martes 23 de octubre de 2018 | 03:38
Columnas

Descentralizar a la Educación Pública

@jcma23 vie 25 may 2018 21:29
Los tres candidatos (Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade), se muestran en favor de la descentralización educativa
Los tres candidatos (Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade), se muestran en favor de la descentralización educativa
Foto propiedad de: Internet

 

Las posiciones políticas que han adoptado los candidatos a la presidencia de la República, este 2018, en el contexto de la disputa por el poder público, han tocado de manera destacada el tema de la Reforma Educativa y, junto con ello, el debate sobre el rumbo que habrán de tomar las políticas en este ámbito clave de la vida nacional.

Como parte de esta discusión, quiero referirme a un texto interesante, pero polémico, que fue escrito recientemente por el doctor Lev Velázquez (La Jornada, 17 de mayo, 2018), donde el autor describe las diferentes posiciones políticas expresadas por los candidatos contendientes en torno a la educación pública. En particular, hay un subtema, dentro de los tres que le llaman la atención a Velázquez, (“evaluación contra los derechos de los maestros, modelo educativo para la explotación laboral y privatización escolar”), el cual merece un examen más cuidadoso y profundo. Me refiero a la iniciativa de “descentralizar” a la educación pública, desde una perspectiva administrativa y organizativa.

Sobre este asunto en especial, el doctor Velázquez señala lo siguiente: “Quiero resaltar una peligrosa coincidencia. Los tres candidatos (Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade), se muestran en favor de la descentralización educativa y la autonomía presupuestaria; ambos elementos constituyen el último escaño para desresponsabilizar al Estado del financiamiento de la educación que antes había pasado por traspolar responsabilidades de la Federación a las entidades, de ahí a los municipios y ahora directamente al centro escolar. La administración escolar descentralizada es una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para focalizar los recursos públicos, esto es lo que la reforma mexicana llamó escuela al centro, que tiene como objetivo reducir la capacidad de atención excluyendo a las escuelas indígenas, rurales, comunitarias y periféricas de las ciudades.”

Pareciera un contrasentido: ¿Una política pública educativa “descentralizadora”, pero que al mismo tiempo quiere que la “escuela esté al centro”? ¿Al centro de qué? ¿Realmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional que ha recomendado la descentralización educativa “para focalizar los recursos públicos”?

Para el doctor Velázquez dirigir, en términos de políticas públicas, al Sistema Educativo Nacional (SEN) hacia la “descentralización educativa y a la autonomía presupuestaria”, constituye una “peligrosa coincidencia” entre los candidatos, pues con ello se evitaría que el Estado asumiera sus responsabilidades educativas, a partir de la “pulverización” del presupuesto público.

Al respecto, no coincido con las ideas expresadas por el doctor Lev Velázquez; enseguida diré por qué. De antemano, considero que éste es un tema de debate que habrá de discutirse ampliamente y a profundidad, con más trazos de argumentación e información, en los foros que para tales efectos se lleven a cabo en el futuro cercano, sin caer en la consigna fácil ni en la proclama demagógica.

El asunto de la descentralización educativa y la redistribución del presupuesto hacia las entidades federativas nos es una iniciativa que haya surgido recientemente, sino que se llevó a cabo desde 1982, año en que se iniciaron los trabajos hacia la descentralización de la educación pública en México, proceso que aterrizó, diez años después, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en 1992.

“Los planteamientos descentralizadores del sector educativo… tienen su origen desde 1978, en donde se inicia la desconcentración administrativa de la SEP y la creación de las 31 delegaciones en las entidades del país, pero fue hasta el 1º de diciembre de 1982 cuando el presidente Miguel de la Madrid dijo, en el discurso de toma de posesión: ´Haciendo mío un reclamo nacional, he decidido promover la transferencia a los gobiernos locales de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal que el gobierno federal imparte en todo el país, así como los recursos financieros correspondientes. El gobierno federal conservará las funciones rectoras y de evaluación que ejercerá a través de la Secretaría de Educación Pública´.”

