México.- El próximo 28 de septiembre es el día de acción global por un aborto legal, seguro y gratuito, conmemoración declarada en 1990 dentro del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina.

El día de acción global ha tenido como propósito impulsar acciones que garanticen a las mujeres el ejercicio legal de un derecho que podría evitar que miles de mujeres mueran debido a prácticas ilegales con malas condiciones sanitarias. 

De acuerdo con la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) el 10 por ciento de las muertes maternas de la región se deben a abortos inseguros. Además de que el 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva vive en países con leyes restrictivas. 

Uruguay, Cuba y la Ciudad de México son los únicos tres territorios de Latinoamérica donde se permite todo clase de causales para la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas; en la mayoría de los casos del resto de los países solo se acepta cuando es producto de una violación; pero en Haití, Nicaragua, el Salvador, Honduras, Suriname y República Dominicana es completamente ilegal. 

Junto a los riesgos de muerte que acompañan un aborto ilegal, las latinoamericanas se encuentran con la criminalización e incluso con el encarcelamiento, y  pesar de que existe cierta apertura en la legislación, en ocasiones no  se discuten  las circunstancias por las que se decide interrumpir el embarazo. 

La criminalización de las mujeres por su decisiones reproductivas envía un mensaje de potestad del Estado sobre los cuerpos y al mismo tiempo evidencia el atraso en el entorno social que aún atribuye a las mujeres ciertas características y deberes. 

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México y la criminalización de la mujer

Con excepción de la Ciudad de México, la legislación entorno a la interrupción del embarazo es restrictiva, la única causal legal que se contempla en todo el país es cuando la gestión es producto de una violación sexual. 

Entre el 2007 y el 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país, siendo la Ciudad de México, el sitio con mayor número de denuncias (894), seguido de Veracruz (416), Nuevo León (339) e Hidalgo (207); datos contenidos en el informe Maternidad o Castigo, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

En el mismo periodo, 228 personas fueran sentenciadas por el acto, principalmente en el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora e Hidalgo;  estados con altos índices de criminalidad. 

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014 el delito de aborto en México se califica como no grave, por lo que mediante el pago de una fianza o medidas alternativas se puede continuar un proceso acusatorio fuera de presión. A pesar de ello, al menos 8 de los 32 estados de la República no ofrecen ninguna alternativa a la prisión, y aunque esto representa un avance legislativo deja a la deriva a las mujeres que habían sido sentenciadas con anterioridad. 

Los casos de Araceli y Manuela 

Araceli es de Zacatecas y fue encarcelada por el delito de aborto durante 8 meses. A pesar de que se encontraba separada de su primer pareja continuaba siendo víctima de violencia por parte de él, por lo que al embarazada por segunda ocasión decidió interrumpir la gestación al considerar que no era el mejor momento. Compró medicamento en la farmacia, horas después de haber sido administrado el medicamento sufrió una fuerte caída que al llevo al hospital, lugar en el que su segunda pareja prefirió no hacerse responsable de ella. 

Manuela era originaria de el Salvador, tras sufrir una emergencia obstétrica fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.  Desde el 2006 sufría dolores de cabeza, nauseas y dolores generalizados, nunca fue diagnosticada. Dos años después, al acudir a la letrina, Manuela se desmayo sin saber que había tenido un aborto. Sus padres buscaron ayuda en el hospital donde fueron obligados a firmar una denuncia en su contra, por lo que fue sentenciada a prisión. Manuela murió estando en prisión debido a cáncer linfático, sin que se le proporcionara tratamiento adecuado para su padecimiento.