martes 18 de septiembre de 2018 | 09:14
Columnas

Crónica política. CNTE se sale con la suya, inicia la suspensión de la evaluación

@rosyramales mié 12 sep 2018 12:07
¿Hasta dónde tienen razón los profesores de la CNTE?
¿Hasta dónde tienen razón los profesores de la CNTE?
Foto propiedad de: Internet

La educación es un derecho humano fundamental y por lo mismo se rige por el principio de progresividad, el cual establece la obligación del Estado de generar cada vez más protección a ese derecho para su constante evolución, pero nunca retroceso.

El principio no es un invento del Gobierno de México, sino forma parte de una serie de principios universales adquiridos por los derechos humanos, los cuales se elevan al rango de fundamentales cuando son incorporados a la Constitución de cada Estado nacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio al respecto:

“Principio de Progresividad de los Derechos Humanos. Su Naturaleza y Función en el Estado Mexicano. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.

“En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.

“Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.”

El derecho humano a la educación establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ha ido en evolución (en progresividad) al quedar obligado del Estado a proporcionar una educación de calidad, la cual implica, entre otros elementos, que sea impartida por profesores capacitados y evaluados.

O sea, profesores con el nivel de preparación, conocimientos y aptitudes pedagógicas que garanticen el aprendizaje de la niñez y juventud; incluso, en todos los niveles educativos no nada más en el básico y medio.

Entonces, ¿cómo suspender la evaluación? ¿O cómo dar reversa a la reforma educativa? ¿Cómo si la educación de calidad ya es un derecho humano adquirido y además fundamental?

Sin embargo, este martes la Cámara de Diputados Federal aprobó, como urgente y obvia resolución, exhortar a diversas autoridades a suspender prácticamente la evaluación.

El punto de acuerdo establece: “(Se) exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.”

Claro, no es la suspensión de un derecho en los casos excepcionales que la misma Constitución General establece. Se trata de “detener” el procedimiento vía un exhorto, cuyo alcance de obligatoriedad es dudoso.

No obstante, parece el punto de partida para abrogar la Reforma Educativa, que impulsó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y quizá sea una de las pocas buenas acciones de su gobierno desde el punto de vista de contar con profesores plenamente capacitados para procurar la educación de calidad.

Sin embargo, la Reforma Educativa nació rechazada por las secciones sindicales adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sobre todo en cuanto a los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia.

Cuando la actual administración federal empezó la implementación de la Reforma Educativa, el entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, dijo que mediante los referidos procesos se terminaba el “marchometro” como el mecanismo de ingreso, ascenso y permanencia de profesores a plazas.

Pero la CNTE la ha calificado como una reforma “punitiva”. Han dicho, como lo refieren en el texto del punto de acuerdo, haber “aplicación sesgada” de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), lo cual ha dado lugar al cese de 500 profesores en el país y sin responsabilidad para la autoridad educativa.

Argumentan, además, que los profesores son víctimas de un permanente acoso laboral, supervisión excesiva y aumento de cargas de trabajo administrativo. Y quienes se han opuesto a la Reforma, han sido “cesados, levantados o desaparecidos”.

¿Hasta dónde tienen razón los profesores de la CNTE? Es lo que debe investigar la próxima administración federal que encabezará el morenista Andrés Manuel López Obrador, así como los diputados y senadores de la nueva LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

También los foros de consulta ex profeso arrojarán realidades.

Es probable que a los profesores de la CNTE les asista parte de la razón. Quizá efectivamente en algunas entidades la autoridad educativa haya usado la reforma en la materia para reprimir y cesar maestros.

Y como toda ley es perfectible, siempre son viables las reformas constitucionales y legales para mejorar, máxime tratándose de derechos humanos adquiridos y elevados al rango de fundamentales como lo es el derecho a la educación de calidad.

Por eso más que abrogar la Reforma Educativa, quizá deban solo derogarse aquellas disposiciones que realmente resulten lesivas para los profesores, pero no el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia; sí quitarle lo “punitivo”, pero no cancelarlo.

En último de los casos, si nada quieren saber de Enrique Peña Nieto cambien el nombre a la Reforma, o a ésta háganle las reformas pertinentes.

Eso sí, cualquier reforma debe generar profesores de calidad para garantizar educación de calidad.

¿O volveremos a los tiempos cuando al jubilarse el profesor le heredaba la plaza al familiar que ni siquiera había concluido la preparatoria? ¿O al tiempo de venta de plazas a cualquier persona sin el menor conocimiento?

En fin, veremos si Morena realmente es la esperanza de México en materia educativa. Recientemente AMLO prometió cancelar la Reforma Educativa, pero como candidato presidencial en el último debate habló de la necesidad de la permanencia del Instituto Nacional de Evaluación.

O sea, aprovechar lo bueno.