México.- Human Rights Watch (HRW) denunció que autoridades mexicanas en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos y que descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con el ejercicio de su profesión.

El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente al 2017 en México, indicó que numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de bandas delictivas. 

Según datos de la PGR, 104 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre el año 2000 y octubre de 2017. Tan sólo entre enero y julio de 2017 ocurrieron ocho casos de periodistas asesinados y una desaparición que la organización Articulo 19 documentó. 

La CNDH informó en 2016 que el 90 por ciento de los delitos cometidos desde 2000 contra periodistas en México han quedado impunes, de esta cifra 82 por ciento correspondieron la impunidad en los asesinatos y el 100 por ciento de las desapariciones.

Desde su creación, en julio de 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Fepade) ha iniciado más de mil investigaciones sobre delitos contra periodistas. En octubre de 2017, había presentado cargos en 115 casos y pero sólo obtuvo 3 condenas.

Human Rights Watch resaltó la investigación llevada a cabo en julio de 2017 por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, donde periodistas y defensores habían sido blancos de una campaña de espionaje llevada a cabo con un sofisticado software espía adquirido por el gobierno mexicano.

Indicó que al menos 11 activistas de derechos humanos y periodistas (así como el hijo de 16 años de una periodista) y miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes realizaron una investigación sobre los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa, Guerrero fueron blanco de ese espionaje. 

También se vieron afectados un senador y dos altos miembros del principal partido de oposición del gobierno en turno. Los afectados presentaron denuncias ante la PGR, que inició una investigación y solicitaron medidas de protección. Sin embargo, el otorgamiento de medidas de protección ha sido lenta o, en algunos casos, insuficiente, denuncia HRW.

Hasta octubre de 2016, 617 personas habían obtenido medidas de protección en México previstas en una ley de 2012 que ampara a periodistas y defensores de derechos humanos, pero los resultados no han sido favorables.