miércoles 15 de agosto de 2018 | 08:19
Columnas

Gobiernos negociando con el crimen transnacional. Análisis de casos III

@JorgeRetanaYart mié 14 feb 2018 08:41
Pablo Escobar
Pablo Escobar
Foto propiedad de: Internet

 

En nuestras dos entregas anteriores, expusimos e ilustramos con hechos y referencias al detalle, los aspectos centrales de la negociación que implicó desde el gobierno de Ronald Reagan una negociación de doble vía: venta ilegal de armas para una fracción moderada de religiosos contrarios a Jomeini, líder de la revolución iraní, para recabar $12.0 millones de USD, y canalizarlos a la ayuda militar para la "contra nicaragüense", no obstante que el Congreso de los EUA había prohibido ambas operaciones, las cuales tuvieron como trasfondo, un acuerdo mediante la CIA y  miembros del Consejo de Seguridad Nacional, como el coronel Oliver North (apoyados por la Presidencia), un pacto con los cárteles de Medellín (el de Pablo Escobar en Colombia) y el de sus socios en México, el Cártel de Guadalajara (quienes aportaron más de $10.0 millones de USD) para "la causa”, comandado por Félix Gallardo, a cambio del libre tránsito de la droga colombiana y mexicana hacia los EUA. 

La razón fundamental por la que el Congreso de EUA prohibió continuar con la ayuda de todo tipo a la "contra nicaragüense" fue por los informes de la DEA de que estaban traficando con drogas y lavando dinero en la frontera Nicaragua-Honduras. Es un caso en extremo revelador, de cómo se puede violar por partida triple el marco constitucional en los EUA, por el Presidente de la República, y hacerse de recursos de origen ilícito para hacer avanzar dos líneas de política exterior estratégica: armar a los oponentes al Ayatolah Jomeini y a los oponentes armados al gobierno revolucionario sandinista, negociando con grupos de la criminalidad trasnacional para ello. 

Negociación Gobiernos colombianos-Cartel de Medellín (Pablo Escobar). El proceso inicia cuando los hermanos Rodríguez Gacha, Ochoa Vásquez y Lehder, socios de primer nivel de Pablo Escobar Gaviria, son enviados para entrevistarse con el ex presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, en el Hotel Cesar Park Marriott, en Panamá, para hacer, por su conducto, una oferta de negociación al entonces presidente Belisario Betancur (“La tregua fallida de Escobar según el FBI”, última actualización, 10 de julio de 2012, proceso abierto que da como resultado un “Primer Acuerdo” en septiembre de 1988. www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/4102-la-tregua-fallida-de-escobar-segun-el-fbi/), 

Un macro-factor de enorme gravitación en todo el proceso, junto con el propio Plan Colombia (colaboración militar con Estados Unidos), es el antes y el después del Tratado de Extradición (instrumento jurídico de cooperación judicial para combatir el delito trasnacional) firmado entre Colombia y Estados Unidos en 1979, aprobado por el Congreso en 1980 durante la Presidencia, justamente, de César Turbay Ayala (1978-1982, el interlocutor elegido por Pablo Escobar en Panamá, sucesor de López Michelsen), que entraría en vigor en 1982; a pesar de ello, el siguiente presidente, Belisario Betancur (1982-1986), rechazó varias solicitudes de extradición hechas por Estados Unidos aduciendo “problemas de soberanía”. Y cuando se decide a extraditar, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia lo impide, al objetar “irregularidades” (1986). La extradición se reactivó en mayo de 1986 con Virgilio Barco, pero en paralelo, abrió negociaciones directas con los emisarios de Pablo Escobar. (Aurora Moreno Torres, “Una reflexión crítica sobre la extradición en Colombia como debilidad del sistema judicial y político”, revista Encrucijada Americana, Universidad Alberto Hurtado, 3 de marzo de 2012, número 1, páginas 51-56, www.encrucijadaamericana.cl/articulos/)

Los contactos y diálogos de negociación se desarrollaron por canales oficiosos, pero con el conocimiento de los titulares de la administración política del país, es decir, de los presidentes de la República y su tácito consentimiento, ya que tales escenarios prospectivos duraron más de 12 años.  El Acuerdo establecido pero no formalizado, giró en torno los siguientes temas: entrega de todos los laboratorios clandestinos de procesamiento de hoja y pasta de coca al gobierno constitucional; cese de la lucha armada contra el gobierno; entrega de cuentas bancarias al gobierno e introducción de todos los recursos financieros acumulados a Colombia, con amnistía fiscal para los bienes de los capos, cancelación definitiva del Tratado de Extradición; abandono definitivo del negocio de tráfico de cocaína, y discusión de una Ley de Indulto. (Ver, "Los Barones de la Cocaína", Editorial Planeta, México 1998).

