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Columnas

Gobiernos negociando con el crimen transnacional organizado. Análisis de casos V

@JorgeRetanaYart mié 07 mar 2018 11:16
Mara Salvatrucha
Mara Salvatrucha
Foto propiedad de: Internet

 

Hoy presentamos el caso de las negociaciones entre del gobierno de El Salvador y los grupos criminales denominados “Maras”. Pero antes, una recapitulación.

Estamos presentando una serie de artículos sobre cuya temática casi nadie desea  hablar por distintas razones, y es el de cómo diversos gobiernos se ven compelidos a buscar un acuerdo negociado para terminar el largo y muy sangriento conflicto que ha traído consigo la presencia de las organizaciones y las acciones del crimen transnacional, unas  con mucho más poder que otras, pero todas, representando un gravísimo problema para las sociedades contemporáneas, negociaciones con grados de éxito muy asimétricos. Es un proceso de diálogos y acuerdos en extremo complejo que genera mucha polarización y polémica social, pero los gobiernos han considerado que los probables beneficios de llegar a un acuerdo con aquellas, son mucho mayores que mantener el conflicto y las decenas de miles de vidas cegadas, cuyo origen social es indisputable, pero no se quiere ver así, por ignorancia, sometimiento ideológico y cultural, o conveniencia política.

En Italia, las negociaciones con la mafia de la Cosa Nostra y la Camorra Napolitana, generaron una expectativa importante con avances significativos, pero igual que en otras experiencias, los obstáculos fundamentales a superar provenían de una parte del gobierno y las propias instituciones del Estado: grupos dentro del gabinete presidencial, los cuerpos armados y de inteligencia y el aparato judicial. No es posible lograr el éxito sin la unanimidad de criterio sobre la negociación. Los equipos al frente de ella requieren todo el apoyo de conjunto de los involucrados. El boicot al proceso desde dentro de las filas del gobierno y de otro poder de la República, hace muy complejos los consensos indispensables para avanzar. Sin embargo, es indispensable atender e incorporar los criterios y razones de los disidentes, esto no es una cuestión de disciplina oficial. Lo peor es que el fracaso, regresa el conflicto a la violencia extendida y las muertes sin límite.

Un aspecto muy interesante de la experiencia italiana presentada hace dos semanas, es la consigna del máximo dirigente de la Cosa Nostra: “hacer la guerra para firmar la paz”, y una vez abiertas las negociaciones, surgió la controversia entre ambas partes sobre la figura jurídica adecuada para firmar la rendición, enjuiciamiento y desmovilización definitiva, “aceptable” para “los hombres de honor”: “el arrepentido colaborador de la justicia” (testigo protegido) era inaceptable, equivalía a una “rendición con delación” de la organización, sus actividades e integrantes; el solo ”arrepentimiento judicial” o “disociación voluntaria” equivalía a una deserción, tampoco lo era, en todos los casos probables, se adicionaba el “arrepentimiento religioso”, entonces la mafia propuso la “disociación sin dilación” o “arrepentimiento judicial no delator”, acuerdo que finalmente no llegó, y siguieron las confrontaciones y las muertes.

La “Mara” exhibió una fuerte capacidad de organización y acción delictiva, incluso, más allá de sus fronteras geográficas naturales (de su país de origen, El Salvador), ya que se nutrieron de los inmigrantes ilegales capturados  y encarcelados  en  California, EUA, y luego deportados a Centroamérica, en donde se organizaron como “pandillas callejeras” pero delictivamente en cuanto a organización y operación, evolucionaron, puesto que no sólo cometían delitos ordinarios (secuestros, asaltos, crímenes, etc.), sino que  empezaron a actuar como crimen transnacional organizado: tenían grupos selectos de empresas, no muchas aún, en ciertas regiones, a quienes les cobraban “derechos de protección”, paso precedente al dominio de territorios, sustraídos a la Soberanía estatal, pero metidos también, en el negocio del tráfico de personas para inmigración ilegal, a cuyos líderes les exigían el 70% del negocio. Es decir, actividades típicamente criminales de mayor abarcamiento, observando una curva de ascenso en las zonas en que actúan.

Un personaje que inició el impulso a un posible acuerdo entre la criminalidad organizada (la “Mara”) con la intervención del gobierno, fue un periodista y documentalista de nacionalidad hispano-francesa de nombre Christian Poveda a través de su documental titulado “La Vida Loca” que dio a conocer la vida interna de las pandillas y muchos de los elementos de identidad, tanto de la “Mara 18” como de la “Mara Salvatrucha”, autor quien llegó a filmar asesinatos  reales entre los grupos delictivos, “inexplicablemente”, porque no encontró diferencias importantes entre ellos, ni en lo social, ni en lo religioso ni en lo cultural, dijo “es una guerra entre pobres”. Aunque no se habla exactamente de de “negociación” entre las bandas “Maras” y el gobierno, él mencionó la necesidad de reinsertar a 14,000 jóvenes a la sociedad y evitar que se sigan destrozando, lo cual se entendió así, dado que no sucedería automáticamente, había que ir por ellos. El documental fue dado a conocer entre finales de 2008 y principios de 2009, y se vio en Muestras Internacionales de Cine. Christian Poveda fue asesinado el 2 de Septiembre de 2009, crimen atribuido a los “mareros”, a integrantes de dichas bandas. (sic)

 

Luego, en noviembre de 2011, cuando el gobierno de orientación izquierdista en El Salvador, dio a conocer una “nueva estrategia de seguridad”, y se colocó en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública al general retirado David Munguía Payés, hubo un intento de negociación con los “Maras” (ambas facciones) supervisado por el Gabinete de Seguridad del gobierno, integrado por miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Poco trascendió del intento, pero hubo dos circunstancias que lo hicieron fracasar: el fuerte cuestionamiento de ciertos sectores de postura conservadora, y al parecer, el incumplimiento de algunos acuerdos por parte de los “Maras”, según versión oficial, aunque algunos líderes “maras” lo siguieron impulsando.

