jueves 15 de noviembre de 2018 | 04:04
Columnas

La señora alcaldesa /2

@ocielmora dom 14 oct 2018 20:29
 Claudia Rivera Vivanco,
Claudia Rivera Vivanco,
Foto propiedad de: Internet

 

Hasta el primero de julio, la creencia generalizada era que la política de desarrollo social ejecutada en los tres niveles de gobierno no resolvía el problema de la pobreza y las desigualdades que tiene a medio país en el filo de la inestabilidad política, como es su cometido en ley hacer . Pero servía, se decía cachetonamente, para que los gobernantes en turno impusieran a los candidatos de su partido en los puestos de elección popular más importantes, y desde allí refrendar el control político. Una práctica acometida por igual tanto en el PRI como en el PAN, y partidos que han logrado ser gobierno. Al parecer esa práctica ha llegado a su fin luego de las últimas elecciones.

Desde que Carlos Salinas nombró a Luis Donaldo Colosio titular de la recién creada Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en 1992, se hizo costumbre en los tres niveles de gobierno que quienes llegan a esos puestos era (es) con el fin de promocionarse electoralmente y enseguida postularse para un puesto de elección popular, a costa del bienestar de la gente. Se ha visto en la Presidencia de la República, las gubernaturas y presidencias de la capital del respectivo sestado. Los puestos del organigrama de la administración pública más codiciados entre partidos y grupos porque ellos concentran el mayor poder de mando y la riqueza nacional.

Sobre ese entendido, quienes ocupan u ocuparon esas instituciones que en términos formales tienen la responsabilidad del combate a la pobreza y atender a la población más vulnerable (ley General de Desarrollo Social), son individuos que toman grandes decisiones sobre temas que generalmente ignoran. Se trata de operadores políticos con vínculos orgánicos con el partido en el poder, con su militancia y con grupos vinculados con él. Personajes que llegan al puesto con el compromiso supremo de revalidar y ampliar lealtades electorales y hacerlas efectivas el día de las votaciones. La superación de la pobreza y la seguridad social, no obstante estar en leyes federales y locales, y de ser protestadas en ceremonias solemnes, pasan a segundo término como lo que son. Meros instrumentos de simulación y coerción , que en los hechos esconden relaciones de sometimiento.

Al respecto recuérdese el que tal vez sea el caso más bochornoso que le ha tocado vivir a la SEDESOL. Eviel Pérez Magaña, penúltimo titular en esa dependencia en la administración del señor Enrique Peña Nieto, conocido por su limitaciones intelectuales pero sobre todo por su condición de hombre vulgar, ante su incapacidad para responder a los cuestionamientos técnicos de Araceli Damián, una especialista en pobreza en el Colegio de México, en donde es profesora-investigadora, y diputada ante la Asamblea de la ciudad de México, la acusó de (vieja) desquiciada esquizofrénica, en un encuentro oficial entre funcionarios del poder ejecutivo federal y legisladores de la ciudad de México.

Tal vez esa sea una de las principales razones por las que después de 26 años de su fundación, la SEDESOL no haya cumplido a cabalidad con su misión. De acuerdo con las cifras de CONEVAL correspondientes a 2016, y no obstante los sospechosos cambios en la metodología de medición de la pobreza introducidos por el ex candidato presidencial priista, José Antonio Meade, 53.4 millones de personas sobreviven en condiciones de pobreza, y 9.4 millones en pobreza extrema.

Por eso cobra relevancia que la próxima presidenta municipal de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, haya anunciado el nombramiento de Marcela Ibarra Mateos como la próxima secretaria de Desarrollo Social en el municipio. Su principal fortaleza es que proviene de la academia, en la que al igual que Damián, es especialista en temas pobreza y desarrollo social. No llega de un partido político y todo indica que no es con el fin de aprovechar la infraestructura institucional para hacer promoción electoral, y beneficiar a los amigos con programas y engordar clientelas, sino de poner las bases para eventualmente resolver los problemas que aquejan a ocho de cada diez personas de la ciudad (pobreza más población en condición de vulnerabilidad).

Puebla es una la ciudad que encierra los más brutales contrastes. Por un lado tiene en la industria automotriz a los obreros con el índice más alto de productividad en el mundo; por el otro, al pie de los cerros de la Malinche, en el norte y sur de la ciudad, hay familias que sobreviven de la venta de carbón y leña, una actividad que tuvo su importancia económica en los años espesos de la Colonia, en el siglo XVII. Pero en pleno XXI es muestra de que la movilidad social esta cancelada. Una población indígena invisibilizada por un hispanismo triunfante que lo ha llevado a poner en letra de oro en los muros del Congreso del Estado el nombre del representante del Imperio español: Juan de Palafox y Mendoza. Unos diputados que se valen de su condición soberana para conspirar contra la soberanía del estado mexicano.

¿Qué hacer en una gestión de tres años desde las atribuciones del ayuntamiento, ante el reto de problemas estructurales antiquísimos que tienen como principales causas una estructura de gobierno excluyente y un mercado que no acaba de incorporar a todos los grupos en sus circuitos de intercambio distributivo? Independientemente de los programas ordinarios en curso, hay tres acciones imprescindibles.

A) Cambiar el paradigma del desarrollo social, desde la modesta atribución municipal. Las personas deben ser las protagonistas principales. En un enfoque de derechos, y superar esa actitud voluntariosa de “entrega de ayudas” a cambio de recibir apoyo político.

B) Se requiere de una de institución a escala que a nivel local haga las veces de estudio del CONEVAL, que genere la información indispensable para la toma de decisiones.

C) Hay que hacer efectiva la participación social no en el discurso, sino en las decisiones comprendidas en todo el ciclo de los proyectos y programas. Los  titulares de derechos sociales no pueden estar supeditados a los intereses de la burocracia.

D) NO hace falta inventar nada nuevo ni se requiere de grandes modificaciones en las que se requiere de la participación del Congreso y cabildos. Sencillamente hay que acatar lo que establece el artículo 134 constitucional y ley General de Desarrollo Social.