“Sin embargo como se vio en ese periodo no se logró realizar tal proceso, fue hasta el gobierno posterior (1988-1994) cuando se dio curso a la transferencia de los servicios educativos con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en mayo de 1992, sin embargo, es con la firma de los convenios entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados de la República, cuando se inicia propiamente el proceso de federalización educativa.” (2)

Cabe mencionar que el debate, hoy, sobre la descentralización de la educación obligatoria en México (Educación Básica y Media Superior), es un asunto clave que va más allá de las atribuciones administrativas, operativas y financieras, debido a que también incluye decisiones de gran calibre en el ámbito académico y pedagógico.

Recientemente expresé así mis comentarios al respecto, en el sentido de que se requiere de un efecto contrario a la “centralización” de las decisiones en torno a la Educación Obligatoria en México, en el ámbito sobre todo pedagógico: “Actualmente las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que tome o asuma el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos (con sus respectivos presupuestos públicos). Por lo anterior, urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y legislativo; en y con el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; en los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; en las organizaciones de la sociedad civil; así como con representantes empresariales; con estudiantes y padres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de que se distribuya la toma de decisiones en los niveles estatales y municipales, y se logre así una democratización de las determinaciones y de las acciones de la educación obligatoria.” (ver “Cinco propuestas para la Educación Pública en México”, SDP Noticias, 7 de mayo, 2018)

Los argumentos para justificar una política de descentralización educativa profunda, en ambos planos (administrativo y pedagógico) son los siguientes:

1) Conviene a nuestro sistema educativo nacional, contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en asuntos educativos cruciales (como el rezago educativo existente), en cada región y localidad. Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduce en beneficios para las prácticas democráticas, sin duda.

2) Considero que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, burocratizado y oneroso, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de criterios de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, pedagógicas, y donde lo administrativo acompañe a este tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta hoy.

 

3) La idea de crear una Escuela al Centro significa, en el contexto de la Reforma implantada durante el sexenio de Peña Nieto, no la pulverización de las responsabilidades del Estado, sino más bien, potencializar la atención más cercana del Estado (en sus tres niveles de Gobierno: municipal, estatal y federal) hacia la Escuela Pública, y evitar en lo posible la burocratización o la intermediación de cientos de programas gubernamentales, que usan a la escuela como instrumento de políticas públicas diversas, pero no para fines educativos.

4) Por otra parte, considero que los problemas y necesidades escolares identificados por las autoridades educativas federales y estatales, así como por los directivos, docentes y padres y madres de familia, en el sentido de transformar a la organización escolar con intenciones académicas y generar esquemas que brinden mayor autonomía a la escuela, han llegado a un punto de coincidencia en la definición principal de la estrategia “Escuela al Centro”. Dicho en otras palabras, se trata de inducir a la escuela pública hacia la desburocratización y convertirla en unidad de educación efectiva para favorecer los aprendizajes de los niños, las niñas y los jóvenes. Propósito esencial en el cual es difícil estar en desacuerdo.

El problema de la “Escuela al Centro”, en el fondo, es otro y tiene que ver con otras vertientes: como el problema derivado de la atención prioritaria o diferenciada hacia escuelas ubicadas en cabeceras municipales en detrimento de las escuelas marginadas, de la periferia o de organización multigrado.

Pienso que la idea de deslegitimar al proceso de descentralización educativa (como una conspiración de la OCDE), no toma en cuenta las ventajas que ofrece un enfoque de amplia participación social  y democrática en los asuntos escolares, y lo único que deja como alternativa, lamentablemente, es la continuidad de un modelo centralizado de la administración y el desarrollo académico de la educación pública, como ha sucedido en México desde 1921.

Ojalá que el debate amplio e informado sobre la planificación democrática de la educación pública en México, (que incluye la discusión sobre el tipo de “descentralización” que se requiere) en la coyuntura política actual, no se quede atrapado en las consignas simples ni en la toma de decisiones apresuradas, sino que recupere las diversas expresiones y la pluralidad que caracteriza a las diferentes regiones del país.

 

 

Referencias:

(1) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1961, con sede en París.

 

(2) Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. (2002) Aspectos generales de la descentralización educativa (Estudios de caso).  http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1714/Descentralizacion_Educativa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

 

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