viernes 20 de julio de 2018 | 05:48
Columnas

2018: Conflicto asimétrico y guerra asimétrica contra la inseguridad

@JorgeRetanaYart mar 02 ene 2018 18:26
La Ley de Seguridad Interior no podía tener impecabilidad jurídica.
La Ley de Seguridad Interior no podía tener impecabilidad jurídica.
Foto propiedad de: Internet

Quien aspire a gobernar México debe tener claridad y programa respecto del tema de la seguridad multidimensional: pública, interior, nacional y humana. La sociedad y el Estado mexicano están hoy cruzados por un conflicto asimétrico que ha desatado una guerra asimétrica (disparidad significativa en todos los órdenes entre contendientes), la cual, no se ventila como tal ante la sociedad, ni tampoco ayuda a entenderla así, el que la oposición ideológica y política se haya centrado en la crítica a la estrategia seguida y sus graves consecuencias, o bien, que haya planteando la despenalización de las drogas menos dañinas para los consumidores, como también, que enfatice el combate a la posible inconstitucionalidad de las medidas, leyes, reglamentos y acciones para atacar a las organizaciones criminales (las ordinarias y las transnacionales), que sin duda tiene mucho sentido e importancia, pero deja de lado la parte socio-política y el enfoque militar sobre el tipo de conflictividad social que enfrentamos. Es una omisión sustantiva. Este relegamiento (la naturaleza del conflicto y las  implicaciones de la guerra asimétrica) deriva en aceptar el tema de la criminalidad como un fenómeno esencialmente jurídico-penal (nosotros pensamos, alternativamente, en la concepción sociológica de la criminalidad), y aceptando dicha interpretación, sólo queda la acción punitiva armada (cárcel y penas cada vez más severas) o el aniquilamiento de los infractores (desviados sociales) por las fuerzas coercitivas del Estado. Y, se deriva también de ello, la necesidad sin remedio de incurrir en altísimos costos sociales, como parte de las implicaciones que trae consigo el  enfoque militar vigente. Por eso, marginar o relegar estos dos temas, debilita la correcta interpretación del problema, y nubla la búsqueda fecunda de alternativas de solución. 2018 puede ser el año de la disputa política estratégica sobre el problema de la seguridad en México. Sin incorporarlos, las propuestas de los candidatos, serán parciales, carentes de organicidad, de coherencia interna, y giraran en la órbita del dominio ideológico cultural impuesto por EUA sobre el tema.

Vivimos la Era de los conflictos asimétricos, que derivan en guerras asimétricas, aunque esta conceptualización no sea reciente o nueva en las doctrinas o ámbitos de la guerra, al contrario, pero tampoco es ocasional o fortuita refiriéndose a  un conflicto agudo, sino un rasgo estructural de las guerras actuales o modernas en el cuadro de las conflictividades armadas de nuestros tiempos (Geiss, Robin: 2006). Así entonces, la dinámica de los enfrentamientos militares asimétricos, por su propia naturaleza, impacta en forma directa la aplicación y vigencia, o no, de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) propio de la guerra, o de la Seguridad Humana, el compromiso social del Estado constitucional moderno, en sociedades nacionales que son escenario de ellos. Es decir, la estrategia seguida y el alto costo social hasta hoy cubierto por los mexicanos, tiene la raíz estructural, en la concepción filosófica y social sobre el conflicto, y en el enfoque del tipo de combate armado (militarización) para resolverlo: la guerra asimétrica.

Que la oposición se concentre en lo antes dicho (estrategia e impactos sociales y constitucionalidad de los ordenamientos normativos) resulta parcial e incompleto, porque con ello no logra hacer retroceder un proceso que tiene otras determinantes  estructurales. En consecuencia: concepción filosófica y político-social, estrategia y devastación humana, están indisolublemente ligados por una matriz estructural común, por un diagnóstico equívoco sobre el tipo de enfermedad que padecemos, y por tanto, por una medicina no efectiva, por expresarlo así.

De allí que la militarización del combate a la criminalidad (repetimos, ordinaria y transnacional) sigue la lógica de oponer a las fuerzas criminales que han rebasado en distintos órdenes al Estado, la fuerza militar del mismo, en donde las primeras no parecen tener posibilidad alguna de derrotar a ésta última, a menos que logren controlarla (no sólo penetrarla, que es el principio, pero no es lo mismo penetración que control), no obstante, el fracaso hasta hoy en poner bajo completo dominio de la autoridad pública a las organizaciones criminales, ha generado un escenario de  impasse entre los contendientes armados, que prolonga los álgidos efectos sociales. Este impasse trata de romperse en favor del Estado con la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada:

"¿Cómo puede conciliarse, por ejemplo, el concepto de necesidad militar, que sirve normalmente para justificar el grado de fuerza necesario para obtener la derrota militar del enemigo, con una situación en la que una parte en el conflicto carece, desde el comienzo, de toda posibilidad de triunfar por las armas? Es más, los desequilibrios militares de esta magnitud alientan obviamente a la parte desaventajada a compensar su inferioridad eludiendo las normas de la guerra aceptadas", nos dice, R. Geiss. 

