sábado 16 de diciembre de 2017 | 03:08
Columnas

México: el imperativo de una nueva política de seguridad III

@JorgeRetanaYart mié 06 dic 2017 11:04
¿Más sangre soluciona el problema?
¿Más sangre soluciona el problema?
Foto propiedad de: Internet

La aprobación fast track de la Ley de Seguridad Interior, sin el amplio consenso imprescindible que un tema crucial como este demanda, es una arbitrariedad e irresponsabilidad política hacia la sociedad. Es una Ley necesaria en su existencia, pero sin los contenidos sustantivos que un gobierno sin legitimidad, interna ni externa, y sometido al “colonialismo intelectual”, se propuso hacer avanzar a toda costa, expresando así la pre-modernidad impresentable de su régimen político. EPN ofrece así a EUA una prenda más para recabar la confianza en su candidato Meade.

Las propuestas tentativas de AMLO, de una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa (¿y los demás?), es correcta (aunque se han borrado casi todos los rastros del crimen de Estado), pero la de una Ley de Amnistía para pacificar el país, tiene dos méritos y dos fallas importantes: a) cambia los términos de la discusión sobre la estrategia para combatir a la criminalidad, generando opciones políticas, no sólo militares, otorgando un nuevo enfoque para ello; b) reconoce la naturaleza social del problema, pero “la Amnistía” no es la figura jurídica adecuada para quienes lo protagonizan. Si aquí los amnistías, en EUA los van a reclamar vía el Tratado de Extradición, y se hace conflictiva la situación; c) falla central, es que si sometes las causas judiciales de los criminales, a una “extinción de responsabilidades de delitos cometidos en un periodo determinado” en territorio nacional, sin darles un cauce jurídico compatible con el objetivo de pacificación social, se complica el propio consenso social sobre la iniciativa. En Italia, se propuso y discutió (no se aprobó)  una “Ley  del Arrepentimiento” en donde los integrantes de organizaciones mafiosas podían acogerse a ella y desmovilizarse, sin obligación de delatar a la organización o a sus líderes, pero con una penalización acotada por sus delitos, considerada dentro de los “beneficios de ley”. Por esta ruta parece más realista. Y algo fundamental: ofreces a los criminales la opción de salvar la vida; d) segunda falla: no es posible emitir una medida de ese tipo, sin una concepción alternativa del problema, sin un programa de reformas que cambien el escenario social de origen. Son propuestas de inicio, exploratorias, pero bastó para que se le fueran encima. ¿A qué quieren llegar? ¿ 1 millón de muertos? ¿Más sangre soluciona el problema?

México vive una severa crisis de seguridad entendida multidimensionalmente: seguridad pública, interior, nacional y humana. Uno de los más serios problemas para su ataque y reversión es la “colonización  intelectual” que padecemos, en virtud del dominio ideológico y político-cultural que ejercen los EUA al respecto, y por lo tanto, en las políticas de seguridad bilateral. Requerimos una concepción propia al respecto. El régimen autoritario en México no requería un replanteamiento de sus leyes, políticas y policías cuando la criminalidad de Estado era plenamente controlable, pero de 20 años a la fecha hay un reto gigantesco a las atribuciones constitucionales del Estado, ya que todos los sectores sociales, las instituciones privadas y públicas, los procesos y territorios nacionales, han sido, cimbrados por la acción y penetración de la criminalidad transnacional y el crimen del orden común, que exhibieron las graves limitaciones del aparato de seguridad y del poder judicial de la República, pero también, de los recursos del régimen político para afrontarlos, el cual se adaptó con facilidad a un paradigma armado, militar, violento y de centralización política en su mando, como fórmula de combate. Hoy el crimen transnacional, es un gran factor de poder que gravita por vía de facto, en los grandes procesos sociales, institucionales y económico-políticos del país. Lo será en las próximas contiendas electorales.

