viernes 15 de diciembre de 2017 | 04:11
Columnas

A 11 años de la represión en San Salvador Atenco

@erosuamero jue 23 nov 2017 16:03
Hasta el día de hoy hay voces que siguen reclamando justicia.
Hasta el día de hoy hay voces que siguen reclamando justicia.
Foto propiedad de: Internet

En el mes de octubre del año 2001, el entonces Presidente de la República, Vicente Fox, anunció que la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México tendría lugar en terrenos agrícolas ubicados en la zona de Texcoco. Poco tiempo después del anuncio oficial, ejidatarios de las poblaciones de Tocuila, Nexquipayac, Santa Cruz de Abajo, San Felipe y San Salvador Atenco encabezaron diferentes manifestaciones en oposición al proyecto federal que el propio presidente había ratificado, bloqueando algunas de las principales vialidades de estos municipios. 

Para ese entonces, distintas agrupaciones de campesinos conformaron el llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), iniciando movilizaciones a lo largo del país que tenían como finalidad conseguir apoyos sociales para evitar la construcción del inmueble.

Posteriormente, en el año de 2006 se suscitaron una serie de violentos enfrentamientos en el municipio de San Salvador Atenco entre la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la Policía Federal Preventiva, la Policía Municipal y campesinos del municipio, militantes del FPDT y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los cuales dejaron como saldo el fallecimiento del estudiante, Alexis Benhumea y el menor, Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, que falleció víctima de un disparo de arma de fuego. Pero no sólo eso, ya que fueron detenidas más de 200 personas (entre ellas 10 menores de edad), de las cuales 146 fueron catalogadas como detenciones arbitrarias. Asimismo, fueron expulsados de manera ilegal cinco extranjeros y fueron interpuestas distintas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones sexuales a veintiséis mujeres.

De acuerdo a esta comisión, mediante estos hechos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza física por parte de la policía estatal y federal. Tan es así que el propio pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que distintos servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal, en colaboración con el Gobierno del Estado de México perpetraron graves violaciones de garantías individuales en contra de la población civil, luchadores sociales y periodistas.   

Tiempo más tarde, en el año de 2011 específicamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio luz verde a la petición inicial hecha en el 2008 por once mujeres, víctimas de diversos delitos por parte de la autoridad mexiquense a lo largo del enfrentamiento que hasta el día de hoy sigue pesando en la reputación del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Luego de complicados procesos jurídico-legales, la CIDM emitió un informe en el cual se determinó que el Gobierno Federal en sus distintos niveles fue responsable de torturas psicológicas, físicas y sexuales, detenciones arbitrarias e ilegales, limitaciones en el acceso a la justicia y otras violaciones a los derechos humanos de las víctimas: “En una audiencia pública realizada por este tribunal internacional en 2017 a las once mujeres víctimas peticionarias, la CIDH destacó que dada la severidad de la violencia a las víctimas por las policías mexicanas, el caso es "emblemático por la tortura y discriminación por razones de género" (Milenio, 16/XI/17).

Actualmente, en el mes de noviembre del año en curso, el Estado mexicano aceptó públicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad respecto a los casos de tortura sexual en contra de once mujeres durante los operativos llevados a cabo los días 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Lo sorprendente del asunto es que con una intención implícita de justificación, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y representante del Estado ante la Corte, Miguel Ruiz Cabañas, argumentó que la violencia efectuada por los policías en contra de los manifestantes fue mínima, ya que en todo momento se negó que existiera alguna orden por parte de los mandos encargados de la represión para abusar física y psicológicamente de los detenidos, tal y como aseguraron cinco mujeres que fueron víctimas de abuso sexual ante los jueces de dicha Corte: “Los abusos policiales fueron acciones individuales de algunos elementos […] El funcionario defendió que el operativo en Atenco no estaba dirigido a la detención y violación de los derechos humanos de las víctimas, sino al desbloqueo de una carretera federal y la liberación de agentes detenidos por los pobladores” (AnimalPolítico, 17/XI/17).

De igual manera, Cabañas sostuvo que después de haber sido notificados de los ilícitos cometidos por parte de los policías durante los enfrentamientos, tanto el Gobierno Estatal como el Federal efectuaron las debidas reparaciones por las violaciones a los derechos humanos contra las mujeres afectadas, y que incluso se solicitó a la misma Corte la revisión de las acciones de reparación para que existiera un antecedente de legalidad ante los hechos. Por otra parte, señaló que las acusaciones de las víctimas respecto a la omisión de las demandas por parte del gobierno son falsas, puesto que fue el Estado quien organizó reuniones con los representantes de las víctimas, pero que debido a la negativa por parte de éstas de recibir ayuda, se decidió no intervenir más en el caso de forma legal: “Hubo una oferta muy amplia para cumplir con todas las medidas de reparación” (AnimalPolítico, 17/XI/17).

Palabras más palabras menos, el caso Atenco no únicamente evidencia un grave caso de violación hacia los derechos humanos, sino también una severa problemática en la repartición de justicia hacia los damnificados respecto a este tipo de delitos, expresada en la total impunidad con la que imperan algunos funcionarios públicos. Porque es importante tener presente que después de más de diez años, siguen escuchándose voces que reclaman una nula intervención por parte del entonces gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto, y que hoy, como mandatario de este país, sigue arrastrando el fantasma de una represión que lo marcó como uno de los personajes más autoritarios en la historia de México.