetazo” del PRI al apoyar la creación del híbrido que daría a luz a la Guardia Nacional, sería lograr el compromiso de mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de derecho para enfrentar el delito, la corrupción y la impunidad imperantes en México. Pero históricamente, como partido político y como gobierno, nunca hizo algo en favor de ese objetivo.

Al contrario. La percepción ciudadana piensa que los votos para respaldar la militarización que tanto se le criticó al calderonismo, son para encubrir su responsabilidad histórica en la depravación de la moral pública en favor del enriquecimiento de unos cuantos y la desigualdad de la sociedad.

Delincuencia, corrupción e impunidad son los tres conceptos que más afectan al país en todos los órdenes y también son los que han significado los costos humanos y económicos más altos de las dos últimas décadas.

Por ejemplo, 2017 fue el más violento que hayamos vivido los mexicanos con 25 mil homicidios en cifras cerradas, que significaron un incremento de 50 por ciento desde 2015. Utilizo ese año porque esos acontecimientos están presentes en el imaginario colectivo y porque las estadísticas de esa fecha aún están lejos de ser manipuladas para construir la nueva realidad nacional.

Debido al crecimiento de la delincuencia, muchas empresas cancelaron durante 2017 y en 2018 sus rutas de distribución y de inversión, además de que redujeron horarios de trabajo, lo que afectó productividad y consumo.

Información del INEGI muestra que las microempresas -que representan más del 95 por ciento de la planta productiva nacional y que operan hasta con 10 trabajadores- se manifestaron entonces muy vulnerables. Alrededor de 13 por ciento de ese segmento fueron afectadas por la delincuencia y cancelaron sus planes de expansión; pero 5 por ciento recortaron horarios de trabajo. Esto ejemplifica el efecto nocivo de la delincuencia, incluidas la corrupción y la impunidad sobre la economía y el bienestar.

Para tener una dimensión de los costos que significó la inseguridad para los hogares y las empresas, los datos del INEGI indican que promediaron 2.5 por ciento del PIB en 2017, siendo una carga más onerosa para los ciudadanos porque debieron incorporar gastos para su protección. Por tal motivo, se estima que en 2018 la carga de la inseguridad (con los componentes de corrupción e impunidad) podría superar 4.0 por ciento del PIB.

Esto permite entender por qué una acción tan desordenada como el Plan contra el Huachicoleo, no tuvo rechazo.

Las grandes empresas no han quedado exentas.

Pemex denunció en 2017 que el número de conexiones ilegales en sus oleoductos aumentó 50 por ciento, respecto de 2016 y que ya era 15 veces superior a lo denunciado en 2010.

En ese entonces, y para ubicar datos que hoy tienden a ser oficiales, Pemex estimó que el solamente el robo de petróleo representaba 1, 600 millones de dólares al año, equivalentes a 0.14 por ciento del PIB, recursos que al sumarse a todas las formas de delincuencia impiden el avance de México en favor de la mejoría de los niveles de vida, el combate de la pobreza y la desigualdad.

La percepción de inseguridad ampliamente documentada en las estadísticas oficiales, está acompañada de evidencias en materia de corrupción e impunidad, a la que se suma la actitud de partidos políticos que buscan ocultar su complicidad en el deterioro nacional o cuando menos “lavarse la cara”.

De ahí la necesidad de una acción conjunta de Estado, que mediante políticas públicas enfrente no sólo a la delincuencia, sino mediante acciones de transparencia y rendición de cuentas, también le cierren el paso a la corrupción y a la impunidad, de manera coordinada.

La magnitud de los costos económicos que arrojan estos elementos que, al mismo tiempo, rompen el tejido social es, entre muchas otras razones, por lo que la lucha contra la criminalidad tiene que ser una prioridad en México.

Difícilmente, en un esquema que se quiere con libertad y democracia, se mejorará la eficiencia y la calidad de los cuerpos policiales solamente con acciones de corte militar, se requiere de trabajar a profundidad con la sociedad en el restablecimiento del Estado de derecho, propiciando el inmediato desarrollo de instituciones judiciales independientes y preparadas para ministrar justicia pronta y expedita, tal como lo marca la Constitución.

@lusacevedop