De igual manera, es necesario reformular los términos del conflicto asimétrico y de la guerra asimétrica que se libra en nuestro país, pero, en el caso de la Seguridad Pública, en su efectividad, fluctúa y no genera los mínimos que representen mayor confianza de la población. En dicha materia, se postuló la necesidad y el avance sobre el cambio del modelo policial, el reposicionamiento de la inteligencia nacional, la especialización de los encargados de la seguridad en el país, una reforma judicial orientada a la agilización, endurecimiento y ampliación de facultades ante el fenómeno, y una criminalidad transformada en su complejidad, organización, acciones e implante, nacional e internacional. Los ejes centrales de cambio han sido, policías y autoridades de procuración de justicia, pensando en la solución policiaca al problema,  pero, en otra perspectiva, el trabajo socio-político sistemático está ausente sobre los integrantes de las organizaciones criminales, como si no se tratara de un conflicto social, entre seres humanos, y así, no se perciben avances definitivos, aún con la militarización del combate a la criminalidad del orden común, y con los cambios operados en la Seguridad Pública. El eje definitivo está en una concepción que ponga en segundo término la violencia armada, sin renunciar a las potestades coercitivas del Estado. La Ley de la Seguridad Interior en vías de aprobación fast track, mantiene este grave defecto: apuesta a la violencia armada contra las organizaciones criminales transnacionales y del orden común, va por una victoria policiaco-militar ilusoria.

La derrota de las fuerzas policiales en Estados y Municipios, y la cooptación de amplios espacios de su Administración Pública por la criminalidad trasnacional, transformó el tema de la Seguridad Pública en Seguridad Interior, variante de la Seguridad Nacional. Pero se ataca, haciendo alarde de lo más negativo del régimen político: el absolutismo presidencial, el accionar de facto, la sobre posición de autoridades, es decir, el peso aplastante del centro federal y el ejercicio unipersonal del poder. En dicha línea están el “Comisionado Federal” y el “mando único”. Ante la magnitud nacional y aguda en varias regiones y Estados de la crisis de seguridad, requerimos fórmulas colegiadas de decisión, no solo de carácter consultivo (como las  Comisiones de Seguridad) que permitan un abordaje del problema desde una perspectiva republicana, federal-regional-estatal y de los tres poderes, así como, de la búsqueda de procesos de control y  participación ciudadana, además, de limitantes constitucionales, claras y protocolizadas, de las acciones de las fuerzas armadas y federales, aun en los casos en que los ejecutivos puedan estar involucrados con la criminalidad. Hoy en México, ya se reglamentó el poder decretar el “Estado de Excepción” en cualquier territorio de la República. Se gana terreno en esta equivocada y fallida dirección de aplicar toda la violencia armada ante un conflicto de naturaleza social.

Los presupuestos para seguridad y defensa en México se han triplicado y los resultados no lo justifican. No es un tema sólo de recursos públicos: éstos pasaron de $138 mil 737 millones de pesos, en 2008, a $1 billón 820 mil 346 millones, en 2015. Los de seguridad pública pasaron de $19,711 millones, a $56,530 millones de pesos. En la mayoría de los casos, los recursos adicionales, los quitan a rubros y programas sociales. Fatal combinación. Y aun así, en Estados y Municipios, hay sub-ejercicio de recursos en seguridad, reportado por la ASF. El coctel ha sido explosivo, y ha llevado al “manotazo” del gobierno federal para aprobar a toda costa la LSI.

John Bailey ofrece un concepto nuevo, “la trampa de la seguridad”: “Las dinámicas de la criminalidad, la corrupción, la violencia y la impunidad, anulan la voluntad de reforma de elementos del Estado y la sociedad civil, y entrampan la gobernanza democrática en un equilibrio bajo. La metáfora pronostica inercia en el futuro inmediato”. Efectivamente, con lucidez, el autor devuelve el tema de seguridad en su relación orgánica con el régimen político y sus engendros nefastos: corrupción, impunidad, ausencia de democracia. Si no hay un cambio político, puede seguir habiendo miles de muertos, que no solucionaremos nada, a fondo. Es un tema de las instituciones políticas del Estado, de su atrofia, no solo de cuerpos policiacos.

Una reforma real al régimen político implica una reingeniería constitucional para abandonar el presidencialismo absolutista, de impunidad y blindaje al primer círculo presidencial, etc., ya abordé este tema en este mismo espacio, otro día, y no quiero reiterar, pero la reforma del régimen político es imprescindible, para muchos tópicos, pero sobre todo, para abordar la seguridad multidimensional desde una estructura distinta de acceso y ejercicio del poder, auténticamente democrático y controlado social y constitucionalmente, No simuladamente.

