México.- El pasado 4 de junio un Tribunal con sede en Tamaulipas concluyó que las autoridades relacionadas con la investigación del caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, actuaron de manera equivoca al incurrir en prácticas como la tortura para la resolución del caso.

Además los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito calificaron el proceso como arbitrario, dependiente y poco eficaz; en palabras de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juaréz (Centro Prodh), la resolución de los tribunales representa una innovación jurídica que reconoce el derecho de las víctimas de justicia y acceso a la verdad.

Durante un conversatorio organizado por la Universidad Iberoamericana, Patrón reconoció la importancia del origen de la sentencia, asegurando que esta da cuenta del reconocimiento del propio Estado: su incapacidad para resolver los conflictos de interés entre autoridades. En ese sentido la Comisión de la Verdad representa, a su juicio, un elemento de control externo que no “quita la facultad de investigar al MP”, toda vez que las autoridades no han demostrado tener voluntad política para resolver qué pasó con los estudiantes. 

Investigadores y representantes que participaron en el conversatorio coincidieron que la resolución de este y otros casos es la falta de quehacer político. 

El “mensaje de pacificación" del gobierno que entrará en funciones a partir del próximo 1 de diciembre fue considerado como un área de oportunidad para el avance del caso; Maria Paula Sardón, investigadora del Instituto de Jurídicas de la UNAM, señaló que: 

En el evento participaron representantes de diferentes organizaciones civiles como el CentroProdh, Artículo 19 y Fundar; investigadores de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el Flacso, además del delegado del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, los cuáles refrendaron su compromiso para continuar con actividades de difusión con el nuevo gobierno.