domingo 23 de septiembre de 2018 | 11:40
Columnas

En Contexto. En el campo está la cosecha y II

@lusacevedop mar 19 jun 2018 21:25
Este planteamiento constituye una verdadera revolución agropecuaria
Este planteamiento constituye una verdadera revolución agropecuaria
Foto propiedad de: Intenet

 

Pocos podrán dudar que el campo es el sector con el abandono más profundo entre las políticas públicas del desarrollo de México.

Desde el siglo XIX, pese a ser uno de los promotores del movimiento revolucionario que no solamente transformó modelos feudales, sino que sembró las semillas de una democracia en construcción y pareciera estar condenado a las actividades meramente agrícolas, alejado del desarrollo.

Por esa razón, en el siglo XXI en el campo prevalecen condiciones de vida y producción que nada tienen que ver con la globalización. Proporcionalmente al territorio nacional, hay grandes zonas casi condenadas al autoconsumo y a la subsistencia, en donde todavía se siembra con coa, frente a regiones privilegiadas de producción exportadora.

Aun así, en el campo se generaliza el peor de los rezagos, en donde la mujer, especialmente, pero también los niños, viven marginados, en donde se limita el acceso a la educación y la salud, por lo que las condiciones de vida y la infraestructura son escasas, además de que la tecnología tiende a ser un bien prácticamente inaccesible. No hablemos de conectividad en la era del Internet, porque el campo no es rentable para los prestadores de este servicio.

De cara al cambio de gobierno, el documento promovido por Rimisp, Centro latinoamericano para el Desarrollo Rural, propone a los candidatos presidenciales voltear a ver al campo, pero con una visión de desarrollo sustentable y considerando los ecosistemas naturales, que exigen una acción multisectorial adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada región y territorio.

Este planteamiento constituye una verdadera revolución agropecuaria ya que plantea no solamente el rescate y la conformación de lo que llaman “la nueva sociedad rural” sino el replanteamiento de los esquemas de planeación, coordinación de instituciones y promoción de modelos productivos específicos para cada zona productiva, con lo que se favorece el progreso social y económico, al tiempo que se promueve el arraigo con visión productiva y cultural.

De acuerdo con el documento de Rimisp, coordinado por Gustavo Gordillo, el “desarrollo rural requiere enfocarse en ámbitos de influencia territorial que generan efectos económicos multiplicadores en comunidades colindantes”, esto significa la necesidad de reconocer la elevada existencia de campesinos de muy bajos ingresos que son susceptibles de vincularse a producciones ilegales debido a que están muy lejos de la “justicia distributiva y la eficiencia económica” de las políticas públicas.

Para desestimular ese tipo de actividades se propone que “no solamente permanezcan si así lo desean en sus actividades tradicionales, sino que puedan integrarse a otros mercados” por medio de la promoción, con recursos públicos, de empresas comunitarias que impulsen la comercialización local y regional de productos de sus ecosistemas o del desarrollo de géneros agrícolas despreciados como la vainilla o el cacao de aroma con características orgánicas, de comercio justo, que les abriría oportunidades de desarrollo económico.

El texto dice que “el campo requiere un presupuesto multianual en función de los ciclos productivos, de una continuidad transexenal de las principales políticas públicas y de una revisión del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) con profundidad en la definición de su objetivo de largo plazo y no en la suma de programas actuales.

“Esto incluye: prioridad en la atención a la producción del minifundio privado y de los ejidos; recuperar la producción de bienes y servicios públicos como son la investigación y desarrollo; la función y operación de la extensión que se ha dejado en manos de servicios privados con poca transparencia respecto a los recursos recibidos efectivamente por los productores; se requiere, también, invertir en la infraestructura en almacenamiento, en pequeña irrigación, en caminos rurales, en electrificación, en inclusión digital y en la recuperación de recursos naturales, especialmente suelo y agua, afectados por degradación y contaminación.

“Además, es indispensable una verdadera articulación de políticas productivas, sociales y ambientales, que superando la atención clientelar, conlleve una visión de desarrollo local y regional sustentable a partir de los recursos naturales locales”. Ello, junto con un espacio real de participación y concertación entre distintos actores que inciden en los ámbitos rurales y que esté dotado de capacidad real para incidir en el diseño de políticas públicas.

El texto destaca: “… en resumen, el principal reto es impulsar un verdadero proceso de transformación de las políticas públicas, que reconstruya la base productiva del campo mexicano, eliminando incentivos para la búsqueda de rentas, reorientando el gasto hacia los pequeños y medianos productores, hacia una alimentación sana, suficiente y asequible y hacia los diversos bienes públicos, impulsando la participación organizada de la sociedad y respetando el medio ambiente para garantizar el largo plazo.

Es indispensable poner un énfasis especial en estimular la participación de mujeres y jóvenes […]”.

El documento hace una caracterización de la propiedad y el uso de la tierra en México: “De 196.4 millones de hectáreas que abarca el territorio nacional, los ejidos y las comunidades ocupan el 52.5% del territorio, en tanto que la propiedad privada ocupa el 41%. En esta extensión se encuentran enclavados 32,082 núcleos agrarios. De ese total a diciembre de 2016 el 95% de los núcleos y el 92% de la superficie de esos núcleos agrarios ha sido certificada por el Registro Agrario Nacional. Las tierras de uso común –en donde se encuentra bosques, selvas, pastizales y otros recursos naturales- representan el 62% de la superficie total de ejidos certificados, en tanto que casi el 36% son tierras ejidales parceladas”. Y con estos datos, advierte la necesidad de una política y una campaña nacional en los ejidos, comunidades y pequeñas propiedades de información sobre derechos y procedimientos.

Dados “potenciales efectos catastróficos”, dice, “debe subrayarse que es muy escasa la atención que las autoridades y las políticas públicas le dan a las tierras ejidales de uso común, que representan más del 60% de la propiedad social y que muchas de ellas han sido repartidas internamente en los ejidos y desmontadas para trabajarlas. En esa dirección es indispensable tener un registro actualizado y continuo en materia agraria incluyendo operaciones vinculadas al usufructo de la tierra, lo que requerirá un programa efectivo de seguimiento y de información en los núcleos agrarios. También es indispensable un programa para el registro catastral –quizás federal– de la propiedad privada rural.

El documento propone una reforma profunda en la institucionalidad, para abordar de manera integral la producción, productividad y manejo sustentable de los recursos naturales, y para aplicar las políticas agropecuarias y alimentarias en un orden coherente, pues hoy muchas de las facultades relacionadas con lo alimentario están dispersas en diversas dependencias y organismos públicos.

 En cuanto a la erosión de la gobernabilidad en varias regiones del país, debida al recrudecimiento de la guerra contra las drogas (2007-2017), el texto dice que el crimen organizado ha logrado cooptar y/o someter a poblaciones rurales para la producción, tráfico de drogas u otras actividades ilícitas como el robo de combustible. “Es inaplazable impulsar nuevamente una discusión nacional en torno a la descriminalización y legalización de las drogas”, dice.

Por otra parte, agrega, “en algunas regiones empresas mineras y energéticas han intensificado sus actividades sin la debida consulta y concertación con los habitantes locales generalmente dueños de recursos naturales, multiplicando la movilización en defensa de los territorios en varias entidades del país. Estos efectos negativos que impactan la gobernabilidad rural deben ser resueltos mediante el fortalecimiento, la transparencia y democratización de los gobiernos locales así como de los mecanismos de gobernanza de los ejidos y de las comunidades, y de concertación con agentes económicos regionales, nacionales e internacionales”.