jueves 18 de julio de 2019 | 11:54
Columnas

Las reformas en proceso

@fuaper vie 14 dic 2018 12:23
Sánchez Cordero afirma que el artículo 94 constitucional establece que “la remuneración que perciben por sus servicios los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura, así como los magistrados electorales, no podrán ser disminuidos durante su encargo”.
Sánchez Cordero afirma que el artículo 94 constitucional establece que “la remuneración que perciben por sus servicios los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura, así como los magistrados electorales, no podrán ser disminuidos durante su encargo”.
Foto propiedad de: Internet

Los cambios de la nueva administración están en boga, la cancelación de la Reforma Educativa, desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y sobre todo bajar los salarios de los funcionarios del poder Judicial y el Legislativo son la agenda, principalmente la mediática.

Los movimientos sociales de los 43 y el magisterio fueron dos de los más mediáticos durante el sexenio pasado y estos mismos fueron de suma importancia por el descontento social que han generado para que hubiera cambios en la presidencia actual.

Hoy, a pocos días de que comenzara la administración de Andrés Manuel López Obrador, los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa lograron que se les ofreciera una comisión buscadora de justicia y verdad. Y que se echara para atrás la Reforma Educativa. En donde el tema de la evaluación deja de ser de cariz punitivo y se deja claro que es de carácter formativo, presuntamente.

Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Artículo 3 Constitucional, en el que se eliminaría el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y los exámenes para obtener una plaza dentro del organigrama magisterial.

La iniciativa de cambio de ley ya está en San Lázaro, sin embargo, Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara, dijo que este tema será analizado hasta el 1 de febrero de 2019. O sea que el presidente ya cumplió con la CNTE y al equipo de la maestra Elba Esther Gordillo, cumplió su promesa de campaña de echar abajo la Reforma Educativa, ahora solamente quedará por esperar que el Congreso sea el que apruebe las reformas constitucionales.

Obviamente, si es aprobada la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, este organismo autónomo, que se encargaba de evaluar los resultados del desempeño de todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional, estas funciones las tendría que realizar un organismo integrado por elementos de la SEP, líderes del sindicato y algunos invitados, según el nuevo secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Sin embargo, con este panorama se vuelve a empoderar al sindicato, porque las evaluaciones serían voluntarias y ellos las harían.

Estos movimientos generan mucha expectativa, pero mientras se aprueba o no esta propuesta, sigue creciendo el descontento social hacia los integrantes del poder Judicial por los salarios excesivos que tienen.  El tema de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (que marcar el tope salarial del presidente de la República) está alterando la imagen del nuevo gobierno, la verdad es que pareciera que el poder Judicial del país y el Ejecutivo tuvieran diferencias desorbitantes y que cada uno buscara su propio beneficio, ya que de aprobarse el tope salarial de 108 mil pesos, los funcionarios se sienten vulnerados, es más la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señala que es inconstitucional bajar los salarios a jueces,  magistrados y ministros, por lo mientras ella decidió donar su salario como secretaria de 107 mil pesos a la beneficencia, pero conservará su pensión de más de 200 mil pesos como exministra de la Suprema Corte de Justicia.

Sánchez Cordero afirma que el artículo 94 constitucional establece que “la remuneración que perciben por sus servicios los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura, así como los magistrados electorales, no podrán ser disminuidos durante su encargo”.

 

Por lo mientras, más de 6 mil funcionarios se han amparado contra la Ley de Remuneraciones, entre los que hay jueces, 445 son magistrados, 2 mil 174 secretarios, 445 actuarios, mil 226 oficiales y mil externos al Poder Judicial, de Pemex, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT y la Secretaría de Gobernación.

 

A final de cuentas, la confrontación entre el Ejecutivo el poder Judicial está generando una reacción social que podría desencadenar en que la sociedad intervenga, ya que la resolución de la Suprema Corte de Justicia al suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones provocó que el mismo presidente presentara un recurso contra esa suspensión.

 

@fuaper