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Columnas

Elecciones: la educación en disputa

mar 13 feb 2018 15:15
Lo que esos grupos sindicales quieren es volver al pasado. Regresar la historia
Lo que esos grupos sindicales quieren es volver al pasado. Regresar la historia
Foto propiedad de: Internet


Preocupa que el destino de la educación nacional se vea comprometido en el tumulto irracional que suscita la campaña electoral. En el caso de López Obrador, el futuro de la educación se ha atado a la declaración que este personaje hizo acerca de convocar a una asamblea de maestros para hacer un plan de educación “que garantice los derechos laborales de los maestros”.

Todo esto se realizaría en el contexto de la campaña electoral. Tiempo después el mismo candidato declaró que en dicho cónclave participarían “todos los interesados”. Me pregunto: ¿será esto serio? ¿O es un ejercicio más de retórica hueca? Si es serio, que nos diga el tabasqueño quién en su reunión va a representar a los padres de familia, a la sociedad civil, a los empresarios, a las normales, a la UPN, a las universidades, etc.

Sabemos, sin embargo, que en realidad sólo tiene a su lado a los agremiados de la CNTE y a los seguidores de Elba Esther Gordillo. La educación no es patrimonio ni de líderes sindicales, ni de grupos atrabiliarios como la CNTE. La educación es el activo más valioso de la nación, es el servicio que el Estado ofrece a 25 millones de niños y jóvenes, es el medio más poderoso con que la comunidad nacional cuenta para construirse un futuro de democracia y prosperidad.

Por lo mismo, no es admisible que esta actividad tan relevante se ponga en manos de grupos facciosos de dudoso historial, que se mueven por resentimiento, intereses personales o ánimos de revancha. Conocemos a Elba Esther Gordillo. En el pasado reciente, la lideresa del SNTE, con el apoyo del presidente Felipe Calderón, promovió una reforma educativa (2008) que otorgó al sindicato la facultad (inconstitucional) de co-gobernar la educación pública al lado de la SEP.

En el proceso, la cúpula del SNTE se apoderó prácticamente del gobierno educativo y se instaló en el sistema educativo un régimen de arbitrariedad y corrupción sin paralelo desde la época de Miguel Alemán. Ése fue un auténtico secuestro de la educación nacional por cuenta de una agencia privada (el sindicato) y de una persona que por la ostentación de sus riquezas y sus desplantes de poder conquistó para sí el descrédito social. 

La reforma educativa se propuso, precisamente, romper este orden de cosas y recuperar la rectoría de la educación nacional para el Estado. Lo que la reforma ha hecho es combatir la corrupción en el sector educativo, impedir que las plazas sean objeto de comercio impúdico, establecer un sistema impersonal y justo para que sean las personas que demuestren tener las competencias necesarias las que reciban las plazas. Y lo mismo con las promociones. Los concursos de oposición que establece la Ley del SPD hacen imposible que los líderes sindicales y los burócratas corruptos de las secretarías de educación locales coloquen en los puestos de director y supervisor a sus amigos y cómplices.

La reforma educativa desmanteló de golpe una estructura de poder que se gestó desde la creación del SNTE (1943) y, claro, por ese hecho convocó en su contra a todos aquellos que vieron afectados sus intereses y privilegios. Los líderes de las secciones sindicales, encabezados por la 22, se levantaron al unísono para protestar contra una reforma que atentaba contra sus privilegios. 

Lo que esos grupos sindicales quieren es volver al pasado. Regresar la historia. Lo que la reforma hizo fue poner al mérito de los docentes por delante y usarlo como mecanismo para asignar estímulos y obtener reconocimiento. Con el fin de evitar que las plazas de maestro sean vitalicias, que se hereden, y que el ejercicio de la docencia llegue a estar en manos de personas que nunca han tenido ni vocación ni competencias docentes mínimas —con el consecuente peligro para los niños—, el SPD creó la evaluación para la permanencia.

Éste es el quid, el nudo de las discordias. Opino que la evaluación para la permanencia puede discutirse, puede modificarse, es posible cambiar sus términos, cambiar su modalidad, pero derogar la reforma echando abajo el Servicio Profesional Docente en su conjunto sería un disparate histórico.

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(Este artículo, publicado originalmente en Crónica, se reproduce aquí con autorización del autor)