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Columnas

Retórica, insultos, paja y pico, nada solucionan

@josegmunoz mié 12 dic 2018 18:57
Se equivoca el poder judicial
Se equivoca el poder judicial
Foto propiedad de: Internet

La disputa entre los poderes Ejecutivo contra el Judicial, que viene escalando prácticamente desde el 1 de julio, fecha en que el entonces candidato triunfador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de acabar con la corrupción de los altos mandos del Poder Ejecutivo y someter a los miembros del Poder Judicial a una austeridad republicana y acepten una drástica reducción en sus percepciones, tiene como característica principal de monólogo en dos pistas.

Ninguno de los actores escucha a su interlocutor. Intercambian insultos, calificativos, desinformación, palabrería hueca, retórica, con la que cada uno pretende imponer su criterio, frente a un auditorio de 127 millones de mexicanos polarizado que repite los estribillos de uno y otro banco sin comprender a fondo la raíz del conflicto.

El problema, de entrada, es que nuestra Constitución actual no prevé un árbitro en caso de controversia entre poderes.  Leemos en el Diccionario jurídico mexicano, escrito por Jorge Carpizo, que “si bien, en México, siempre el supremo poder de la nación se ha dividido para su ejercicio en: legislativo, ejecutivo y judicial, ocasión hubo en que la fórmula sufrió alteración.

“El artículo 4° de las bases constitucionales del 15 de diciembre de 1835, estableció: ‘El ejercicio del supremo poder nacional continuará dividido en legislativo, ejecutivo y judicial, que no podrán reunirse en ningún caso ni por ningún pretexto. Se establecerá además un arbitrio suficiente para que ninguno de los tres pueda traspasar los límites de sus atribuciones.’ Y de aquí la idea que se detalló en la segunda ley constitucional de 1836: la creación del supremo poder conservador. La Constitución conservadora de 1836 estableció un órgano, compuesto por cinco individuos, y al que trató de hacer todopoderoso.

El artículo 12 de la segunda ley le señaló sus atribuciones: anular los actos de cualquier poder, excitado para ello por cualquiera de los otros poderes; excitado por el congreso, declarar la incapacidad física o moral del presidente de la República; excitado por un poder, suspender las labores de la corte de justicia; excitado por el ejecutivo, suspender hasta dos meses las sesiones del legislativo; excitado por la mayoría de las juntas departamentales, declarar cuando el presidente debía renovar su gabinete; otorgar o negar la sanción a presuntas reformas constitucionales; calificar las elecciones de senadores.”

El Artículo 49 actual, dice: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Como podrá verse, no prevé crear un árbitro superior que pueda dirimir diferencias entre poderes en caso de controversias.

En países civilizados, cuando los poderes de la unión están controvertidos, ya sea el ejecutivo vs legislativo, el legislativo vs el judicial o el judicial vs el ejecutivo; existe un Tribunal Constitucional autónomo integrado por mujeres y hombres apartidistas propuestos en la misma media por los 3 poderes, para que este órgano de justicia constitucional sea quien resuelva las controversias de los 3 citados.

Sin embargo, la disputa que se vive no es de un poder contra otro poder, sino de hecho dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo contra el Judicial, lo que supuestamente pondría en desventaja al Judicial, de no ser porque este último es poder judicial y poder constitucional al mismo tiempo, por lo que la promoción que hacen ministros, jueces y consejeros de instituciones autónomas para suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos convierte de alguna manera al Poder Judicial en juez y parte, cuando en realidad debe determinar un empate por la contradicción que existe entre los artículos 94 de la Constitución que establece que las remuneraciones de los ministros, magistrados y jueces no podrán ser disminuidas durante su encargo. Y el artículo 127 contempla que ningún servidor público puede tener un ingreso superior al del presidente de la República.

El error está en el legislativo que creó el del tope a las remuneraciones salariales de todos los funcionarios del sector público, pero no derogó el que impide reducir el salario de ministros, magistrados y jueces mientras estén en funciones.

 Miente el Poder Judicial

Ahora bien, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo frente al presidente Peña, en la ceremonia para conmemorar el Día del Abogado que la independencia de los juzgadores no depende únicamente de su recto actuar, sino de las condiciones favorables que lo permitan, como la seguridad en las remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas.

“No son privilegios inconfesables, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable”, puntualizó.

