México.- Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reiteró que la Ley de Seguridad Interior debe considerar la dimensión de derechos humanos.

En reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, el representante de la ONU informó que el dictamen no se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

En opinión de Jarab, la importancia de la discusión recae en el compromiso del Senado para impulsar avances en el ámbito de los derechos humanos, “sería una pena terminar un año tan productivo para los derechos humanos con la adopción de una ley tan controversial”.

El representante también alertó sobre la falta de vinculación de la ley con los derechos humanos, pese a que la oficina considera que la “dimensión de derechos humanos” es central en las deliberaciones.

Al presentar la posición general de la ONU-DH, Jarab señaló que la decisión de enviar al combate del crimen organizado a las Fuerzas Armadas es errado, pues ello no corresponde a su jurisdicción, “la lógica militar no debería aplicarse en el combate contra la delincuencia”.

Recalcó que desde la implementación de los militares, la oficina alertó por las graves violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, “el uso del paradigma militar no ha sido exitoso”.

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Jarab nombró una serie de afectaciones derivadas de la introducción del ejército en las labores de seguridad pública, como el incremento del número de homicidios y del número de desapariciones que en 2017 rebasó los 33 mil; las deficiencias en investigaciones e impunidad que propician el desconocimiento del porcentaje de homicidios y desapariciones se puede atribuir a servidores públicos, al crimen organizado o al crimen común.

“La estrategia actual incrementó la violencia cometida por otros actores”, debido a la fragmentación de los cárteles que derivó en batallas por el control de la plaza, además se registró un incremento de la violencia que rebasó la capacidad de procuración de justicia.

“El uso de violencia extrema por parte de las autoridades es mal ejemplo para estructuras criminales y la sociedad, normaliza la violencia”, puntualizó el representante de la ONU.

La propuesta de la ONU es un cambio de paradigma militar a la seguridad ciudadana para permitir la salida gradual con enfoque en el fortalecimiento de las corporaciones civiles, prevenir y proteger de manera incondicional de la vida humana.

Jarab llamó a celebrar una discusión pública, inclusiva, honesta e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita.

“La discusión debe ser sobre si funcionó este modelo de seguridad y si no funcionó porqué no funcionó para alcanzar alternativas reales”.

Finalmente, indicó que si se insiste en emitir la ley, los militares deben quedar en un rol subsidiario, como apoyo, su presencia debe ser temporal con una ruta de salida total de las tareas de seguridad, sometido a controles estrictos de rendición de cuentas.