Costa Rica.- La defensa de 11 mujeres ultrajadas y violadas hace 11 años durante el operativo de represión policial en San Salvador de Atenco criticó a al Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) porque ninguno de los sujetos detenidos por el caso ha sido condenado.

En la audiencia de exposición de funcionarios del gobierno mexicano y de la defensa de las víctimas, en la sede de la Corte, San José, Costa Rica, las representantes de las llamadas "Mujeres de Atenco" aseguraron que los abusos, tortura y violaciones no son un hecho aislado, sino una característica central del modelo policiaco de México. 

Afirmaron que las indagatorias de lo ocurrido ese 3 y 4 de mayo de 2006 llegaron "tarde" y que la autoridad propició un clima favorable a lo ocurrido. Además, consideraron que las diversas legislaciones analizadas y aprobadas para frenar ese tipo de abusos no han sido ejecutadas de forma eficiente. 

Por su parte, el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que hasta el momento se han imputado a 52 personas relacionadas con los hechos y que 18 de ellos se encuentran en fase de instrucción, además de que se giraron 36 infracciones administrativas y que se han recogido 200 testimonios. 

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, dijo que desde el 14 de mayo de 2013 el gobierno de México reconoció su responsabilidad internacional de lo ocurrido y que pidió disculpas por las violaciones de Derechos Humanos. 

Negó que los ultrajes fueran realizados "en un clima favorable", aunque reconoció que los policías actuaron afectados por las agresiones que sufrieron por parte de los manifestantes, que cortaron una carretera y hasta amenazaron con volar un camión de combustibles. 

Sobre las medidas reparadoras que México ofreció a las víctimas, aseguró que se otorgaron becas, ayudas sanitarias, viviendas y ayudas de formación, pero que ninguna fue aceptada por las víctimas, quienes exigen la reparación integral del daño con la exposición de la verdad, justicia y principio de no repetición. 

La situación habría generado en Texcoco y en San Salvador de Atenco una serie de acciones de apoyo de la comunidad, incluyendo el bloqueo de una carretera federal, lo que desencadenó enfrentamientos entre policías, comerciantes y sectores de la población que apoyaban a los floricultores, así como allanamientos y detenciones masivas.

Con información de EFE