domingo 21 de julio de 2019 | 11:30
Columnas

Huachicol, AMLO, Robespierre y Rousseau: ¿Cuarta Transformación o solo cambio de color?

@jos_redo lun 14 ene 2019 18:18
Para que la batalla contra el crimen del robo de combustible alcance la dimensión que vitalice la Cuarta Trasformación, el gobierno de AMLO tendría que proponerse y lograr, en el plano estratégico: fortalecer y modernizar a PEMEX,
Para que la batalla contra el crimen del robo de combustible alcance la dimensión que vitalice la Cuarta Trasformación, el gobierno de AMLO tendría que proponerse y lograr, en el plano estratégico: fortalecer y modernizar a PEMEX,
Foto propiedad de: Internet

Dice Robespierre en 1793: “Si el principal instrumento del Gobierno popular en tiempos de paz es la virtud, en momentos de revolución deben ser a la vez la virtud y el terror: la virtud, sin la cual el terror es funesto; el terror, sin el cual la virtud es impotente. El terror no es otra cosa que la justicia rápida, severa e inflexible; emana, por lo tanto, de la virtud; no es tanto un principio específico como una consecuencia del principio general de la democracia, aplicado a las necesidades más acuciantes de la patria.”

Los movimientos revolucionarios, desde entonces, de una u otra forma, han abrevado en esta disyuntiva histórica: ¿cambio radical o cambio gradual? Peor aún: ¿transformación real o gatopardismo? El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en que pretende una transformación radical de la vida pública de México, del régimen político, del Estado y de las conciencias. Una Cuarta Transformación que retome y haga realidad los ideales libertarios, democráticos y de justicia social de Juárez, Madero y Cárdenas.

La crisis derivada de la decisión de combatir a fondo el multimillonario robo de combustible, hace pertinentes estas reflexiones y preguntarse si realmente se plantea López Obrador la transformación que pregona en su discurso, si en su cruzada contra la corrupción piensa de verdad realizar los cambios de fondo que subyacen a su ambiciosa narrativa. De ser así, requerirá mucho más que el respaldo popular del que ahora goza, necesitará el ejercicio implacable del poder y la aplicación de la Ley sin miramientos.

En otras palabras, AMLO tendría que entender que, si quiere una Cuarta Trasformación donde los pobres sean los primeros, es inevitable actualizar y aplicar el terror que aplicaron los revolucionarios franceses en 1793. Desde luego, no se trata de que instale una guillotina en el Zócalo y corte mil cabezas, tampoco se invoca la violencia purificadora que termina en una cacería de brujas. López Obrador y sus aliados tienen que echar mano de la imaginación política para generar formas efectivas de potenciar y ejercer el inmenso poder que ahora tienen y ejercerlo para someter los intereses particulares que han saqueado al país por décadas, que dominan la vida nacional bajo estructuras oligárquicas y arreglos basados en la corrupción y la impunidad.

La batalla contra los huachicoleros puede ser determinante para el gobierno de López Obrador. El crimen organizado es muy poderoso, constituye un poder que, en países como el nuestro, se entreteje con grupos políticos, empresariales, financieros, de todo tipo, que dan forma una especie de Hidra difícil de aniquilar debido a la corrupción y la impunidad que caracteriza a prácticamente todas las estructuras del Estado mexicano.

Más allá de los problemas de abasto de gasolina, que no es un tema menor y puede descarrilar a su gobierno, la lucha contra la mafia del robo de combustible constituye un reto y una oportunidad para el Presidente López Obrador porque entraña implicaciones que otorgan a esa lucha una dimensión estratégica que puede marcar los tiempos por venir. Esto, siempre y cuando esa lucha se proponga y logre, en el plano táctico: identificar, castigar y desarticular las redes criminales del huachicol; y establecer mecanismos e instituciones que permitan combatir al crimen organizado en su conjunto y recuperar la soberanía del Estado frente a las bandas criminales; apropiarse de los miles de millones de pesos que se roban los huachicoleros y destinarlo a proyectos sociales productivos.

