domingo 16 de diciembre de 2018 | 01:00
Columnas

Las empresas se comprometen con el combate a la corrupción

@rogantopedre jue 15 nov 2018 11:22
Lo que se ha logrado no es menor
Lo que se ha logrado no es menor
Foto propiedad de: Internet

 

Un buen comienzo para resolver cualquier problema es admitir que éste existe, y eso parecen haber hecho las empresas mexicanas que participan en el Índice de Integridad Corporativa 500 (IC500), un proyecto promovido por dos de las más importantes organizaciones de la sociedad civil, Transparencia Mexicana y Mexicanos contra la Corrupción.

Los resultados de la evaluación a las empresas mexicanas se publican en la edición del mes de noviembre de la revista Expansión, y son un reflejo del nivel de compromiso que han asumido las compañías y el sector privado en general, para desterrar conductas que son nocivas no sólo en la práctica empresarial sino en todos los sectores de la población.

Y es que así como un primer paso para curarse de la gripe que da en estas temporadas de frío es ir al médico o vacunarse, elaborar políticas de integridad, de ética y de anticorrupción en las empresas mexicanas, puede ser el principio de un cambio definitivo para erradicar uno de los peores problemas de México, como es el de la corrupción.

Desde el año pasado, cuando se realizó el primero de estos ejercicios, las empresas empezaron a hablar de algo que antes era tema vedado porque nadie quería poner el dedo o señalar prácticas que cada vez deben ir desapareciendo en el país, como la creación de esas redes de corrupción en las que servidores públicos ofrecen contratos o servicios a cambios de remuneraciones ilegales, muchas veces en perjuicio de los costos y la calidad del servicio o proyecto.

Pues bien, eso ya ha empezado a cambiar en el país gracias a Transparencia Mexicana y a Mexicanos Contra la Corrupción, quienes realizan un ejercicio que aunque pareciera menor, es la mejor semilla para esperar frutos en la materia sino a corto, sí a mediano plazo. El IC500 es este primer paso, que era necesario, para que las empresas exhiban un compromiso muy concreto en materia de combate a la corrupción y para lograr que en la operación de las compañías, se eviten conductas ilegales para la asignación u obtención de contratos o utilidades.

 

Lo que se ha logrado no es menor: la primera evaluación exhibió que la mayoría de las compañías no tenían una política pública de ética e integridad, o si la tenían, era deficiente y dejaba fuera elementos claves para garantizar su funcionamiento. En 2018, el reporte es alentador, porque las compañías monitoreadas han expresado un mayor compromiso con estas nuevas prácticas empresariales que, sin duda nos ayudarían a crear una percepción distinta de México.

Y es que en la actualidad, nuestro país es visto como uno en donde la creación u operación de empresas no se explica separada de los actos de corrupción para obtener permisos o contratos, y si bien es cierto, que para que haya un acto de corrupción debe haber dos partes al menos, empezar a cambiar la actitud ciudadana frente a este tema es el mejor de los principios para que la administración de recursos públicos también cambie y mejore.

De todas las empresas que fueron supervisadas, el mayor puntaje fue el de Aleática, la compañía que hasta hace poco se llamaba OHL. No deja de llamar la atención el esfuerzo de esa empresa por cambiar sus procedimientos internos y el compromiso de su gobierno corporativo con la transparencia y en contra de la corrupción, porque esa empresa ha estado bajo fuego mediático con acusaciones lanzadas desde otra empresa, Infraiber, que por cierto, no aparece mencionada en el ranking como resultado lógico de lo que se sabe de ella: que fue creada sólo para obtener un contrato valuado en 4 mil millones de pesos por parte de funcionarios del Estado de México, y que no reporta ingresos, no paga impuestos y no tiene más que un trabajador: su representante legal, el abogado Paulo Diez.

Que Aleática encabece la lista de empresas certificadas por su compromiso y la calidad de sus esfuerzos anticorrupción, debe ser un duro golpe para el panista Díaz Gargari, quien sólo ha tenido un trabajo en los últimos cuatro años: tratar de desacreditarla. En esa intención ha llegado al extremo de lanzar mentiras sobre las finanzas de la empresa, motivo por el cual es el primer demandado en el país por un delito financiero denominado “engaño al mercado”, ya que sus aseveraciones, falsas y maliciosas, ocasionaron un daño patrimonial en el valor de las acciones de la entonces OHL.

El segundo sitio del ranking lo logró Concesionaria Mexiquense, en la práctica, otra de las empresas de Aleática, lo que parece resultado de que los nuevos dueños de OHL han querido blindar su operación frente a ataques mediáticos que, pese a la carencia de pruebas, han sido lanzados por medios que utiliza Infraiber y Paulo Diez para su campaña de desprestigio. Mejorar procesos internos, demandar a los calumniadores y certificar sus prácticas corporativas, parecen una ruta segura y que se augura exitosa para la empresa que dirige Sergio Hidalgo.

 

Ojalá que la sociedad valore los esfuerzos que realizan las empresas y que las autoridades entrantes no sean lo pasivas que han sido las que se van, cuando se trata de acusaciones escandalosas, pero sin sustento, contra las compañías. En el caso de OHL no ha sido sólo la mentira lo que le hizo un grave daño, fue sobre todo el silencio de autoridades que se vieron tibias frente al chantaje de un abogado panista como Paulo Diez, que es un experto en intimidar a funcionarios y en acusar con base a presunciones las cuales en todos los casos judicializados, han resultados falsas.