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Columnas

Tiempo de farsantes, el caso de Infraiber

@B_Zamacona jue 09 ago 2018 12:25
Paulo Díez Gargari
Paulo Díez Gargari
Foto propiedad de: Internet

A instancias del triunfador de las elecciones del 1 de julio y de su equipo, la transición de gobierno se ha convertido en una oportunidad para el debate de casi todos los temas que más preocupan a la sociedad mexicana, desde la inseguridad y la necesidad de pacificar al país, hasta la política energética, el comercio con nuestros vecinos del norte y por supuesto la corrupción.

Las futuras autoridades han decidido entrarle al toro de todos los problemas nacionales, por los cuernos. Por eso, los medios de comunicación y las redes sociales reflejan una oleada de comentarios, posiciones, críticas y propuestas, que son una bocanada de aire fresco para las esperanzas de que con este gobierno podamos iniciar una nueva etapa si no que resuelva todos los retos, transforme, o al menos inicie un proceso de sólidos cambios, sobre todo en la mentalidad del poder, que irradie positivamente en el día a día, es decir, en la convivencia de los ciudadanos.

Sin embargo, la temporada es propicia para la aparición de personajes y de intereses que van a querer pescar en el río revuelto del debate y la pluralidad. Son tiempos de farsantes. Y una de las voces más destacadas, que mediante el escándalo mediático pretende ocupar los mayores espacios para sacar adelante su agenda, es el abogado Paulo Díez Gargari.

Se trata sin lugar a dudas de un caso de estudio. Como profesionista del Derecho, Paulo Díez representa una causa indefendible, harto cuestionada, como es el de una empresa nacida bajo el conocido modelo de la corrupción gubernamental que las hace aparecer, sobre todo al principio o al final de los sexenios, sólo para adjudicarle contratos que permitan repartir utilidades entre la iniciativa privada y funcionarios deshonestos.

Puede que no lo sepa mucha gente que escucha a este abogado en la radio o que lo lee en las redes sociales, pero Tecnología Aplicada Infraiber S.A. de C.V., (Infraiber) nació en diciembre de 2010 y para marzo de 2011, ya tenía su primer contrato multimillonario adjudicado por vía directa, es decir, sin licitación de por medio, consistente en un trabajo especializado (la medición del aforo vehicular en autopistas concesionadas en territorio del Estado de México) para el cual no tenía, por obviedad, experiencia alguna.

No se explica más que por la corrupción que Infraiber haya  recibido el beneficio de un contrato que en cualquier país del mundo hubiera exigido la convocatoria a empresas internacionales, especializadas y con experiencia. Pero el contrato estaba valuado en 4 mil millones de pesos, y eso es mucho dinero para la ambición, que es el principal motor que mueve a los corruptos.

Hay otros elementos que le restan toda autoridad moral a este personaje que ahora se desgarra las vestiduras haciéndose aparecer como un promotor de la honestidad, incluso, y lo dice con dramatismo, a riesgos de su propia vida. El contrato le fue entregado a Infraiber meses antes de que terminara el sexenio del gobernador Enrique Peña Nieto, lo que aparenta haber sido más bien, una operación de esas que los funcionarios corruptos consideran un “seguro de vida” para cuando dejan el cargo.

A pesar de que nunca puso ni un solo equipo en ninguna de las autopistas mexiquenses, para cumplir los objetivos del contrato, Infraiber empezó a recibir el pago del mismo, a un costo de 25 centavos por vehículo monitoreado, tarifa que a los cinco meses de vigencia del citado contrato, ya se le había incrementado a 50 centavos. Paulo Díez Gargari estaba feliz entonces con el modelo de concesión de autopistas carreteras que tanto cuestiona en estos días, y con Enrique Peña, al que ahora llama corrupto.

Pero ¿por qué pone énfasis este abogado en OHL y no en el resto de las empresas concesionarias? La respuesta es sencilla: porque cuando las nuevas autoridades del Estado de México le pidieron a Infraiber instalar los primeros equipos de medición ofrecidos, estaban trabajando en una carretera concesionada a esa empresa a española cuando desde el Palacio de Gobierno de Toluca vino la orden de detener el fraude. El dueño de Infraiber, Pedro Topete, decidió que la culpa era de la concesionaria y que iba a pagarla caro, con el descrédito.

Fue entonces cuando surgió a los medios la figura de Paulo Díez, denunciando que les habían quitado el contrato a instancias de OHL porque esa empresa no quería que se auditaran sus autopistas. El argumento de defensa fue bueno, mediáticamente, para hacerse aparecer como víctimas, como una especie de pequeños David luchando contra el Goliat de la industria, pero es absolutamente falso. La decisión de quitarle el contrato a Infraiber, fue una medida del gobierno mexiquense, que no pudo hacerse sin la consulta con el ya para entonces presidente Enrique Peña Nieto, ante lo evidente que resultaba la trama corrupta que le dio origen.

Una vez que quedó suficientemente claro y legal que Infraiber no tiene derecho a pedir que le devuelvan en contrato, Paulo Díez se convirtió en una especie de auditor externo de la compañía española y aún ahora, cuando ésta ya vendió sus acciones y sus concesiones carreteras en México a un fondo australiano, mantiene presión contra los nuevos propietarios, a los que les exige información por medio de ultimátums, como si fuera un fiscal, amparado sólo en los espacios que le otorgan algunos medios de comunicación y sus redes sociales que están llenas de bots y seguidores falsos.

 

El planteamiento de Andrés Manuel López Obrador de tener un gobierno con personas austeras, que atiendan las preocupaciones de la gente y que sean sobre todo honestas, puede tener la virtud no sólo de diferenciarse con otros gobiernos y distanciarse del perfil del servidor público corrupto y derrochador que impera en el imaginario colectivo, sino de servir de ejemplo para que la conducta de todos se ciñe a nuevos códigos de moralidad social que tanta falta hace y que tanto bien le harían a las familias, a la sociedad en su conjunto, y al país.

Necesitamos el cambio. Pero eso implica también empezar a hablar con la verdad. Si OHL o alguna otra empresa concesionaria cometió irregularidades, deben investigarse, pero en estos tiempos propicios para los farsantes, hay que tener claridad para distinguir entre quienes tienen propuestas y autoridad moral para combatir este flagelo, y quienes en cambio, como la corrupta Infraiber y el farsante Paulo Díez, sólo tratan de desviar la atención de sus propios delitos tratando de obtener impunidad.