lunes 15 de octubre de 2018 | 11:14
Columnas

De la Madrid se da golpes de pecho y el PRI premia a Rubén Moreira

@CapitolioGHG lun 12 feb 2018 21:07
Rubén Moreira
Rubén Moreira
Foto propiedad de: Internet

 

 

A diferencia de su hermano Humberto, Rubén Moreira disfruta de una exgubernatura dorada. Hasta hoy nada ni nadie le molesta, lo cual es distinto a que nadie lo recuerde. El domingo, al salir de misa del padre Chuy Pedro Oyervides, en Fátima, un académico deploró el daño causado a miles de trabajadores de la educación (en activo y jubilados) por la autoritaria reforma al sistema de pensiones avalado por la anterior legislatura de mayoría priista. El efímero y artificial éxito de Humberto Moreira devino en pesadilla. Su defenestración como presidente del PRI, por el escándalo de la deuda eterna de 36 mil millones de pesos, representó el anticipo de mayores males. El poder cobra según su uso, su abuso o su desuso.

Rubén Moreira terminó su sexenio y como premio por haber retenido el poder sin importar los medios, el presidente Peña Nieto lo convirtió en secretario de Acción Electoral del PRI. Hace unos días lo ascendió a la secretaría de Organización y quizá mañana sea el relevo del anodino líder de ese partido Enrique Ochoa. Con aliados así, José Antonio Meade no necesita que López Obrador y Ricardo Anaya cometan errores. El mensaje es obvio: el grupo Atlacomulco espera una elección presidencial tipo Coahuila y Estado de México. Un final controvertido y una resolución favorable en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adicto al PRI-gobierno. El cálculo es suicida, pues el país no soportaría otro fraude tipo 1988 o 2006.

Moreira fue recompensado como si hubiera sido buen gobernador o hubiese arrasado en las elecciones. Miguel Riquelme cargó con los pasivos y la marca del moreirato —en particular de Rubén— y por eso estuvo a punto de ser derrotado. Entre 2011 y 2017, el PRI perdió casi un cuarto de millón de votos. Con el presupuesto, el Congreso, el Instituto Electoral de Coahuila y el Tribunal Estatal Electoral a su servicio, ¿dónde está el mérito? El costo fue demasiado elevado y la victoria pírrica. ¿Qué explica el premio? Quizá otro tipo de servicios.

Sin embargo, tener entre los operadores de Meade a un exgobernador a quien la Auditoría Superior del Estado le detectó pagos por 410 millones de pesos a empresas fantasma en el ejercicio 2016, entre ellas una relacionada con la entonces secretaria de Infraestructura y Transporte, María Esther Monsiváis, no es la mejor recomendación. La sombra de la corrupción ajena a persigue a Meade, pero será él quien lo pagará en las urnas.

En relación con la Secretaría de Salud, el informe “Cumplimiento de los Puntos de Acuerdo turnados a la Auditoría Superior del Estado, por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Coahuila” revela: “Como resultado de la auditoría número ASE-12496-2016 se desprenden observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades como se muestra a continuación: Egresos. Falta de comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes para su justificación, integrados en dos observaciones. Por un valor de 64 millones 504 mil 424.40 pesos. Las principales observaciones detectadas son las siguientes: No proporcionó la documentación que justifique y demuestre la recepción y destino de los bienes adquiridos” (Espacio 4, 579).

Mientras tanto, el secretario de Turismo Enrique de la Madrid se da golpes de pecho: “en el PRI ha habido gobernadores que (...) son verdaderamente un motivo de vergüenza, no solamente para los priistas sino para los mexicanos”. Unos están en prisión y otros en la campaña de Meade como si tal cosa.

Por otro lado, la Caravana por la Dignidad del gobernador chihuahuense Javier Corral superó el objetivo de recuperar 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda le había retenido al estado por diferencias partidarias, las cuales no deberían existir en un sistema federal y auténticamente democrático, y activar el proceso para la captura y extradición del exmandatario César Duarte, amigo del presidente Peña Nieto y protegido del coordinador de la fracción parlamentaria de PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, y del exlíder nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones.

La mayor victoria de Corral y de los chihuahuenses que apoyaron a su gobernador, como pocos lo son en el país, consiste en haber demostrado lo que es posible lograr cuando existe compromiso, liderazgo e identificación entre sociedad y gobierno. Nada de esto habría ocurrido si los ciudadanos hubieran aceptado la imposición de Enrique Serrano, el delfín del ahora prófugo César Duarte. Corral ganó las elecciones por una diferencia de 100 mil votos bajo las siglas del PAN, mientras que, a Serrano, además del PRI, lo cobijaron los partidos Verde, Nueva Alianza y de los Trabajadores.

La derrota del gobierno federal, que primero argumentó la inexistencia de recursos para solventar el compromiso con la administración de Chihuahua y luego pretextó errores de procedimiento de las autoridades locales para acceder a los fondos, es, sobre todo, política. El mensaje al país es que la movilización pacífica y organizada puede lograr resultados justos para una entidad y doblegar la arrogancia centralista. La retención de los 900 millones de pesos era en realidad un castigo a un estado por haber votado contra el PRI.

Si Coahuila sirvió de laboratorio para las elecciones presidenciales del 1 de julio, bajo la consigna de retener el poder a cualquier costo, en Chihuahua el gobierno de Corral desveló el entramado financiero para desviar recursos públicos hacia campañas del PRI. Igual que Humberto Moreira no ha sido investigado por la deuda de 36 mil millones de pesos y los presuntos vínculos de su gobierno con la delincuencia organizada, César Duarte recibió el mismo trato por sus contribuciones al PRI y al gobierno del presidente Peña Nieto. La PGR prefirió mirar hacia otro lado en ambos casos.

La presión ciudadana obligó a la federación a retirarle la inmunidad a Duarte y a poner en marcha los mecanismos para su localización, captura y extradición —como antes ocurrió con Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo)— con el objeto de procesarlo por el desvío de 250 millones de pesos al PRI y otros delitos cometidos durante su administración en perjuicio del estado de Chihuahua. Duarte, como la mayoría de los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de menor rango, no soportaría el examen más somero sobre su situación patrimonial antes y después de ostentar el poder.

El desvío de recursos del erario y el enriquecimiento obsceno e impune de los servidores públicos —de todos los partidos— agravian profundamente a la mayoría de los mexicanos, sometidos como nunca a un estado de violencia, represión, deterioro de la calidad de vida y abandono de las autoridades a sus responsabilidades mínimas. Las campañas para desacreditar la Caravana por la Dignidad y al gobernador de un estado libre y soberano, lanzadas desde el gobierno federal, no hicieron más que darle mayor vigor a un movimiento que despertó conciencias, unió voluntades y sembró esperanza. Quizá también sea el anticipo de la tercera alternancia en Los Pinos.