La tesis es falsa, porque la tentación por más dinero no se termina con un ingreso bruto cercano a los 600 mil pesos.

Al respecto, el ministro de la SCJN Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, admitió el 18 de septiembre de este año que el Poder Judicial está sujeto a actos de corrupción, por lo que urgió implementar “estrategias inteligentes” para impedir prácticas que deriven en la ilegalidad.

“Esto implica, hacia adentro, diseñar estrategias que inteligentes para combatir la corrupción que innegablemente existen en el Poder Judicial de la Federación. Tanto en la impartición de justicia como en las funciones administrativas del Poder Judicial, deben operar eficazmente los procesos que permitan detectar y sancionar firmemente los actos de corrupción...”, expuso.

También, aludió a las pasadas elecciones presidenciales como “reveladoras de un desprestigio generalizado de las instituciones, y; tenemos que reconocerlo, mucho de ese hartazgo y de esa frustración social se dirigió expresamente a esta Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación”. (https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ministro-de-scjn-admite-que-hay-corrupci%C3%B3n-en-poder-judicial/).

Es histórico el caso del ministro Ernesto Díaz Infante, quien fue destituido el 27 de diciembre de 1988 y sentenciado a ocho años de cárcel hasta 2005 por haber sido el artífice de dejar en libertad a Alejandro Braun Díaz, violador y asesino de la niña de seis años Merle Yuridia Mondain Segura, tras haber recibido 500 mil dólares .

El abogado de Braun, Enrique Fuentes León, ofreció 500 mil dólares para obtener un amparo que lo dejara en libertad.

El dinero fue entregado a Díaz Infante, quien como Ministro presionó -y repartió el soborno- a los magistrados del Tribunal Colegiado de Chilpancingo, Gilberto Arredondo y Eufemio Zamudio, para resolver el amparo a favor de "El Chacal", como apodaron a Braun.

El 8 de diciembre de 1988, "El Chacal" obtiene el amparo y sale de prisión. Días después, el 15 de diciembre, Díaz Infante solicita una licencia para regresar al cargo el 31 de enero de 1990; sin embargo, nunca regresó.

La familia de la niña interpuso una denuncia ante la PGR y el 12 de enero de 1989 la Suprema Corte de Justicia destituyó a los dos magistrados guerrerenses. Gilberto Arredondo es detenido 11 días después y encarcelado.

El 23 de enero de 1989 un juez ordena también la aprehensión del magistrado Zamudio y del abogado Fuentes León. No es sino hasta 1993 cuando se gira la orden de aprehensión en contra del ex Ministro, quien huye del País y durante casi una década permanece prófugo de la justicia.

En noviembre de 2017, el Consejo de la Judicatura Federal informó que en los últimos cinco años y medio, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 117 jueces y magistrados por caer en irregularidades en sus funciones; las sanciones que recibieron van desde la amonestación, suspensión de funciones por hasta 10 años, apercibimiento o despido.

En este periodo, han habido casos sobresalientes como el del juez Efraín Cázares López, a quien le fueron detectadas inconsistencias en su evolución patrimonial; el magistrado Jorge Figueroa Cacho, por “haber incurrido en probables conductas delictivas”; la suspensión del juez Anuar González Hamedi, quien concedió un amparo a Diego Cruz, joven implicado en el caso de los Porkys de Costa de Oro; y el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, a quien la judicatura federal resolvió destituir por beneficiar a miembros del crimen organizado.

Estadísticas del Poder Judicial de la Federación señalan que en 2012 fueron sancionados 17 magistrados y dos jueces, en 2013, tres magistrados y 16 jueces, al siguiente año, fueron sancionados 15 magistrados y 14 jueces, y en 2015 se reportaron 23 jueces y magistrados sancionados.

El año pasado el poder judicial de la federación informó que fueron sancionados 11 magistrados y 14 jueces, y en lo que va de este año han sido sancionados dos jueces.

Para salir de este conflicto de poderes, se requiere que el Legislativo derogue el artículo que decreta inamovilidad del salario de jueces, magistrados y ministros mientras duren en el cargo y que sea el propio Poder Judicial el que reconsidere su inamovible postura de asirse a una percepción muy cercana a los 600 mil pesos mensuales en un país donde por lo menos 70 millones de habitantes tienen dificulta des para completar la canasta básica.

Las amenazas de una y otra parte lo único que provocan es radicalización y polarización en la sociedad.