jueves 18 de abril de 2019 | 10:43
Columnas

Crónica política: AMLO, el gran legislador

@rosyramales vie 18 ene 2019 10:45
Foto propiedad de: Internet

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está satisfecho con la Guardia Nacional en los términos aprobados por la Cámara de Diputados Federal porque excluyeron algunas propuestas de él, como la temporalidad de dicha corporación.

Ahora el Senado de la República buscará restituir la temporalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad como se había previsto en el primer planteamiento para la Guardia Nacional. Cuando menos así lo adelantó el senador Ricardo Monreal Ávila, líder del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Vaya, parte de los mexicanos creían que con el triunfo de la izquierda vía la coalición “Juntos Haremos Historia” cambiaría la praxis priista cuando el Congreso de la Unión complacía en todo al Presidente de la República, lo cual representaba el sometimiento de un poder a otro poder: El Legislativo al Ejecutivo.

Pero algunas promesas de campaña se quedaron en eso. 

Aunque algo habría cambiado si en verdad (como lo dijo el grupo parlamentario del PRI) el diputado Pablo Gómez, de Morena y ex perredista, fue quien retiró del dictamen de la Guardia Nacional el artículo cuarto transitorio que reclama AMLO.

“Habrá que preguntarle al diputado Pablo Gómez por qué razones lo retiró”, sugirió el diputado priista, Enrique Ochoa Reza.

En tal transitorio se establecía que “de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”.

Quién sabe cuáles fueron las razones de Pablo Gómez, y a ver si su desobediencia no le acarrea problemas con el presidente López Obrador, y la marginación en cualquier privilegio como legislador.

¿Las razones del morenista serían las mismas argumentadas por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD? Ella explicó que el artículo cuarto transitorio era una propuesta alterna al dictamen original.

Y “esta propuesta no generaba consenso, era intransitable y en la mesa de acuerdos se eliminó. Sin embargo, el presidente insiste en su intromisión en el Legislativo y quiere tener un papel también de legislador”.

Y así parece. Quizá el origen nunca se olvida a pesar del cambio de siglas. El senador Monreal Ávila, también ex priista, “adelantó que retomarán los planteamientos iniciales del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de dar claridad al objetivo de la Guardia Nacional en el que se deberán considerar el carácter que tendrá el combate a la delincuencia, la capacitación y la formación por parte de esta nueva agrupación”, dice el comunicado.

En fin, habría sido mejor argumentar una revisión profunda a la reforma para crear la Guardia Nacional en términos del derecho internacional en materia de Derechos Humanos, como lo sugiere Amnistía Internacional porque a su juicio la corporación está en contradicción con éstos.

Los senadores sobre todo saben que México como Estado Nacional debe respetar y cumplir los tratados internacionales con los cuales se haya comprometido.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Tal organización global, plantea:

“La propuesta de creación de una Guardia Nacional conformada, entre otros, por elementos militares, tanto del Ejército como de la Marina mexicanos, para llevar a cabo de forma general funciones de seguridad pública que normalmente corresponderían a las policías civiles se encuentra en contradicción con el derecho internacional de los derechos humanos, que dispone que el uso de fuerzas armadas para tales labores debe ser excepcional y estar sujeto a varias limitaciones.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo es México, pueden desplegar a las fuerzas armadas para cuestiones que no sean un conflicto bélico, por ejemplo, para enfrentar problemas excepcionales de criminalidad o de violencia interna. Pero en dichos casos, la Corte ha señalado que los Estados deben siempre ‘limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas’.

“En su reciente sentencia en el caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, el tribunal determinó que ‘el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles’ y que la participación excepcional de las fuerzas armadas en estas tareas debe ser:

“a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;

“b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

“c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

“d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

LAS RECOMENDACIONES

Por lo anterior, Amnistía Internacional recomienda al Honorable Congreso de la Unión de México:

• Desistir de la intención de crear la Guardia Nacional conformada total o parcialmente con elementos militares.

• De decidir crear tal Guardia Nacional, Amnistía Internacional urge al Congreso a asegurar que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que la iniciativa se encuentre de conformidad con lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo:

^ Distinguir y separar con claridad las funciones diferenciadas de los elementos civiles y de los elementos militares de la Guardia Nacional y permitir la acción de los elementos militares únicamente de forma excepcional, valorada caso por caso y sujeta a las limitaciones impuestas por el derecho internacional.

*Asegurar que los elementos militares de la Guardia Nacional actúen subordinados a autoridades de seguridad pública o ciudadana de carácter civil.

* No permitir que elementos militares de la Guardia Nacional participen en la investigación de los delitos ni actúen como auxiliares del Ministerio Público.

* Permitir que los elementos militares de la Guardia Nacional lleven a cabo detenciones solo en circunstancias claramente excepcionales y con apego a los marcos legales de derechos humanos.

* Asegurar que los elementos militares de la Guardia Nacional se conduzcan exclusivamente bajo el marco de operación de una policía civil entrenada para enfrentar los delitos y no sobre la lógica de combate a un enemigo.

* Indicar expresamente en el texto constitucional que, al cumplirse el plazo máximo que al efecto se determine y que deberá ser lo más corto que proceda, las Fuerzas Armadas no podrán desempeñar tareas de seguridad pública.

* Una vez transcurrido dicho plazo, para continuar siendo parte de la Guardia Nacional, todo integrante militar deberá causar baja en las Fuerzas Armadas y alta como civil en la Guardia Nacional, con el rango homologado que le corresponda, o bien reintegrarse a las Fuerzas Armadas.

* Establecer mecanismos de rendición de cuentas de la Guardia Nacional a través de órganos civiles ordinarios competentes, independientes y técnicamente capaces.

* Establecer la jurisdicción exclusiva de tribunales ordinarios de carácter civil sobre violaciones de derechos humanos y delitos en que se sospeche la responsabilidad penal de elementos de la Guardia Nacional.

* Establecer, a través de una ley, un registro de detenciones unificado en el país que atienda los estándares internacionales de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizando que el mismo incluya tanto a las autoridades estatales como federales, que se realice en tiempo real y que sea fácilmente accesible, así como establecer mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas sobre la implementación del registro.

• Adoptar una ley sobre el uso de la fuerza y armas de fuego conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por el funcionariado encargado de hacer cumplir la ley.

• Derogar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política, que pretende limitar indebidamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

• Fortalecer a las policías civiles con un procedimiento nacional, transparente y con participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil que facilite un retiro ordenado de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, así como dotar a dicho proceso de los recursos presupuestales necesarios.

LA FISCALÍA GENERAL

En otro tema, la elección de la persona titular de la Fiscalía General de la República es una toma da pelo. De entrada la terna está compuesta por personas afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego el Senado dio el carácter de exprés al procedimiento y al final quedará quien decida el gran legislador.