Para que la batalla contra el crimen del robo de combustible alcance la dimensión que vitalice la Cuarta Trasformación, el gobierno de AMLO tendría que proponerse y lograr, en el plano estratégico: fortalecer y modernizar a PEMEX, como la empresa insignia que garantice la soberanía nacional; revisar a fondo la reforma energética de Enrique Peña Nieto, para cambiar el marco jurídico e institucional que, actualmente, hacen posible la apropiación de la riqueza petrolera por parte de las grandes empresas trasnacionales y bloquean el desarrollo tecnológico, financiero y científico de la industria nacional de los hidrocarburos; y garantizar la seguridad energética de México, con base en una visión sustentable del uso de los hidrocarburos y una política fiscal redistributiva de la riqueza petrolera que aún nos queda.

No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar el Presidente López Obrador en su idea de la Cuarta Transformación. Existen muchas contradicciones entre sus dichos y sus acciones, por ejemplo: su empeño en promover el perdón y no castigar a corruptos de gobiernos anteriores, cuando Robespierre le aconsejaría castigar con todo rigor y ejemplaridad a esos representantes del régimen que quiere superar. Porque la corrupción y la injusticia no están parceladas en sexenios: se reproducen y predominan a través de personas y grupos que actúan de forma permanente e incesante, sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado o criminal.

En todo caso, el Presidente AMLO debería fortalecer la comunicación de su mensaje de cambio histórico, acompañarse de un equipo a la altura de las circunstancias y definir la ruta de su obra transformadora, para que el pueblo y la clase política entiendan y respalden su proyecto, para que la conpleja red de grupos e intereses, públicos y privados, legales y criminales, acepten el mandato popular. Para ello, es necesario, que, en efecto, construya y proyecte un poder y una imagen del poder que inhiba cualquier resistencia basada en la deslealtad democrática.

Para finalizar, cabe retomar a un clásico del pensamiento político, Rousseau, para que, adaptando sus ideas y valores políticos del presente, se intente la formulación de un marco teórico y práctico para el efectivo ejercicio de un poder como el que hoy detenta el Presidente López Obrador. Dice Rousseau en El Contrato Social:

“Dejando a un lado este contrato original, el voto de la mayoría obliga siempre al resto, como consecuencia del propio contrato. Aun así, surge esta pregunta: ¿cómo puede un hombre ser libre y al mismo tiempo verse obligado a someterse a una voluntad que no es la suya? ¿Cómo pueden ser libres los que se oponen si han de someterse a leyes con las que no están de acuerdo? Respondo a esta cuestión diciendo que está mal planteada. El ciudadano acepta todas las leyes, incluso las que se aprueban contra su voluntad y las que lo castigan cuando se atreve a transgredir alguna. La voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general, y es ésta la que los hace ciudadanos y libres. Cuando se propone una ley en la asamblea del pueblo, lo que se le pregunta no es si aprueba o desecha la proposición, sino si ésta es o no conforme a la voluntad general que es la suya. Cada cual, al dar su voto, expresa su parecer sobre el particular, y el recuento de los votos proporciona una declaración de la voluntad general. Así pues, cuando prevalece la opinión contraria a la mía, esto prueba únicamente que he cometido un error y que lo que creía que era la voluntad general no lo era en realidad. Si prevaleciera mi opinión particular contra la voluntad general, yo habría hecho algo distinto de lo que quería, y entonces no habría sido libre.”

Ahí está. Para ejercer con esa autoridad el poder, para hacer efectivo y actuante el respaldo popular, el gobierno de AMLO puede obtener luces en esta idea seminal del pensamiento político. Claro, sin caer en la tentación de afirmar que los disidentes viven en el error cuando no aprueban las decisiones de la mayoría, pero ejerciendo ésta con una legitimidad acreditada en el ejercicio del poder transformador.