viernes 17 de agosto de 2018 | 06:29
Columnas

En México, la ley como pretexto

@maloguzmanvero vie 10 ago 2018 06:41
Ejemplos de cómo diferentes actores usan la ley cómo escudo y para tergiversar la justicia. Para crear leyes y luego abrogarlas. Y, luego, el colmo: decir que no se cumplió con el debido proceso.
Ejemplos de cómo diferentes actores usan la ley cómo escudo y para tergiversar la justicia. Para crear leyes y luego abrogarlas. Y, luego, el colmo: decir que no se cumplió con el debido proceso.
Foto propiedad de: Intenet


El apartheid fue legal, la esclavitud fue legal, el holocausto era legal. La legalidad es cuestión de poder, no de justicia. Foucalt

En cuestión de días hemos visto cómo se agudiza el uso de la frase  “porque la ley lo dice”, así acatamos. Pero lo cierto es que aunque la ley así lo dice, siempre se le encuentran recovecos por donde se cuela la burla a la misma. En México, la ley se usa como pretexto para defender o criticar ciertas decisiones.

Elba Esther y el poder judicial

La farsa más sonada de estos días ha sido la liberación de Elba Esther Gordillo. Más allá de las razones -jurídicas y políticas- de su encarcelación y liberación, así como de la pobre actuación de la PGR, pocas personas se han puesto a indagar las razones que ha esgrimido el poder judicial para “soltarla”. 

Nuevamente se argumentó la falta de “debido proceso” y, con eso, el poder judicial siembra más dudas que certezas con sus sentencias. 

Pareciera que se han empeñado, con ley en mano, en “liberar” a la Justicia de su balanza y no permitirle ser ciega. Así, a la frase “la ley como pretexto”, bien se le podría agregar el término “el debido proceso como excusa” para tirar abajo cualquier intento de impartición de justicia en México.

Claudia Pavlovich y Ley Veto

La gobernadora sonorense logró vía el congreso estatal, la eliminación del fuero de los servidores públicos de su estado. Empezando por ella misma. También limitó la discrecionalidad en el presupuesto que el ejecutivo local envía al congreso. 

Al mismo tiempo facultó al poder ejecutivo estatal (de nuevo, ella misma) para vetar leyes y devolverlas al legislativo para su arreglo, modificación u olvido. A esto se le conoce como la Ley Veto.

Nadie se ha dignado a aplaudir la eliminación del fuero o la mejora en presupuesto. Si en realidad funcionan esas leyes, se volverán ejemplo a seguir en el resto del país. En cambio —sin algo de razón—, los futuros legisladores del congreso sonorense sí protestaron por cuanto al veto. Importante mencionar que ésta ya existe a nivel federal y en diversos estados, aunque lleva otro nombre. Mismo si el presidente de la República no firma las leyes enviadas por el Congreso o el Senado, éstas carecen de validez. También las puede devolver a las cámaras señalando la mejora o supresión de algún articulado a mejorar o suprimir. 

De forma contraria, también hemos visto que el Congreso manda a la congeladora las iniciativas que no considera (o han pasado del interés presidencial) a que nunca se conviertan en ley. Eso, en sí mismo, es un tipo de veto.

 

Lilly Téllez y los amparos

Hablando de la ley “veto” de Sonora, Lilly Téllez (senadora electa) ya está promoviendo –vía redes sociales- que impugnará dicha ley vía amparo… La futura legisladora, esto es, “aquella quien legisla o hace leyes”, debería conocer un poco más para qué y cómo sirve el recurso de amparo. Le podría preguntar a la ex ministra de la Suprema Corte -y próxima secretaria de gobernación –Olga Sánchez Cordero, lo que se tiene que hacer. 

Tan connotada abogada comenta: “lo aprobado por el congreso de Sonora, pretende regular materias que escapan de su competencia, son contrarios a diversos precedentes de la SCJN y contravienen disposiciones de la CPEUM. Dado lo anterior se harán valer las acciones necesarias para revisar su constitucionalidad”. Otros abogados consideran que sólo la Suprema Corte es la instancia que puede resolver la procedencia de las reformas aprobadas por el congreso. 

Más allá de que la recién aprobada ley sea correcta o un despropósito, quienes serán (y son, no los olvidemos) los legisladores de nuestra nación, requieren un curso inmediato del marco jurídico nacional y local.

 

Cordero y los bonos

Con todas las de la ley, Ernesto Cordero, actual presidente del Senado, otorgó tres millones de pesos a repartir entre 22 funcionarios de alto mando y asesores de la Cámara alta. Por ley lo puede hacer y lo hizo. Razones sobrarán, como por ejemplo el trabajo que realizaron estas personas, pero la duda cabe (y es una duda 3 veces millonaria) si era necesario darles un bono de 30 o 60 días de su salario a días de que termine esta legislatura. Más que bono, esta medida huele a despedida.

 

La simulación de la justicia

Tan solo con estos ejemplos se observa cómo diferentes actores usan la ley cómo escudo y para tergiversar la justicia. Para crear leyes y luego abrogarlas o, bien, para perpetrarse en ellas. Y, luego, el colmo: decir que no se cumplió con el debido proceso.

Es necesario un ¡hasta aquí! Basta a que los tres poderes de la Unión (y sus respectivos estatales) utilicen la ley para hacer batidillos y para que, cada tres o seis años, defender lo imposible y, en el camino, destrozar aún más el maltrecho Estado de Derecho. 

Es obvio: no se requieren más leyes, sino unas que se cumplan, que sean justas y pugnen por un país más equitativo. Urgen cuerpos legislativos que puedan trabajar con el ejecutivo cuando las propuestas sean las indicadas para la Nación. Se necesitan tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial (estatal y nacional) que cumplan con sus obligaciones señaladas por la Constitución y las leyes específicas. Que no busquen fiscales carnales, ni utilicen la justicia y la ley para realizar vendettas políticas. 

Solo así, la ley volverá a ser respetada y no utilizada como pretexto.