martes 13 de noviembre de 2018 | 09:49
Columnas

Andrés Manuel: ¿Habrá digitalización para la 4ta. Transformación?

@maloguzmanvero mié 12 sep 2018 20:09
Un ejemplo que promete: Claudia Sheinbaum y la eliminación de trámites vía la digitalización
Un ejemplo que promete: Claudia Sheinbaum y la eliminación de trámites vía la digitalización
Foto propiedad de: Internet

 

“No hay de qué estar asustados de los datos abiertos y gobierno digitalizado, a menos que lleves el dinero donde NO lo deberías estar llevando”. Peter Corbett
“En Internet y en los gobiernos digitales se puede actuar como el quinto poder”. Matt Mullenweg

 

Austeridad y combate a la corrupción no son lo mismo

No existe margen para dudar de las auténticas y personalísimas intenciones de Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción que carcome —desde dentro, si bien también desde fuera— a la gestión pública (tanto federal, que es lo que a él le competerá a partir del 1 de diciembre de este año, como a nivel de gobiernos locales).

Estrechamente vinculado a lo anterior está su genuino convencimiento por transitar hacia una administración que institucionalmente sea más austera y esbelta. Por ello, sin ir más lejos, como uno de los primeros anuncios de su próxima gestión, en julio de este año presentó 50 medidas de austeridad y anticorrupción.

No es el objeto de este escrito analizar la viabilidad y pertinencia —o no— de cada una de estas iniciativas. Mucho se ha dicho sobre las mismas aquí y en otros miles de espacios periodísticos y académicos.

El fin de esta columna es señalar que uno de los problemas que subyacen con algunas de estas disposiciones es que conciben a la austeridad —entendida esta como la eliminación de gastos gubernamentales en asesorías, consultorías, equipo tecnológico de punta, transparencia y digitalización— como requisito necesario (si bien no suficiente) para abatir el fenómeno de la corrupción. ¡Cuidado! Nada más equivocado. De hecho, el error es todavía más evidente: se requiere de algunas de las anteriores inversiones —que no gastos— para poder llevar a buen puerto la implementación de esas medidas que se anunciaron.

 

Gobierno digital y gobierno abierto

La verdad —y lo podrá comprobar cualquier experto en administración pública de no importa cuál latitud y orientación política del mundo, que el presidente electo decida consultar— es que la manera más efectiva, rápida y menos onerosa —esto a mediano y largo plazo— de combatir la corrupción gubernamental es precisamente invirtiendo (claro está, de una manera a su vez transparente e informada) en lo que se conoce como gobierno abierto y digital.

¿Qué es eso? Muy llana y esquemáticamente significa la digitalización de los trámites gubernamentales, así como de toda la información pública (sin que presente vulnerabilidad a la seguridad del Estado), para que los ciudadanos tengan el conocimiento, la forma y acceso a las acciones del gobierno y la interacción entre ciudadano y ente gubernamental no pueda ser vulnerada o lastimada por actos de corrupción.

¿Por qué se busca digitalizar los trámites gubernamentales? Las razones sobran, desde minimizar costos, acceder a los mismos desde cualquier lugar y con ello también apoyar al ciudadano con disminución de su tiempo y dinero invertido en visitas a diversas oficinas; lograr que desde un mismo punto y lugar el ciudadano sepa si puede acceder a un servicio/licencia sin tener que investigar todos los trámites adyacentes. En el mismo sentido, aun sin querer realizar un trámite o solicitar un servicio, se da la confianza de transparencia. Los ciudadanos pueden constatar que una licencia, licitación o trámite se realizó de forma correcta y transparente.

 

Un ejemplo que promete: Claudia Sheinbaum y la eliminación de trámites vía la digitalización

Alguna vez escuché, hace años, cuando colaboraba como asesora en el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación —instancia gubernamental que se encargaba, entre otras cosas, de acercar a los padres de familia con los docentes, directivos y comunidades de todos los centros escolares del país—, no considerar siquiera generar una aplicación tecnológica o vía Internet para ello. La razón: que aún un gran porcentaje de las escuelas públicas y hogares de México no contaban con interconexión digital.

En mi opinión ese nunca fue un argumento válido para no invertir en ese mecanismo; al contrario, la existencia de un vehículo de comunicación y coordinación de ese tipo tendría un efecto demostración y sería una razón para presionar a las autoridades federales, estatales y municipales para acelerar el proceso de interconectividad que estaba ausente en los centros escolares. Desgraciadamente, la lectura que predomina en la gestión gubernamental es la errada; prueba de ello es que hoy no existe lo uno ni lo otro.

En ese sentido, es alentador saber que la jefa de gobierno electa de la CDMX está considerando, como una de sus primeras acciones, presentar ante la Asamblea una iniciativa de ley para eliminar, simplificar y digitalizar trámites de gobierno. Lo anterior, además de cumplir con los objetivos antes mencionados, será un foco de atracción para la inversión de empresarios nacionales e internacionales en la entidad.

 

De esta reflexión se derivan diversas lecciones

Existen excepciones para la aplicación a ciertas medidas de austeridad por parte del gobierno relativas a inversión en tecnologías, contratación de consultorías y desarrollo de programas: aquello que tenga que ver con digitalización de trámites y procesos que agilicen, transparenten y hagan menos cara la interacción entre ciudadano y autoridad (ergo, el gasto a costa del erario).

La mejor manera de abatir la corrupción gubernamental, la extorsión, el cochupo, los moches y el soborno es digitalizando el mayor número de procesos gubernamentales. Cualquier trámite o asunto que esté sujeto a la decisión personal de un trabajador público está siempre abierto a corromperse.

Uno de los criterios fundamentales para incursionar o no en proyectos de Estado es si estos simplificarán y transparentarán la interacción cotidiana (gestión, administración, operación) del gobierno con el ciudadano. Ello, independientemente del ámbito, si bien los rubros en los que promete tener mayores efectos positivos colaterales son algunos de suma urgencia para el país: combate a la inseguridad pública, la interconexión de bases de datos, la disminución de la informalidad y evasión fiscal, así como abatir las carencias e inequidades en salud y educación.

 

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Ojalá sirva esta reflexión para que el gobierno lopezobradorista considere, antes de poner dinero sobre dinero perdido, como se plantea hacer con Bechtel (empresa norteamericana) e ICA para la construcción de refinerías de hidrocarburos, o con los gobernadores del Sureste para la edificación del Tren Maya, para monitorear la posible asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, para disminuir el robo de combustibles, entre otras acciones.