sábado 15 de diciembre de 2018 | 04:00
Columnas

Gobierno reformista y cambio en el Ejército Mexicano

@JorgeRetanaYart mié 10 oct 2018 07:29
El Ejército y la Marina mexicanos han sufrido un desgaste exponencial durante los últimos 14 años de militarización del combate a las organizaciones criminales transnacionales
El Ejército y la Marina mexicanos han sufrido un desgaste exponencial durante los últimos 14 años de militarización del combate a las organizaciones criminales transnacionales
Foto propiedad de: Internet

 

El ejército mexicano es una de las instituciones que más ha acusado cambios importantes en los años finales del siglo XX, que fue el siglo de su zenit, y del siglo XXI. La guerra contrainsurgente y la defensa del régimen en turno en la que se encarriló por décadas durante el siglo XX y que precipitó el lamentable episodio de la guerra sucia mexicana, constituyó el vértice de su poder, de su privilegiado rol dentro de las instituciones públicas en México, de su prestigio en amplios sectores sociales (no en todos) y de su papel dirigente en la política nacional, detrás de la burocracia política civil desde fines de los años 40 del pasado siglo.

Su incorporación gradualmente ascendente en la “guerra contra las drogas” encabezada por EUA en todo el mundo, pero especialmente en la región y el Caribe latinoamericano, modificó en gran medida su relativamente cómodo y privilegiado estatus al interior de la sociedad mexicana y del Estado. La percepción social sobre dicha institución cambió, aunque no drásticamente. A este respecto, la empresa consultora Parametría ha desarrollado ejercicios de percepción y opinión interesantes sobre ello con resultados como los siguientes: “La confianza en el Ejército Mexicano ha tenido algunos altibajos en los últimos dos sexenios sobre todo durante la administración de Felipe Calderón, quien fomentó su participación en tareas de seguridad pública como el combate al narcotráfico. De marzo de 2013 a enero de 2014 la confianza del Ejército registró una caída de 9 puntos porcentuales pasando de 69 % a 60 %.”.Agrega: El Ejército es la tercera organización más confiable en el país, después de la Iglesia católica (64 %) y los amigos y familiares (88 %). Lugar preponderante, sin duda (datos 2014). En EUA, como punto de comparación, según la consultora Gallup, el 87% de los estadounidenses confía en el ejército más que en la policía, la Presidencia y la iglesia. En suma, confían mucho más en el poder militar que en el civil.

El Ejército y la Marina mexicanos han sufrido un desgaste exponencial durante los últimos 14 años de militarización del combate a las organizaciones criminales transnacionales, así como, cierto desprestigio a causa de algunos de sus integrantes y de acciones lesivas para civiles ajenos y participantes en el conflicto asimétrico que se ha desarrollado en México. Las quejas contra ambos institutos armados en la CNDH se han multiplicado (sin llegar a ser escandalosos), e incluso, han llegado a la CIDH, y su obediencia irrestricta al poder civil le ha derivado en los nueve puntos porcentuales perdidos al aparecer como responsable de una política fallida y de amplísimos costos sociales, cuando ha sido realmente sólo un instrumento activo. Por donde se vea, el poder civil no cuidó suficientemente a las instituciones militares del país (ni ellos tampoco a sí mismos). Brasil, por ejemplo, marca una diferencia: los militares brasileños, dentro de otra tradición y rol político, nunca aceptaron entrar directamente al combate del crimen organizado hasta que se les ofreció un marco legal propicio, legitimador. Aquí ocurrió al revés.

AMLO Presiente Electo, ha planteado tres cuestiones sustantivas en materia de cambios en la organización, operación y rol político institucional del ejército: a) Suprimir el Estado Mayor Presidencial como tal, y reintegrar el cuerpo armado de unos 2,000 miembros al ejército y fuerza aérea mexicanos, con equipos, armas y demás instrumentos militares; b) integración de una parte relativamente pequeña de sus miembros (junto con otra similar de la Marina y Policía Federal) en un nuevo cuerpo armado llamado “Guardia Civil ”, que ocupe de las tareas de combate a la criminalidad transnacional, llamado por ello, “ejército de paz”, que permita el regreso del ejército y la propia Marina a sus en un plazo perentorio de tres años, aproximadamente a sus cuarteles; y c) omitir por completo cualquier posibilidad de que el ejército como tal emprenda acciones de represión a la sociedad ordenadas por el civil, bajo ninguna circunstancia. En el primer caso, ha causado malestar dentro de las filas militares, en el segundo hay cierta confusión sobre lo que realmente quiere el Presidente electo al respecto, y en el tercer caso, es una forma de afirmar desde la Presidencia de la República que el ejército ha actuado represivamente y él ha aceptado tales órdenes. Tampoco ha gustado tal afirmación.