Esta primera fase exitosa, pronto se ve eclipsada debido a varios sucesos que ponen en tela de juicio y revierten todo el proceso negociador, debido a tres hechos fundamentales que marcan el final de este periodo y sepultan el acuerdo que se había alcanzado: la Operación Primavera de la Policía Nacional de Colombia (ajena al proceso negociador), iniciada en julio de 1988; el “veto” a la negociación por la segunda administración de Ronald Reagan, en noviembre de 1988; y el asesinato del candidato a la Presidencia de la República de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento (19 de agosto de 1989, el más grande error de Pablo Escobar), líder del movimiento disidente del Partido Liberal llamado Nuevo Liberalismo (del que había sido expulsado el propio Escobar Gaviria en 1981), eventos que concluyen este primer periodo, a partir del cual, se entronizan dos tendencias contrapuestas tanto al interior de la organización criminal, como de las filas del gobierno (además de los cuerpos armados, el Poder Judicial, también se oponía abiertamente a la pacificación negociada), quienes deseaban continuar las negociaciones y quienes planteaban su conclusión inmediata y reanudación de las hostilidades armadas, debido a la lectura que cada bando hacía de los eventos antes narrados. Además, se produce el "segundo veto" por parte de EUA a cualquier posible acuerdo. Porque además se produjo otro evento de alto impacto: el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (atribuido a la autoría de Pablo Escobar), quien había denunciado reiteradamente la penetración por parte de los cárteles del aparato de justicia colombiano. Ante dicha situación, un grupo de sacerdotes ofrecieron sus "buenos oficios", su mediación para rescatar y ejecutar el "Acuerdo de Paz" logrado.

El Cártel de Medellín dio a conocer ese mismo mes, en la ciudad de Barranquilla, el comunicado 001, que daba la bienvenida a la postura de los sacerdotes y reiteraba su voluntad de pactar con el gobierno circunscribiéndose a ofrecer ante la Iglesia y el pueblo colombiano, “en forma solemne”, que en cuanto se prohibiera jurídicamente en el país la extradición a Estados Unidos, suspenderían de inmediato las acciones militares contra “los extraditadores” (John Jairo Aristizabal, “El Plan Colombia y Política Antidroga de los Estados Unidos”.

Medellín,2006,www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Villada_PlanColombia_politica_antidroga_Estados_Unidos_%202006.pdf),  Recordemos su consigna: "Preferimos una tumba en Colombia, que una cárcel de por vida en EUA", enunciada en eses mismo comunicado.

Era más que evidente, que el compromiso jurídico del Tratado de Extradición con el gobierno de EUA, pesaba inmensamente, al gobierno de Colombia y al interior del proceso negociador (ojo, gran lección para México), pero también gravitaban con demasiada fuerza, las muertes de altos personajes de uno y otro lado a manos del enemigo, por lo cual, ninguno de los bandos enfrentados quería dejar de usar una gran presión militar para hacer ceder al otro.  

Sin embargo, no sobrevino ningún otro gesto del gobierno y los capos ordenaron el asesinato del coronel Jaime Ramírez, quien dirigía la implacable persecución contra los cárteles (comandos antinarcóticos) intensificándose con ello las hostilidades armadas. En mayo de 1988 la mafia buscó mediante un abogado cercano a ellos –Guido Parra– un interlocutor prestigiado con la finalidad de mantener el diálogo abierto en Panamá, ahora mediante el exministro Joaquín Vallejo Arbeláez, de respetable trayectoria pública (aprovechando su artículo periodístico en donde exhortaba al gobierno a una política de diálogo con todos los grupos actores en la violencia, reflexionando sobre una vía que “terminara con el baño de sangre”, puesto que “nada se pierde con oírlos”); y él, personalmente, aceptó dialogar con los capos del Cártel de Medellín en junio de 1988, ganando rápidamente otro aliado importante para esta causa: Germán Montoya, secretario de la Presidencia.  Para reforzar su oferta y promoverla en Estados Unidos, el Cártel de Medellín ideó contratar un despacho prestigiado de abogados y publirrelacionistas en Estados Unidos (el que manejaba dichas materias para Henry Kissinger), invitando al gobierno estadunidense a un diálogo tripartita. Evidentemente no fue posible concretarlo y los intentos negociadores se diluyeron cuando la prensa estadunidense comentó la oferta hecha al segundo gobierno de Ronald Reagan, vulnerando la secrecía y comprometiendo cualquier respuesta, aunque fuera posible suponer el sentido de ella.

Sin embargo, las conversaciones con Joaquín Vallejo continuaron -hemos dicho- hasta redactarse un borrador como principio de “acuerdo” en septiembre de 1988, representando al presidente de la República, al secretario de la Presidencia Germán Montoya, y a los integrantes del llamado “Grupo A”, representantes de los Cárteles de Medellín, de Bogotá y de la Costa (Pablo Escobar, en un alarde de poder, logró sentar en la mesa de negociaciones a estos dos cárteles más. Si embargo, el bloque de fuerzas opuesto (cuerpos armados, poder judicial y gobierno de EUA, más cárteles rivales, como el de Cali), lograron posicionar la consigna de "rendición incondicional", a lo que el "bloque criminal negociador" contra propuso "rendición negociada". Mediante un cambio en la ley, el gobierno de César Gaviria, negoció la entrega condicionada de Pablo Escobar y sus principales lugar-tenientes, para cumplir una pena de 8 años de prisión en la cárcel de Envigado.