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Nacional

Desiste PGR de ejercer acción penal contra Infraiber por supuesto espionaje a OHL

Redacción SDPnoticias.com mar 15 may 2018 18:41
Foto propiedad de: Archivo Cuartoscuro

Tras no encontrar elementos para ejercer acción penal en contra de directivos y representantes de Infraiber, por supuesto espionaje a cabezas de OHL, la PGR archivo la averiguación previa abierta desde 2015.

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) finalmente desistió de ejercer acción penal en contra de directivos de la empresa Infraiber, luego de no encontrar elementos para procesarlos por una supuesta intervención de las comunicaciones y extorsión en directivos de OHL, que a inicios de 2015 fueron exhibidos en audios divulgados en YouTube donde comentaban presuntos actos de corrupción. 

En un comunicado, Infraiber recordó que en septiembre de 2015 la PGR montó un operativo en el Estado de México para detener a su representante legal Paulo Díez, a quien, de manera ilegal, se le sembró una pistola para intentar incriminarlo de portación ilegal de arma de fuego. Días después, la autoridad lanzó un cateo en oficinas de la empresas y sustrajo computadoras, teléfonos celulares y documentos, con el objetivo de recabar información referente al supuesto espionaje. 

La serie de acciones tenía como objetivo la localización y presentación de Pedro Topete Vargas, señalado como dueño de Infraiber. No obstante, y tras no encontrar elementos que sustentaran la imputación, la PGR fue obligada a devolver el material incautado en 2017 y el 15 de noviembre de ese año un juez federal ordenó a la procuraduría resolver la averiguación previa iniciada desde 2015. 

Fue el 13 de diciembre de 2017 que la PGR acordó el no ejercicio de la acción penal, mismo que fue ratificado en definitiva el pasado 17 de marzo. El conflicto entre Infraiber y OHL deriva de las licitaciones otorgadas por el gobierno del Estado de México para la construcción del Viaducto Bicentenario. En el desarrollo de la trama, Infraiber ha presentado denuncias en contra de autoridades federales y mexiquenses  por supuestas irregularidades en los procesos que habrían beneficiado a la constructora española.