viernes 16 de noviembre de 2018 | 11:04
Columnas

AMLO: no olvides a los pueblos indígenas en tu agenda legislativa

@jos_redo jue 12 jul 2018 16:29
Los 62 pueblos indígenas de México han experimentado durante siglos exclusión y discriminación por parte del Estado y la sociedad.
Los 62 pueblos indígenas de México han experimentado durante siglos exclusión y discriminación por parte del Estado y la sociedad.
Foto propiedad de: Internet

 

El virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador manifestó, en su discurso triunfal la noche del 1º de julio: "Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados; en especial, a los pueblos indígenas de México”.

López Obrador conoce las condiciones de desigualdad, exclusión, pobreza y abandono que padecen los pueblos indígenas. Su experiencia como delegado del antiguo Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, le permitió conocer los problemas de los pueblos originarios y el aprecio que sienten por su cultura, su lengua y su dignidad.

Los 62 pueblos indígenas de México han experimentado durante siglos exclusión y discriminación por parte del Estado y la sociedad. Fueron los primeros habitantes de estas tierras, sin embargo, han enfrentado políticas que los ignoran y pretenden imponer leyes y programas sin el menor respeto por sus diversas identidades culturales.

En los pueblos y comunidades indígenas, entre sus representantes y líderes, así como en la comunidad de investigadores, expertos y conocedores del tema, se ha generado una expectativa importante con el triunfo de AMLO, se tiene confianza en que, como lo ha dicho el propio tabasqueño, “se pague la deuda histórica que se tiene con ellos”.

Por ello, es importante apuntar que los pueblos indígenas están ausentes en la primera agenda legislativa presentada por AMLO, a pesar de que existen numerosos temas pendientes de legislar para reconocer plenamente los derechos de los pueblos originarios, tanto en el terreno político, como en materia económica, social y cultural.

Es pertinente revisar someramente la agenda legislativa inicial de AMLO, para corroborar que los pueblos originarios no ocupan espacio alguno:

1.              Ley reglamentaria, para que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.

2.              Reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

3.              Reforma constitucional para eliminar el fuero y que el Presidente pueda ser juzgado por violación a las libertades electorales y por corrupción.

4.              Tipificar como delitos graves la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral.

5.              Elaborar en su momento la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2019.

6.              Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaria de la Defensa Nacional.

7.              Revertir el reciente decreto de privatización del agua.

8.              Modificar o revocar leyes correspondientes a la reforma educativa.

9.              Establecer en el Artículo 3º de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad, incluido el superior.

10.       Establecer la revocación del mandato y quitar trabas a la consulta popular, que sea de carácter vinculatorio.

11.       Reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país.

12.       Ajustar la estructura administrativa del gobierno al plan de austeridad republicano.

Como puede observarse, ninguna reforma de la agenda legislativa inicial del Presidente AMLO está destinada a los pueblos indígenas. ¿Quiere decir esto que los primeros habitantes de estas tierras no serán prioridad, que, al igual que durante los gobiernos priistas y panistas, serán ignorados y tratados como mexicanos de segunda categoría? Esperemos que no.

Recordemos que el levantamiento del EZLN en 1994 derivó en la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas de 2001, a través de la cual se reconocieron en el 2º Constitucional derechos políticos, económicos, sociales y culturales a los pueblos originarios. La correlación de fuerzas entonces imperante, dominada por PRI y PAN, impidió que se incluyeran en el texto constitucional derechos fundamentales, como:

a.              Ser reconocidos como sujetos de derecho público

b.              Reconocer su derecho a la consulta, previa, libre e informada cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, para obtener su consentimiento.

c.              Garantizar su derecho al desarrollo sostenible, sustentable y con identidad, con instituciones, prioridades y objetivos en cuya definición y conformación participen directa y efectivamente los pueblos indígenas.

Desde luego, esta lista de pendientes legislativos en materia indígena, no es exhaustiva ni mucho menos. De hecho, los tres puntos antes expuestos condensan todo un programa de reformas constitucionales, legales e institucionales, que, desde 1994, los pueblos indígenas de México demandan para construir una nueva relación con el Estado y la sociedad, basada en el respeto a la dignidad y la representatividad de cada parte.

Es decir, los pueblos indígenas son sujetos de derechos fundamentales que se expresan en dos aspiraciones: la autonomía y la libre determinación. Para que esas aspiraciones se vuelvan realidad, son necesarias numerosas reformas legales y la transformación de las instituciones encargadas de garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios, en particular la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El virtual Presidente electo debe enviar mensajes inequívocos a los más de 25 millones de mexicanos que se identifican o autoadscriben como indígenas. Un mensaje de aliento y solidaridad, que refleje su convicción de reconocerlos como parte componente de la Nación Pluricultural y el Estado Pluriétnico.

No como pueblos y comunidades pobres que piden una dádiva o una batería de programas asistenciales, sino como sujetos colectivos que exigen participar en la construcción del país como partes fundadoras del pacto nacional.

Es probable que venga otra serie de reformas legales y constitucionales por parte de López Obrador. Es posible, y deseable, que contenga reformas legales e institucionales que honren el compromiso de pagar la deuda histórica con los descendientes de los primeros habitantes de México.

En tanto, puede plantearse una propuesta: que el 1º de septiembre se presente una Iniciativa de Ley General de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Que la suscriban los diputados y senadores oriundos de regiones indígenas y que reciba de AMLO todo el apoyo que no ha recibido este asunto por parte de gobiernos anteriores.

Otra propuesta: en la agenda legislativa inicial de López Obrador, se incluye un tema de carácter anual, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Corresponde a AMLO definir prioridades y estrategias en ese Presupuesto.

La propuesta es que se incremente el presupuesto asignado a la CDI en un 100%. A reserva de que se revise la estrategia transversal de atención a los pueblos indígenas, que incluye a otras 15 dependencias federales, que por cierto no ha funcionado, es urgente que en lo inmediato se envíe este mensaje de solidaridad con las comunidades indígenas.

La propuesta no sale de la nada: AMLO debe saber que en el Presupuesto 2017, a la CDI se le recortó el 50% de su presupuesto. Tratándose de la institución que tiene la responsabilidad de garantizar la vigencia de los derechos indígenas, sobre todo en materia de desarrollo, aquel recorte fue brutal e insensible. Por ello, el gobierno de López Obrador puede comenzar venturosamente con esta medida de verdadera justicia social.