Lo último ha sido la declaración pública del general Alejandro Ramos Flores, titular de Asuntos Jurídicos de la SEDENA mencionó que dicha institución rechaza esa opción para conocer los hechos de “la Noche de Iguala”. Antes, en otra colaboración comentamos que una serie de instituciones del Estado Mexicano como la Presidencia, SEDENA y la PGR, decidieron acudir a un amparo para evitar se cumpla la resolución judicial El Primer Tribunal Colegiado del 19° Circuito ordenó la conformación de un panel que investigue la validez de las investigaciones hechas por los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), en particular las confesiones de detenidos. Ello debido a que los magistrados encontraron evidencias de que la investigación del caso Ayotzinapa "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República" como establece la ley”. En su resolución, el tribunal del 19° Circuito dijo que "hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. El argumento central de las instituciones promoventes del amparo contra esta resolución es la inviabilidad jurídica de que la misma emita una resolución anulando el rol constitucional del ministerio público federal (PGR).

 

Sin embargo la controversia ya está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien aceptó (“admisión a trámite”) analizar formalmente el tema de la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos de la “Noche de Iguala”. Cabe mencionar que en América Latina (Chile, Bolivia, Brasil, El Salvador, Argentina, Perú y Paraguay) tales “Comisiones” han funcionado sin problemas y sus resoluciones acatadas judicialmente como mecanismo legal excepcional para esclarecer casos de violencia, conflictos internos, desaparición forzada, asesinatos colectivos, etc. , fundamentalmente en materia de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, cuando el Poder Judicial ha sido insuficiente para resolver tales casos por las vías convencionales. El Presidente electo ha ofrecido lo mismo: Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Hay quienes ya han interpretado la postura militar como un desafío al nuevo y próximo gobierno. No lo creo así. Hay claramente un contrapunto, una divergencia postural. AMLO no es todavía un Presidente en funciones. No se está desacatando una instrucción de su Comandante en Jefe. Es el momento para expresar la diferencia.

El ejército también se opuso a que miembros de dicho instituto (XXVII Batallón de Infantería) fueran entrevistados por los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Osorio Chong argumentó así la postura oficial: Cuando nuestra institución (el Ejército Mexicano) ha estado en incidentes como Tlatlaya (donde ocurrieron ejecuciones de civiles), esto ha sido admitido”. Cuando no ha tenido nada que ver, como es el caso de Iguala, no tenemos por qué entrar a un proceso de desgaste en el que no hay ni un solo señalamiento de una participación del Ejército Mexicano. Por eso es que no (se autorizará la entrevista, solicitada por el grupo de la CIDH)” (20 de mayo, 2015). Por su parte, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos argumentó el rechazo así: “el Ejército representa la soberanía nacional, reporta a los instituciones y a los poderes de México, y ese grupo no tiene jurisdicción en México.”(7 de octubre, 2015).

Lo anterior implica que el ejército mexicano no acepta ni está preparado, ni desea,  ser una institución como otras, de transparencia y sujeta al escrutinio público. Mucho se dijo del ejército mexicano, de su rol facilitador durante la alternancia política del año 2000, pero hoy frente al reformismo militar limitado del próximo gobierno de AMLO, la institución castrense parece mandar un mensaje de discrepancia e incomodidad en las materias que hemos aquí comentado.

Consideramos que el ejército mexicano no podrá salir de esta pésima etapa en la que lo metió un poder civil pusilánime ante imposiciones doctrinarias del exterior sin otros cambios que el relacionado con el fuero militar. Parece extraño que el cambio de concepción, política y estrategia para atacar el problema de las organizaciones criminales, que a quien más beneficia es al ejército (si bien no en lo inmediato), no haya traído señales o expresiones militares de entusiasmo alguno, y creo que es precisamente porque junto a la revisión doctrinaria, ven llegar las investigaciones a fondo de otros episodios nebulosos que les han involucrado. Pero justamente la manera de evitar que en algún momento se pierdan otros nueve puntos (o más) en el prestigio de la institución ante la sociedad mexicana, es cubrir el costo implícito en los eventos desafortunados, e ir a una nueva etapa desprovista totalmente de estos episodios que lastiman por igual, a una parte amplia de la sociedad y al propio instituto castrense, y parece dejar en el limbo a una burocracia política corrupta y poco cuidadosa hacia el propio ejército mexicano, a la que parecen beneficiar los actos lastimosos en los que han intervenido las fuerzas castrenses del país, lo cual no puede ser a costa de las vidas y el prestigio de éstas últimas. Y lo peor de todo es que se incurre en ese tipo de eventos sin solucionar a fondo realmente nada.