Así la criminalidad (otros autores les llaman "entidades o actores no estatales", e incluyen a grupos yihadistas y guerrillas de izquierda), sobre todo, la transnacional, ha compensado su desventaja armada, numérica, logística y tecnológica, haciendo pagar un altísimo costo social e institucional (en sangre, desapariciones forzadas, daños colaterales, des-legitimidad de las instituciones, reprobación social, crisis de la gobernanza, etc.) a las fuerzas armadas del Estado mexicano y al gobierno federal. Los cuerpos armados y el jefe mismo del Estado consideraron que sin la Ley en los términos planteados, había una asimetría jurídica que daba ventaja a los grupos criminales: las primeras obligadas a respetar marcos legales, los segundos, sin respetar nada. Había que poner el piso parejo. Por ello, ha existido tanto desfasamiento entre intelectuales y académicos, políticos, defensores de derechos humanos, líderes de oposición, incluso, especialistas de organismos internacionales y el jefe de Estado y sus fuerzas armadas: porque no están bajo la misma perspectiva, unos visualizan el marco constitucional, la estrategia y los elevados costos sociales, y éstos últimos, proyectan el escenario de la guerra asimétrica y las acciones punitivas. Tienen distintas prioridades y ángulos estratégicos del conflicto asimétrico y de la guerra que se libra. Todo ello, me hace pensar como hipótesis interpretativa, lo he dicho ya, que estamos a la puerta de una gran ofensiva contra el crimen transnacional y el del orden común, como objetivos  de gobierno. Es decir, el Ejército y la Armada, la Policía Federal, pueden ofrecer mejores resultados en esta guerra, pero con las garantías jurídicas del caso para sus acciones e integrantes.    

En suma, centrar la crítica y la acción opositora en la legalidad, estrategia y los costos sociales, es muy importante, pero lo fundamental es ir a la raíz: disputar la validez teórica, filosófica y conceptual de la visión dominante sobre la naturaleza penal del conflicto y el manejo de éste último, que es el desarrollo de la guerra asimétrica, con todas sus consecuencias, en la cual, preserva y fortalece, la Ley de Seguridad Interior, aprobada por “representantes populares” que obedecen consignas políticas pero ignoran todas las aristas de un fenómeno complejo. Bajo esta perspectiva, el respeto irrestricto a la seguridad humana es punto menos que una utopía. Su negación es consustancial a  las concepciones que subyacen a la guerra asimétrica, tal y como lo apreciamos en otros escenarios similares en el mundo. No olvidar nunca el aforismo mexicano “la ley es legal aunque sea anti-constitucional”.

Si a las fuerzas federales mexicanas, al Ejército y la Armada, las dejan en riesgo de poder cobrarles judicialmente, dentro o fuera de México, sus omisiones, excesos o acciones ilegales al seno de la guerra asimétrica, esto genera una ventaja para el contendiente criminal, porque limita las acciones contra él  (nivel de fuerza, tipo de armamento, recursos tecnológicos, etc.), pero si les das mayores poderes y recursos legales no obstante su cuestionabilidad constitucional, compensas en favor de las fuerzas armadas del Estado lo que venía siendo -aunque no lo pareciera- una desventaja en el campo de las  acciones armadas frente al beligerante criminal, pero también, ante la sociedad nacional (por las bajas colaterales, etc.). Esta es la lógica y justificación precisa de la Ley aprobada. No la aceptamos, la dilucidamos. Se re-hizo así el marco jurídico  de la guerra asimétrica, como prioridad estratégica.

Por ello, la Ley de Seguridad Interior no podía tener impecabilidad jurídica, está hecha para desarrollar en mejores condiciones para las fuerzas armadas del Estado mexicano, los términos de la guerra asimétrica que libran. Tuvo razón una senadora de la oposición de izquierda en afirmar que se trata de una Ley casi de excepción que otorga facultades especiales para la guerra, pero entonces, el tema de fondo, es una nueva concepción filosófica y política sobre el conflicto asimétrico y el manejo armado o no del mismo, ya que la concepción actual está materializada en la Ley aprobada, expresando una “necesidad militarestrechamente vinculada a los objetivos de guerra, en otros términos, un marco legal justificatorio de las infracciones futuras a la legalidad constitucional o de la imposición de facto del “estado de excepción”, como prefiramos entenderlo, que conlleva también, la adecuación de las actividades de inteligencia militar y policial (escuchas telefónicas, ciber espionaje, etc.)  Todo, para lograr el sometimiento y control del enemigo. Colombia al fondo, el ejército colombiano, los asesores estadounidenses.

La gran paradoja de todo ello, es que si cambiamos los ejes interpretativos del problema mexicano, sobre las causas y expresiones que nutrieron las problemáticas criminales de hoy, nos damos cuenta con prístina claridad que No son solucionables mediante mayores, más extendidas o complejas dosis de violencia y costos sociales, y que aquello es, entonces, la tarea fundamental estratégica de los opositores.

Si la Ley aprobada recientemente pudiera echarse atrás, es imperativo concentrarse en la formulación de una concepción distinta acerca del conflicto asimétrico que cruza a la sociedad y el Estado mexicano, sin tutelas intelectuales extranjeras.