La Reforma Social en México, es también un tema de la Reforma del Estado, cuya perspectiva se ha abandonado ante el endurecimiento del régimen político y la atrofia institucional, se detuvo cuando más la necesitamos, e implica, modificar sensiblemente el modelo social imperante en sus diversos órdenes: jurídico, económico, político, institucional, para que permita un nuevo esquema de expectativas y promoción social en un marco institucional distinto, que conduzca a una estructura social más igualitaria, de mayores y mejores oportunidades, con menos diferenciación regional; un modelo de educación  generador de sólidos valores, accesible universalmente, generación estructural de empleos, así como una colectividad nacional proclive a la cooperación más que al conflicto, de apoyo a las instituciones, no de rechazo y hasta repudio a las mismas, con causes siempre constitucionales aplicables para resolver las conflictivas, en un horizonte de mediano y largo plazo. Podemos fijar un horizonte más amplio, porque hemos avanzado en algunos rubros (tolerancia a la preferencia sexual, interrupción del embarazo, etc.) e incorporar otros sustantivos, como la renta universal básica, un flujo de ingreso mínimo y seguro para todos.

Nuestra Reforma Social debe  bloquear el que los jóvenes y adultos, familias enteras, vean en la ruta de la criminalidad lo que no pueden obtener con el respeto a la convivencia armónica y pacífica, que es fundamentalmente, ascenso individual y social, satisfacción de necesidades sustantivas, mediante una agenda ex profeso, que incluya la educación, la cultura, la salud, la oferta de empleo y la comunicación social. Como dicen en CEPAL “un régimen de bienestar mediante la reforma social”, y no como el que existe hoy, de “bienestar social residual” y en retroceso. Los cambios en el modelo económico que lo hagan posible, son sustanciales. No podemos seguir operando con un modelo de economía de bajo crecimiento, baja inversión, empleo, y estabilización cíclica mediante políticas restrictivas, en donde la variable central sea contener la inflación a costa del crecimiento, el empleo y el bienestar. Nadie habla de un nuevo ciclo, expansión- déficit- inflación en donde se pierda el control de las variables fundamentales, sino de un modelo que permita cerrar progresivamente las agudas brechas del desarrollo mexicano. El politólogo italiano Mario Caciagli, estudioso de la mafia, afirma que mientras las organizaciones criminales tengan capacidad para ofrecer empleo, generar y distribuir ingresos y proporcionar mediante ello, movilidad social, son imbatibles, a menos que el Estado detenga dicha suplantación con una mayor eficacia al respecto (ver, “Clientelismo, Corrupción y Criminalidad Organizada”, Madrid, 1996).  Es aquí en donde los cambios al modelo económico son también imprescindibles. Vamos por una economía incluyente. El dogmatismo económico no ayuda, requerimos apertura intelectual con gran sensibilidad social.

La Seguridad Ciudadana sólo puede cuajar en una estructura económico-social y en un régimen político, distintos, por desgracia, no opera ni por milagro, ni por ósmosis o conjuro. Es una construcción social y su vigencia se dirime en el terreno de la lucha por el poder y por sus orientaciones públicas fundamentales, sus programas y contenidos sustanciales. Todo, ha venido creciendo en un entorno mexicano específico: la cultura del autoritarismo político,  la evasión conceptual permanente del conflicto social, y de la pleitesía a los gobiernos del país vecino. Las “zonas de tolerancia” se van reduciendo a lo electoral, pero allí aún predomina la trampa.

Ante la letalidad extrema usada que alcanza a ciudadanos e infancia indefensa y el autoritarismo desbordado, con falta de justicia interna, la sociedad mexicana profundamente agraviada, se desliza gradualmente hacia el llamado “modelo Guatemala” o intervención de los organismos internacionales para proveer justicia a la sociedad mexicana, en la ruta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y la Corte Penal Internacional (CPI), en busca de lo que No encontramos dentro de las instituciones actuales de justicia, incólumes ante todo ello. Ejemplo:  La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH) solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo siguiente: “Solicitamos la cooperación de la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados y del Consejo de Derechos Humanos para que apoyen a la sociedad mexicana y a sus líderes políticos para recuperar la credibilidad del Poder Judicial mexicano, mediante la creación de un mecanismo internacional para combatir la impunidad, similar al de Guatemala”, dijo Ulises Quero al intervenir en representación de la organización mexicana. (http://panorama.ridh.org/ong-pide-a-las-naciones-unidas-una-cicig-para-mexico/).

Considero que todavía hay tiempo para la acción transformadora de los grandes reformadores progresistas en México, que los hay en todos los rincones del país. Aún podemos. Construyamos un modelo y nueva política de seguridad multidimensional, despojándonos del colonialismo intelectual y la subordinación política, revalorando la naturaleza social del conflicto asimétrico contra la criminalidad en México, y el imperativo de una postura de interés nacional al respecto.