sábado 17 de febrero de 2018 | 05:33
Columnas

Reforma Educativa: Continuidad o Cambio de Rumbo

@jcma23 mar 13 feb 2018 22:18
El debate que se avecina…
El debate que se avecina…
Foto propiedad de: Internet

Este mes de febrero se cumplen 5 años de la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de las modificaciones más recientes a los Artículos 3º. y 73 de la Constitución Política Mexicana. Como sabemos, en el Artículo 3º. se definen los términos para garantizar el derecho a la educación para los mexicanos; así mismo, se establecen las obligaciones y el papel del Estado en materia educativa, y los criterios que habrán de observarse en las leyes complementarias aplicables al sector. En el Artículo 73, en su Fracción XXV, se definen las facultades del Congreso para establecer, entre otras, el Servicio Profesional Docente (SPD) en términos de las modificaciones al Artículo 3º.

 

Recordemos que una de las adiciones importantes, en 2013, al Artículo 3º. de la Carta Magna de nuestro país, se dio con la incorporación del párrafo tercero a dicho Artículo, cuyo texto es el siguiente:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” (Párrafo adicionado: Diario Oficial de la Federación, 26-02-2013).

Cabe preguntar, entonces, en un legítimo ejercicio de Pensamiento Crítico: ¿Qué entienden los legisladores por “idoneidad de los docentes y los directivos”? ¿Cuáles son los criterios técnicos y pedagógicos para determinar, desde el punto de vista de la evaluación educativa, el “máximo logro de aprendizaje de los educandos”? En las leyes complementarias se establecen criterios específicos para dar contenido a estos conceptos generales, sin embargo, todavía prevalecen ciertos significados, como el de la “calidad de la educación”, que son objeto de controversia.

El Inciso “d)” de la Fracción II de este Artículo 3º., que también se agregó al texto constitucional, señala que la educación que imparta el Estado:

“d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;” (Inciso adicionado: DOF, 26-02-2013)

También cabe preguntar al respecto: ¿Qué se entiende por “calidad” educativa”? ¿Qué es el “mejoramiento constante”? ¿Es lo mismo el “máximo logo de aprendizaje” que el “máximo logro académico” de los educandos?

Por otra parte, los legisladores establecieron, como premisa, que para alcanzar la “calidad” de la educación, los docentes y directivos (de la escuela pública) deben ser evaluados de manera “obligatoria”, no voluntaria. (Ver Fracción III del Artículo 3º., reformada. DOF, 26-02-2013)

Por lo tanto, a partir de las modificaciones al texto de los Artículo 3º. y 73 de la Constitución Política Mexicana (publicadas el 26 de febrero de 2013), se sentaron las bases de lo que, legal e históricamente, fue el inicio de la actual Reforma Educativa y dentro de ella, se establecieron los criterios y significados generales, jurídicos, para llevar a cabo la “Evaluación de Docentes y Directivos” de la escuela pública, es decir, de los responsables académicos de la “Educación Obligatoria” en México (Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior).

El debate que se avecina…

Como parte de los trabajos que se habrán de organizar, durante los próximos meses, después de las elecciones constitucionales de julio de 2018, es justamente la discusión, no superficial, sino a fondo acerca de los términos abordados previamente. Todo ello con la finalidad de establecer criterios claros y de consenso, tanto al interior de la comunidad académica como entre autoridades educativas federales y estatales, y de los organismos técnicos y normativos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), acerca de lo que la sociedad mexicana debe entender por “calidad de la educación”; “evaluación de docentes y directivos”; “idoneidad del trabajo docente”; “máximo logro de aprendizaje” y “máximo logro académico”, entre otros. En este aspecto, el propio INEE ha producido algunos documentos que han servido de base para definir y aclarar esos términos propios de las políticas públicas educativas, de la investigación educativa y de los círculos académicos especializados en educación.

Las decisiones que se van a tomar en el corto y mediano plazos sobre estos asuntos, serán cruciales para definir el rumbo y los horizontes que seguirá la Reforma Educativa de nuestro país en una nueva etapa de avance.

A estas alturas y después de que han transcurrido cinco años, desde que se publicó el decreto respectivo por parte del jefe del Ejecutivo Federal, conviene reflexionar acerca de los diferentes proyectos que ofrecen, en materia educativa, los candidatos y candidatas, y sus coaliciones, para ocupar distintos puestos de elección popular; pero, en especial, de quienes contienden por la Presidencia de la República.

Como resultado de esa reflexión, se podrían enfocar las diferentes opiniones, con amplitud y precisión, así como visualizar los alcances y limitaciones de las políticas públicas educativas que proponen los distintos contendientes.

Hay, sin duda, dos proyectos alternativos: Uno, el de la continuidad de la Reforma Educativa, en los mismos términos en que fue modificada la Carta Magna y se redactaron y aprobaron las leyes complementarias, tal como hoy lo hemos visto. En este caso, los candidatos más cercanos a esta opción “de continuidad” son José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Otro, el de la no continuidad de esta Reforma Educativa (de 2013), y que propone una revisión de los contenidos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), así como de otros ordenamientos en la materia, mismos que se desprenden, en efecto, de las modificaciones constitucionales descritas. Esta segunda alternativa es la que representa Andrés Manuel López Obrador y los partidos que lo postulan.

El debate está abierto, presumiblemente en un ambiente democrático, ya que ninguna de las opciones políticas que contienden por el poder político en México, podrán llevar a cabo sus trazos de políticas públicas, sin el respaldo de los ciudadanos y ciudadanas que estamos involucrados, directa e indirectamente, con estas decisiones. De ahí que el llamado más sensato y prudente que podemos enviar desde este espacio, es solicitar que todo mundo se informe; que cada quien revise las propuestas y que participen de manera activa y comprometida con estos asuntos que serán claves para el destino de nuestra nación y, en particular, sobre el futuro de la educación.

 

 

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