México.- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno de Estados Unidos (EU) ofreció 20 millones de dólares para implementar un programa de deportación masiva en contra de integrantes de la mega caravana migrante de Honduras. 

En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, el funcionario federal reiteró que la postura del gobierno mexicano ante la caravana es de respeto a los derechos humanos y a la condición de migrante. En ese sentido, reveló que representantes de la dependencia se reunieron ayer con líderes migrantes y acordaron un ingreso ordenado y conforme a las leyes mexicanas. 

Sin embargo, el acuerdo no fue respetado esta tarde por un grupo de visitantes, quienes intentaron dar "portazo" en el Puente Internacional Suchiate y desataron minutos de tensión y enfrentamiento con agentes de la Policía Federal (PF).

"Nuestra posición fue muy clara: que las las puertas de México estaban y que nuestro país respeta los derechos humanos. Jamás hubo un instrumento que pudiera ser considerado de agresión y la instrucción que se dio es que era policía desarmada, que no se lastimara al migrante y que sólo se realizaran maniobras de defensa". 

En cuanto a los señalamientos de que México estaría haciendo el "trabajo sucio" a la Casa Blanca en términos de migración, Navarrete Prida aclaró que el país es soberano y no sirve a los intereses de otra nación ni criminaliza los procesos migratorios. 

"Nosotros entendemos la situación que ocurre en los países de donde vienen. Se nos ofreció 20 millones de dólares para frenar la caravana migrante, pues su llegada sería en las mismas fechas de la jornada electoral en EU. No somos nosotros un muro para los migrantes".

El secretario de Gobernación indicó que entre los ofrecimientos del gobierno estadounidense se encontraba la opción de hacer de México un "tercer país", para el resguardo de migrantes solicitantes de asilo en EU mientras las autoridades de dicho país daban curso a los recursos. Además, Donald Trump quería implementar un programa de deportación masiva en contra de los integrantes de la caravana. 

El gobierno mexicano estima en 6 mil el número de integrantes del movimiento y hasta el momento se ha permitido la entrada y prestado atención médica  a más de 200 personas. Se cuenta con varios albergues habilitados por el gobierno de Chiapas y los estados de alrededor también estarían en condiciones de prestar refugios temporales.