Ciudad de México.- El coordinador de voceros de la campaña de José Antonio Meade, Javier Lozano, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar las investigaciones sobre un presunto caso del lavado de dinero en la compra-venta de un inmueble que fue propiedad de Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente. 

En conferencia de prensa dijo que existen “tales elementos a la vista que no hay pretexto para que la PGR no actúe y mande llamar a todos. Que se acelere, profundice y nos dé resultados a la brevedad".

Manifestó que no quiere ver a una procuraduría actuante con filias o fobias, sino que responda a la información pública, misma que, según una nueva recopilación de su equipo, podría involucrar una red de tráfico de influencias que manipuló el predio original que albergó la nave industrial propiedad de Ricardo Anaya.

“Los terrenos de la Fundación (por Más Humanismo) y la nave industrial eran del estado; los venden a cercanos a Anaya siendo él secretario particular del gobernador de Querétaro”, señaló el vocero, quien dijo que la red también concentra a Manuel Barreiro y Eduardo de la Guardia. 

Precisó que tanto el edificio que se construyó en el terreno de la Fundación como la nave industrial que se desarrolló en el parque industrial fueron obra de De La Guardia (apoderado junto con Anaya de la Fundación por Más Humanismo). Recordó que Anaya fue secretario particular del gobierno de Querétaro de 2003 a 2009, periodo en el que Álvaro Ugalde Herrera, cuñado de Manuel Barreiro, se desempeñó como su jefe de Unidad Administrativa de 2003 a 2006.

Lozano detalló además que en 2005 el gobierno promovió cambio de uso de suelo de 264 hectáreas en el municipio del Marqués en favor de empresarios, entre ellos Edmundo Salvador Jiménez, fundador de la constructora Agacel Agregados y Asfaltos.

Esa misma en abril de 2016 compró el edificio que construyó la Fundación por Más Humanismo, de Anaya, por más de siete millones de pesos, misma que tenía como vocal a Eduardo de la Guardia Herrera.

Afirmó que toda esa información es pública y reiteró que el caso de los predios de Querétaro primero viene un cambio de uso de suelo para darles un uso comercial, industrial, y después viene la enajenación.

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Y la enajenación se va también a valores que, a todas luces, pues son bajos, "pero que se hace a favor de personas allegadas, en ambos casos estás hablando del mismo personaje: de Barreiro”.

“Entonces sí se está hablando de un tráfico de influencias, o por lo menos esa es mi conclusión, claro, quien tendrá que hacer la indagatoria y las conclusiones, primero a nivel ministerial y luego a nivel judicial, pues son las autoridades competentes”, agregó.

Con información de Notimex