domingo 23 de septiembre de 2018 | 11:43
Columnas

El gran reto de AMLO: crecimiento con austeridad

@GciliaCilia jue 12 jul 2018 16:22
Crecimiento económico con finanzas sanas, es el gran reto y ello sólo se puede lograr con una adecuada gestión de Gobierno.
Crecimiento económico con finanzas sanas, es el gran reto y ello sólo se puede lograr con una adecuada gestión de Gobierno.
Foto propiedad de: Internet

¿Cuáles deben ser los objetivos estratégicos de la política económica del Gobierno de López Obrador que  iniciará en diciembre del presente año? En una confusión inevitable, hay quien piensa - antes de profundizar en los grandes temas que tienen postrado a la sociedad mexicana - que sobre todas las cosas, México debe contar con finanzas públicas sanas; constituyéndose esta condición en un objetivo inapelable que debe seguir el nuevo Gobierno.

¿Hasta qué punto resulta razonable esta afirmación? Diría, sí, que la disciplina fiscal impone límites a cualquier estrategia económica que se adopte, pero no deja de ser una herramienta que debe alinearse a los tres grandes objetivos estratégicos que se tienen que alcanzar en los próximos seis años: mayor crecimiento económico (4% en promedio, conforme a lo que ha delineado el próximo presidente de la república), abatir la pobreza y reducir los niveles de desigualdad.

En este contexto, más bien habría que pensar en el margen de maniobra que le deja la administración del presidente Peña Nieto al próximo gobierno. El primer punto a considerar es el nivel de la deuda pública que al finalizar 2018 se va a situar en alrededor del 48% del PIB; lo que ha conllevado no sólo a contener, sino a transferir recursos relacionados con los programas sociales hacia el pago de su servicio.

El costo financiero de la deuda es gravoso, en el presupuesto anual 2018 es muy superior al de diversos sectores socialmente prioritarios: 2.3 veces más que el de educación pública, 5.3 veces más que el de salud, 6 veces más que el de desarrollo social y 9 veces más que el de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. En forma acumulada, los recursos presupuestales en esos cuatro sectores prioritarios representan el 90% del costo financiero de la deuda.

Más allá de esta estructura, lo más grave es que una importante cantidad de recursos se han destinado al pago del servicio de la deuda pública;  lo que en términos efectivos significa un desplazamiento de recursos de los sectores prioritarios hacia ese fin. De 2013 a 2018, el costo financiero creció a una tasa promedio anual de 13.4%, en tanto que el del sector salud apenas aumentó 0.1%, el de educación pública 1.5%, el de desarrollo social 2.9% y el de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 3.5%.  La sociedad se ha visto así diezmada tantos en sus derechos como en la calidad de la oferta de los servicios básicos que se le ofrece.

En términos productivos tampoco debe soslayarse que el sobreendeudamiento  también ha impactado negativamente en la inversión pública, cuya derrama es la más baja observada en los últimos 70 años, al situarse por debajo del 2.8% del PIB. La deuda pública bruta en México prácticamente se duplicó de 2013 a la fecha, al pasar de 5.6 a 10.8 billones de pesos, sin que a la par se haya registrado un incremento en la formación bruta de capital fijo del sector público. El resultado de semejante endeudamiento es lamentable: hoy el costo financiero que genera la deuda pública  es mayor que el de la inversión pública.

Los hilos del crecimiento están deshechos, no sólo porque no es conveniente técnicamente endeudarse más, sino porque las condiciones actuales deprimen el gasto de inversión, que es un elemento   reconstitutivo en toda economía. Los rezagos se acumulan porque la posición de las finanzas públicas es débil para ampliar y mejorar la infraestructura productiva que conlleva todo crecimiento económico y para brindar en forma suficiente los servicios básicos que requiere la población, entre ellos, salud y educación.

La ortodoxia económica

Lo que dicta la ortodoxia  económica es que no es posible aplicar una política fiscal expansiva cuando se tiene el desequilibrio que México hoy tiene. La recomendación estaría más por el lado de mantener un adecuado equilibrio en las finanzas públicas bajo la perspectiva de que es el único camino que puede detonar un crecimiento económico cuando se tiene un deuda pública excesiva e insostenible.