Bajo tales antecedentes, abordamos la coyuntura de la negociación habida:

De los cerca de 5,000 delitos anuales cometidos (2011) en El Salvador (tasa similar a la de Brasil, según especialistas), la inmensa mayoría son atribuidos a ellos (los “Maras”), pero son diferentes grupos a su interior, como en otros casos, enfrentados entre sí, pero sus acciones criminales llegaron al sureste de México y a la península de Yucatán, extendiéndose por otros países del Istmo Centroamericano. Crecieron mucho.

Durante el mes de marzo de 2012, empezó a circular información de prensa en El Salvador, en cuanto a que la mayor estabilidad social que se apreciaba, al mejorar reduciéndose sensiblemente la violencia callejera, era producto de un acuerdo entre el gobierno salvadoreño (proceso con total sigilo), de tendencia izquierdista, y los dos grupos más importantes de “la Mara”, “la Mara Salvatrucha” (MS-13) y “la Mara 18” (M-18), al haber pactado “una tregua” a instancias del gobierno, ya que, además, se vio  en la televisión y se escuchó en la radio nacional a Dionisio Arístides, líder de “la Mara Salva trucha” pedir perdón a la sociedad por los delitos cometidos y agradecer a “quienes les habían dado la oportunidad de cambiar”,  agregando: “somos seres humanos que no están aquí sólo para hacer el mal”. (125) La tregua entró en vigor en marzo de 2012.

(http://www.interpeace.org/latinoamerica/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/La-tregua-como-proceso-de-construcci%C3%B3n-de-paz-social.pdf)

Hubo entonces, “una tregua”, un cuerdo que deberá ampliarse en el tiempo, que implica continuar con contactos y negociaciones buscando darle perdurabilidad,  ampliando la agenda temática. Algunos clérigos de la Iglesia participaron como facilitadores en el acuerdo, al parecer, no la iglesia institucionalmente, por ejemplo, el Obispo Fabio Colindres, capellán del Ejército, a quien se atribuye un rol destacado, lo hizo.

Se otorgaron las siguientes concesiones: desde los primeros días de marzo, se registró el traslado de 30 prisioneros pertenecientes a “la Mara” (en general) digamos de los líderes criminales, de la prisión de “Zacatecoluca” (conocida como “Zacatraz”, por las severas condiciones imperantes) a cárceles más laxas en su disciplina interna, como las de Cojutepeque y Ciudad Barrios, 18 líderes del M-18 y 12 del MS-13) en donde pueden recibir todo tipo de visitas; se retiró al Ejército como custodio de las prisiones en donde se recluía a “los Maras”. Esencialmente, se trató de esas dos medidas.

 

El proceso fue acompañado y legitimado internacionalmente y en términos del Derecho Internacional, por la OEA, quien estableció un Acuerdo de Cooperación y un “Comité de Asistencia a la Seguridad”. El Secretario General de la OEA declaró en ese momento que:

Lo que estamos haciendo en El Salvador es una de las acciones más significativas que estamos realizando en el hemisferio en este momento”, porque esta tregua “es una respuesta institucional, cada vez más sólida, al gran problema de Centroamérica que es la violencia”.

(http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-128/13) 

Los dos grupos de “Maras”  ordenaron mediante sus líderes desde la cárcel, cesaran las acciones delictivas, en especial los homicidios (el 90% son atribuidos a los “Maras”), pero igualmente las extorsiones y el reclutamiento de adolescentes en las escuelas. Efectivamente la violencia callejera en unos cuantos días se redujo en 50%.

Las reacciones fueron diversas, pero se definieron a partir de dos opiniones contrapuestas: una aprobatoria que critica el carácter transitorio del acuerdo y señala la ruta ideal que pudo haber seguido para hacerlo un acuerdo definitivo, diríamos, que es una postura de “aprobación crítica”; y la otra, de abierto rechazo, invocando el carácter delictivo de “las pandillas” y la legalidad como premisas sociales, aunque dando la bienvenida a la caída de los índices de homicidios.

El periódico digital “El Faro.net”, una de los más activos en la investigación de este proceso, ha dicho que “se puede negociar una incorporación de las pandillas a la vida civil, que involucre programas de reinserción y de participación económica, abandonando toda actividad delictiva y generando condiciones para su disolución, como agrupación formal, considerando el desarme total y su posterior inserción a la vida económica y social del país dentro del marco legal establecido”. Esa sería una correcta “negociación”, pero negociar una “disminución en la cuota de asesinatos” a cambio de beneficios para ciertos individuos no es más que una acción cosmética. Fue su postura oficial. Ambiciosa.

Sostenible o no, la tregua que la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, pusieron en marcha en marzo de 2012, ha modificado el pensamiento convencional sobre quiénes son las pandillas convertidas en organizaciones criminales transnacionales, y cuál es la mejor forma de manejar la problemática más complicada de orden público y legal en los países del Triángulo del Norte centroamericano: El Salvador, Guatemala y Honduras. (https://es.insightcrime.org/investigaciones/los-aspectos-positivos-y-negativos-de-la-tregua-entre-pandillas-en-el-salvador/)

Esta última cuestión, muy importante reflexión de orden conceptual que rompe con el dogma dominante: solo metralla para los infractores de la ley. ¿Y la política?