viernes 15 de diciembre de 2017 | 04:16
Columnas

Justicia en las urnas, no en los tribunales

@CapitolioGHG dom 19 nov 2017 12:00
Vicente Fox y Felipe Calderón aflojaron las riendas, los gobernadores se les subieron a las barbas y empezó el caos.
Vicente Fox y Felipe Calderón aflojaron las riendas, los gobernadores se les subieron a las barbas y empezó el caos.
Foto propiedad de: Internet

La presidencia imperial priista era implacable con los gobernadores. Un error, un devaneo, un conflicto local e incluso hasta por “quítame allá esas pajas” bastaban para despedir al jefe político de cualquier entidad; excepto, claro, a los amigos. Acosado por la sombra del fraude electoral, Carlos Salinas defenestró a más de 15 por venganza o para legitimarse. En 2013, un juez de Nueva York condenó a 11 años de prisión a Mario Villanueva (Quintana Roo), uno de los gobernadores salinistas, por lavado de dinero; en México se le acusó también de narcotráfico. El 18 de enero fue repatriado e internado en un centro federal de rehabilitación psicosocial.

Vicente Fox y Felipe Calderón aflojaron las riendas, los gobernadores se les subieron a las barbas y empezó el caos. Fox prometió una pesca abundante de corruptos y al final entregó las redes vacías. Calderón le declaró la guerra al narco y los mandatarios locales aprovecharon no solo para afianzar sus feudos, sino, en muchos casos, para pactar con los carteles. Esa situación explica la escalada de violencia, de la cual los gobernadores culparon a Calderón; el presidente les reprochó su falta de cooperación y compromiso para combatir a la delincuencia organizada.

En la presidencia imperial los gobernadores tenían vedado aspirar a la silla del águila. Pero sin un autócrata en Los Pinos y frente a la negligencia de Fox y Calderón, las puertas se les abrieron de par en par. El ascenso de Peña Nieto a la presidencia no se explica sin un pacto de colaboración política y financiera con los ejecutivos estatales; él mismo lo había sido de Estado de México. En consecuencia, no podía fijarles límites ni actuar como fiscal, sino como defensa.

Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero —a quienes Peña presumió en su campaña como los rostros del “nuevo PRI”— propiciaron su caída por su cinismo y por abusar del poder más allá de los acuerdos de la complicidad y la solidaridad partidistas. La presión ciudadana, los medios de comunicación y las redes sociales coadyuvaron para ponerlos entre rejas. La riqueza insultante de ellos y sus familias, sus negocios y excentricidades, frente a la pobreza, el endeudamiento y la quiebra de sus respectivos estados, causaron oleadas de indignación en todo el país.

Después de ignorar las denuncias por los excesos de Duarte y Borge, el presidente ya no pudo hacer nada por ellos; tampoco por César Duarte (Chihuahua), prófugo desde el 28 de marzo. La detención del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington en Florencia, Italia, el 9 de abril por delincuencia

organizada y lavado de dinero, a pedido de Estados Unidos, encendió las alarmas en el gobierno federal por el riesgo de que otros exmandatarios corruptos fueran reclamados por la justicia norteamericana.

Javier Duarte fue detenido el 15 de abril en Guatemala y Roberto Borge el 4 de junio en Panamá antes de abordar un vuelo hacia París. El primero ya se encuentra en una cárcel mexicana, y la deportación del segundo está en proceso.

El factor decisivo no fue la voluntad política del presidente —si de la nomenclatura hubiera dependido, Borge y los Duarte estarían fuera del alcance de la ley, en algún cargo dentro del PRI o entre los futuros candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados—, sino la alternancia en los gobiernos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua. En los tres casos, la base para hacer justicia estuvo en las urnas, no en los tribunales.