De modo que la alternativa que  tendría la próxima administración bajo esta tesis argumentativa estaría dada por dos tareas básicas: 1) reducir el endeudamiento público y 2) llevar a cabo una importante austeridad en el gasto y la inversión públicos. Todo a partir de que es necesario reconstituir variables básicas, como la tasa de interés, que estimulan las inversión y el consumo privados; sin embargo, este reacomodo se daría en forma automática, por lo que nadie podría augurar el tiempo que esto llevaría y menos el efecto que se tendría en materia del nivel de las tasas de crecimiento económico.

Siendo objetivos, la  nueva administración pública va a tener que enfrentar el duro escenario antes  descrito y desde luego, no podría  de ninguna forma evitar llevar a cabo el saneamiento que requiere las finanzas públicas; pero la política fiscal y financiera del Gobierno no deben circunscribirse sólo a eso, porque así difícilmente se cumpliría con los objetivos estratégicos de ampliar el crecimiento de 2% a 4%, de abatir la pobreza y de reducir la desigualdad.  

La peor conclusión a la que se podría llegar es que dada la necesidad de adoptar medidas restrictivas se deba renunciar al crecimiento económico en aras de la austeridad fiscal; ello pondría al país al borde de un colapso dado los rezagos económicos y sociales existentes. Es en este punto preciso donde se vuelve vital pensar en un factor básico que repercute en una buena política fiscal: la calidad de gestión del Gobierno.

Esa calidad de gestión debe contemplar cuando menos cuatro aspectos básicos:

1.- El ajuste fiscal debe llevar a una adecuada reasignación del gasto público hacia fines productivos e incidir en la formación de capital humano, tal como se pretende con la puesta en marcha del programa de aprendices, en el que se aspira beneficiar a alrededor de 2.6 millones de jóvenes, quienes recibirán un pago de 3,600 pesos mensuales.

2.- La adecuada gestión debe propiciar la concurrencia de la inversión privada en aquellas actividades que tienen un alto impacto económico, social y regional, dado el efecto multiplicador y las cadenas de valor que originan, así como por los empleos que generan. Es importante señalar que con respecto al PIB, la inversión privada aporta alrededor de 20 puntos, en tanto que la inversión pública sólo 2.5 o 3 puntos porcentuales; por lo que para alcanzar mayores tasas de crecimiento es necesario impulsar  la inversión privada, tal vez a un nivel superior de  25% del PIB. Es decir, la inversión privada tiene un rol trascendente en el crecimiento económico: no puede suplirse, más aún si lo que se pretende es reconstituir el mercado interno y detonar el desarrollo del Sur del país mediante zonas económicas especiales. Por ello es necesario influir positivamente en el sector privado, que desde luego se verá beneficiado con nuevos nichos de inversión.

3.- La gestión debe permear hacia todos los niveles de gobierno; es decir, el uso prudente y honesto de los recursos públicos debe ser una tarea inaplazable en los estados y municipios. La concordancia de intereses entre los gobernantes locales y diversos agentes económicos ha sido un factor lesivo para la sociedad, no sólo por la distorsión de los recursos fiscales, sino porque han puesto en riesgo su seguridad por las fallas encontradas en las obras e infraestructuras construidas; además el sobreprecio y las tasas de retorno proyectadas a favor de los inversionistas privilegiados han hecho, en un buen número de casos, que las obras públicas sea inaccesibles para un importante segmento de la población.

4.- La gestión gubernamental debe llevar a una tendencia de corrupción “cero”. Las cifras de este flagelo son incuantificables y su medición es tan compleja que no existe acuerdo: algunos la estiman en 2% del PIB, otros en 4.5% y hay quien considera que estaría cercana al 9%. Sin importar su cuantía (AMLO la estimó durante el periodo de campaña en 500 mil millones de pesos anuales), no existe controversia alguna en el sentido de frenarla para redistribuir la desviación hacia los programas y sectores sociales menos protegidos.

Crecimiento económico con finanzas sanas, es el gran reto y ello sólo se puede lograr con una adecuada gestión de Gobierno.

Sobre la austeridad habría que decir que  esta no se impone, que primero hay que predicar con el ejemplo: “el buen juez por su casa empieza”. Esta es condición para que la austeridad sea socialmente aceptable. Así lo está haciendo AMLO, al anunciar que se va a reducir el sueldo a la mitad, además de restringirse diversos servicios y renunciar a la ostentosidad que privilegia el cargo. Todo pinta bien. ¿No creen?