martes 23 de enero de 2018 | 11:55
Columnas

Año nuevo, país en picada

@SinaloaFelipe mar 02 ene 2018 09:18
La Ley de Seguridad Interior no contempla como su objetivo reprimir manifestaciones electorales,
La Ley de Seguridad Interior no contempla como su objetivo reprimir manifestaciones electorales,
Foto propiedad de: Internet

La realidad es una: No hay año nuevo en el sentido estricto de la esperanza, de la expectativa, del cambio, de la renovación. Lo único que vemos desde hace mucho tiempo son los años repitiéndose y con ellos, en vez de avanzar, la vida se deteriora en franca paradoja con el desarrollo de la ciencia y la  tecnología,  a las que en México solo tienen acceso las minorías poderosas.

Hoy estrenamos nuevo año solo como ciclo en el tiempo, cuya pátina agresiva lo corroe y deteriora todo en este país en picada. Una nación paralizada donde la esperanza se hace nudo en el estómago por la vorágine de la caída. No es drama. Detrás de los abrazos decembrinos y los buenos deseos se esconde la incertidumbre, y el Jesús en la boca aflora al escuchar los disparos impunes con que el crimen organizado celebra la llegada del nuevo año y sus próximos negocios.

No existe un software para el desarrollo nacional porque tampoco existe un modelo para empujar al país a nuevos estadios de bienestar y paz para las mayorías. Un modelo justo donde la democracia electoral que se presume se refleje en el mejor reparto de nuestra riqueza, en el impulso de la producción primaria, la industria y los servicios de calidad.

La élite en México desmanteló a las instituciones porque las convirtió en instrumento a su servicio, y al Estado lo redujo a una entelequia endeble, socavado, principalmente, en su ámbito de la seguridad nacional y el desarrollo de sus regiones.

Desmantelaron todo bajo la falsa divisa de que el Estado solo debía mantener una función regulatoria, priorizando incluso, por encima de la seguridad nacional en su acepción más amplia, procesos privatizadores que, a la postre, devinieron en el más alto grado de corrupción que se tenga memoria en la historia de México.

Cierto, con el argumento de combatir al populismo de suyo cerrado, demagógico y desordenado y “abrir a México al mundo para modernizarlo”, la élite gubernamental, encabezada por Carlos Salinas de Gortari, modificó sustancialmente la Constitución para incautar los bienes del Estado y, al mismo tiempo, adjudicarlos a grupos empresariales nacionales y extranjeros de los que ellos, los gobernantes en turno, se convirtieron en socios. El populismo se hizo nada, comparado con la corrupción y el saqueo que el grupo neoliberal implantó desde su arribo al poder.

Es cierto que había mucho que corregir en este país; que había que abrir su economía y sus fronteras, y que al Estado habría que ordenarlo en términos de su intervención en la economía, pero de eso, entre otras cosas, a dejar sin instrumentos financieros a los productores, privatizar totalmente la banca para abrirla a la especulación feroz y poner la infraestructura del desarrollo nacional en manos privadas, hay una distancia enorme. Han hecho chilar y medio con el país; empobrecieron más al pobre y desaparecieron a las clases medias. Ellos, la clase política, los partidos y sus dirigentes, le entraron a los negocios y redujeron a las instituciones en meras intermediarias entre las licitaciones diversas y los grupos económicos consentidos del Presidente en turno. Un verdadero descaro nacional.

Los neoliberales o tecnócratas lo han vendido todo, hasta su alma. Todo lo que huela a un buen negocio lo ejecutan sin compasión. La corrosión está presente hasta en su aliento. ¿Cómo explicar el apoderamiento de algunas regiones del país por los grupos delictivos sin la colaboración de los gobiernos? Los territorios fallidos lo son no porque el crimen organizado tenga por sí mismo esa capacidad: También compra plazas policiacas, secretarías de seguridad pública, presidencias municipales, curules en las legislaturas locales y federal, partidos políticos, aduanas y a otras instituciones ligadas a la operación concreta de su actividad. Si hay regiones fallidas hay instituciones fallidas, porque también la clase política y gobernante han puesto a la venta su funcionamiento. Los que presumían de orden, de honestidad y democracia, han desordenado, corrompido y destrozado económica y políticamente al país. El Instituto Nacional Electoral es apenas una caricatura al servicio de los partidos y el gobierno. La gente cree firmemente que sus Consejeros son parte central del problema.

Los gobiernos neoliberales, desde Salinas de Gortari a la fecha, se encargaron de darle estatus constitucional a la pobreza extrema, y a la pobreza en general, bajo la idea convenenciera de concentrar los recursos con que antes se financiaban las actividades de la producción primaria para darles uso electoral, y para mantener a raya las necesidades más elementales como el hambre, la salud y la educación. Una vileza imperdonable.

La concentración brutal de la riqueza y el pensamiento draconiano determinante, de que el desarrollo de un país solo es posible a través de entregar sus recursos naturales a los grandes corporativos financieros internacionales, ha vulnerado, en la misma proporción, la calidad de vida de los mexicanos.

Nuestros gobernantes, sobre todo en los últimos tres sexenios, ni siquiera han sido capaz de entender que su propio modelo de desarrollo los ha convertido en enemigos jurados de la mayoría de los mexicanos y que sus procesos electorales no sólo han perdido legitimidad, credibilidad, sino que las propias contiendas se han convertido en un mal ejemplo internacional de la alta chapucería algorítmica. “Haiga sido como haiga sido”.

Han estirado demasiado la liga, por eso, con justa razón, los ciudadanos creen con firmeza que la llamada Ley de Seguridad Interior tiene el propósito central de utilizar al Ejército para mantener al régimen por la fuerza, ante la clara eventualidad que ahora, ni con toda la maquinaria de cooptación en la masa desarrapada ni con la mejor ingeniería para el desvío de los votos, podrían derrotar a sus oponentes.

Ciertamente, la Ley de Seguridad Interior no contempla como su objetivo reprimir manifestaciones electorales, pero sí toda aquella movilización que el Presidente de la República considere como amenaza a la seguridad nacional.

Queda claro que una manifestación de rechazo se daría en proporción al tamaño del fraude y, por lo tanto, bajo los antecedentes en los resultados electorales de este país, la gente espera que el régimen y sus aliados, dispuestos a no entregar el poder, hagan uso y abuso de diversos recursos al margen de la ley por tal de conservarlo.

En consecuencia estamos hablando de la lucha por el poder en un contexto donde el que gobierna sería el primero en no respetar la voluntad de la gente, en violentar la constitución y, por lo mismo, provocar un enfrentamiento civil más allá de las simples protestas contra los órganos electorales.

En una palabra, lo que los analistas, los organismos internos en la lucha y defensa de los derechos civiles, la Comisión Interamericana  en la materia, la ONU a través de sus instrumentos de defensa de los Derechos Humanos en el mundo observan, es que la élite neoliberal del país no está dispuesta a entregar el gobierno y ni siquiera, incluso, dentro del margen de su modelo económico flexibilizar sus políticas para que al menos la gente respire una pizca de bienestar. Ni eso.

Aun así créanme que este tecleador les desea de todo corazón un 2018 prometedor y justiciero.